Font de Mora llama "delincuente" a Noguera por decir que hubo un "autorrobo" en Ciegsa

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y la diputada socialista Ana Noguera sostuvieron ayer un agrio debate en la sesión de control de las Cortes a los consejeros del Gobierno valenciano. Noguera pidió explicaciones a Font de Mora de por qué no se ha informado del "autorrobo" en la sede de Ciegsa, del despido de una secretaria por su posible implicación en el mismo, y del "incendio provocado" en uno de los almacenes de la empresa pública. El consejero, presidente de Ciegsa, entendió que la diputada le había acusado de ambos sucesos, y la llamó "delincuente" por injuriarlo.

La sesión de control a los consejeros del Consell, que la oposición temió que se aplazara por el retraso en el debate y aprobación de la ley de archivos, vivió ayer otro episodio tenso en torno a la gestión de Ciegsa, encargada de la construcción de colegios públicos. La socialista Ana Noguera preguntó a Font de Mora por qué no informó del incendio de un almacén con material y documentación de Ciegsa, del robo en la sede de la sociedad y del posterior despido de una secretaria "por sus posibles vinculaciones con el mismo".

Noguera relató toda una lista de defectos y de interrogantes en torno a la gestión de Ciegsa: los sobrecostes en la construcción de los colegios, el impago de impuestos municipales, el informe de la Sindicatura de Comptes, la denuncia de los colegios oficiales de arquitectos, así como los ceses de directivos y cargos de confianza después de que Francisco Camps sucediera a Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat y estallara la crisis interna... Y se quejó especialmente de la falta de información a la oposición y a la opinión pública sobre el "autorrobo" en la sede de Ciegsa y el "incendio provocado" de un almacén que la firma había contratado en un polígono industrial de Alaquàs.

La parlamentaria socialista pidió a continuación al consejero representación en el consejo de administración de Ciegsa para todos los grupos de la oposición, que la Sindicatura de Comptes realice una auditoría especial de la sociedad y la comparecencia en las Cortes del secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

Font de Mora entendió, en su condición de presidente de Ciegsa, que la diputada le había imputado dos delitos y la acusó de ser "una delincuente" por haber cometido un delito de calumnia al afirmar "con difamaciones y demagogia" que el incendio en la nave de Alaquàs fue "provocado" y que el asalto que sufrió la sede fue un "autorrobo" y al respecto recalcó que los dos hechos están bajo investigación policial, el primero de oficio y el segundo tras una denuncia que presentó el propio organismo. Según el consejero, en el robo sólo han desaparecido unos 30 euros y en el incendio se ha quemado dotación escolar.

Noguera, que había agotado su turno, se levantó para pedir a la presidencia de las Cortes, que en ese momento ejercía Maira Barreiras, que el consejero retirara la descalificación y Font de Mora pidió lo mismo. Ninguno de los dos cedió y el cruce verbal quedó recogido tal cual en el diario de sesiones.

Desde el Grupo de EU-L'Entesa, el diputado Carles Arnal preguntó al consejero de Territorio y Urbanismo, Rafael Blasco, por su participación en las conversaciones previas entre el Ayuntamiento de Riba-roja y el Valencia C. F. para sacar adelante el proyecto urbanístico en Porxinos. Arnal (EU-Entesa) exigió a Blasco que se pronunciara sobre si cree o no que se está ante un "pelotazo urbanístico", que ha implicado la revalorización de terrenos; sobre si se han "resuelto" los problemas generados por los "intereses particulares" del alcalde o de familiares en el proyecto, y también se cuestionó si el consejero diferencia "dos tipos" de tratamiento en la tramitación de expedientes, uno "para los normales" y otro "para los que necesitan moralmente la ayuda del consejero". También preguntó si "facilita operaciones inmobiliarias a todos o sólo a algunos".

Blasco respondió que el PAI de Porxinos tiene una "envergadura" que "trasciende" a la operación urbanística y posee unas "consideraciones de carácter social que hay que tener en cuenta", pero garantizó que la decisión que se adopte será "cumpliendo de forma escrupulosa" la ley.