El Parlamento Europeo debatirá el modelo urbanístico valenciano

Una delegación oficial anuncia medidas legales contra la LRAU

Alicante - 01 jun 2005 - 00:00CEST

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo está dispuesta a demandar al Gobierno de España, y a la Generalitat, ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si el ejecutivo valenciano "no cambia la aplicación" de la Ley Reguladora Urbanística (LRAU). Los europarlamentarios, que recalaron ayer en Alicante y se entrevistaron con más de 150 afectados, elaborarán un informe sobre el urbanismo valenciano que se "tratará, debatirá y votará" en el Pleno del Parlamento Europeo, según anunció Michael Cashman, vicepresidente primero de la comisión.

Bruselas ha recibido hasta 15.000 quejas de propietarios afectados

Bruselas se ha tomado muy en serio las 15.000 quejas que por escrito han llegado firmadas por otros tantos pequeños propietarios de fincas y terrenos que entienden que se han vulnerado sus derechos fundamentales al amparo de la LRAU.

Una delegación de cuatro europarlamentarios y otros altos funcionarios se desplazaron ayer hasta Alicante para "averiguar" sobre el terreno los supuestos abusos urbanísticos que sufren estos afectados. El Parlamento Europeo sólo organiza cada año cuatro viajes cómo éste, y en escasas ocasiones, como en ésta, repiten. Ya que otra delegación de europarlamentarios se desplazó a la Comunidad Valenciana en mayo de 2004 para elaborar un primer documento. Como consecuencia de este primer informe, en abril Bruselas abrió un expediente infractor contra el Gobierno de España por la falta de transparencia y de competencia en la adjudicación de los planes urbanísticos aprobados en las comarcas valencianas. La Comisión Europea amonestó a España y concedió un plazo de dos meses para que se defendiera, aunque nadie ha presentado alegaciones.

El vicepresidente de la comisión de Peticiones del Parlamento, el británico Michael Cashman, dijo ayer en Alicante que exigirán una respuesta por parte de las autoridades, tanto del Gobierno como del Consell, y "si no se produjera la comisión tiene potestad para demandarles ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo". La eurodiputada francesa, Janelly Fourtou, será la encargada de elaborar un informe con todas las quejas recibidas y con las reuniones que mantendrán durante su visita. Este informe se trasladará al pleno del Parlamento Europeo, integrado por 632 diputados, que "debatirá, tratará y votará" sobre los abusos urbanísticos que se han cometido con la aplicación de la LRAU.

El vicepresidente advirtió a las autoridades españolas que si no aplican medidas correctivas para que la nueva legislación defienda los intereses de los propietarios "tanto el Parlamento como la Comisión tomarían nota de ello y podrían emprender medidas". La misión de este segundo viaje, según Cashman es que las autoridades competentes "respondan" y modifiquen la legislación.

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Charles Svoboda, presidente de Abusos Urbanísticos No (AUN), explicó, durante la inauguración del encuentro con los afectados, que la LRAU va en contra del derecho de la propiedad y podría vulnerar los derechos humanos y falta de transparencia y de competencia en la adjudicación de planes urbanísticos. Según explicaron los europarlamentarios, los afectados a título individual podrían emprender acciones legales ante el Tribunal de Estrasburgo que vela por los derechos humanos.

Los afectados llegaron masivamente de todas las comarcas alicantinas para criticar la vorágine urbanizadora que al amparo de la LRAU aplican los ayuntamientos, entre otros citaron los de Novelda, Aspe, Sant Joan, Llíber o Parcent. Los propietarios expusieron ante la comisión de europarlamentarios sus puntos de vista. La mayoría de ellos denunció la falta de información y transparencia en el proceso urbanizador, "cuando los afectados nos enteramos es cuando tenemos la excavadora en casa", comentó uno de ellos. También advirtieron de la plena sintonía entre las empresas y los ayuntamientos que, con independencia de su color político, aprueban nuevos PAI y criticaron el escaso valor del suelo expropiado que ofrecen los promotores. Para muchos la moratoria urbanística es la solución.

Blasco asegura que los votos avalan su política

La visita de una nueva delegación de europarlamentarios dispuestos a investigar el urbanismo que se aplica en la Comunidad Valenciana inquietó ayer a los dirigentes del PP.

El consejero de Territorio y Vivienda fue el encargado de contestar a las críticas de los propietarios. Rafael Blasco dijo que las quejas sobre alguna actividad urbanística "son muy respetables" pero indicó que los "votos avalan la política urbanística" del Gobierno valenciano, del PP. Blasco, que se reunirá el jueves en Valenciana con los miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presumió de que la política urbanística del Consell es "modélica y referente nacional e internacional" e indicó que lo que ha hecho el gobierno del PP es "corregir y superar todas las deficiencias" que habían hecho los socialistas con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

El máximo dirigente del urbanismo subrayó que el ejecutivo valenciano está "encantado con la visita de los eurodiputados", ya que, según dijo, van a conocer la "calidad del urbanismo y su planificación" que en la Comunidad Valenciana es "de las mejores de Europa". Blasco, al ser preguntado en Valencia, sobre las 15.000 quejas que han llegado a Bruselas sobre supuestas irregularidades urbanísticas, dijo que no sabe si esa cifra "son muchas o pocas" pero recordó y destacó que éstas deben tener "base jurídica". Blasco insistió en que en términos de "pura ortodoxia democrática, está claro que cuando los ciudadanos refrendan mediante el voto determinadas políticas ése es el mejor barómetro para medir la salud democrática y la gestión de las distintas administraciones públicas". Y en ese sentido enfatizó en que en democracia "no hay mejor barómetro para saber el comportamiento de los ciudadanos y la adhesión o no a determinadas políticas que cuando llega el momento de votar".

Por su lado, el presidente de la Federación de la Construcción en la provincia de Alicante (FECIA), Ramón Jerez, que se reunió por la mañana con los europarlamentarios, criticó a la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) y manifestó su disconformidad "con el cuento infantil que están haciendo unos señores sobre la ley valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)". A su juicio, los miembros de la plataforma AUN "están haciendo una propaganda en contra de la Comunidad porque tiene un desarrollo envidiable económicamente", a la vez que indicó que "no van a permitir que éstos vayan en contra del contexto empresarial".