"Impulsaremos que haya más familias de acogida sin fines adoptivos"
Lleva poco más de un año al frente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, una de las apuestas de esta legislatura. Micaela Navarro (Andújar, 1956) dice sentirse "encantada" con su responsabilidad, aunque admite que es muy compleja. "Aquí las competencias siempre afectan de forma directa a personas". El pasado viernes, dos días después de esta entrevista, recogió el primer premio que concede Unicef a una comunidad autónoma por su política de menores, una política que también ha tenido episodios polémicos.
Pregunta. ¿Qué cuestiones han llevado a la Junta a lograr esa distinción?
Respuesta. Se premia cómo se hacen aquí desde hace años las políticas de infancia, las medidas que hemos tomado y vamos a seguir tomando: por ejemplo, a partir de septiembre vamos a impulsar el acogimiento de menores en desamparo por familias. Es también un premio a las políticas de cooperación. Hace poco se nos dio el Premio Reina Sofía por un programa que la Junta y el Hospital Virgen de Macarena estamos desarrollando en Ecuador para recuperar niños con daños cerebrales. No son cosas aisladas, es un premio al conjunto de iniciativas.
"El informe de la Cámara de Cuentas sobre mayores fue muy desafortunado"
"El acogimiento temporal nos da más margen para trabajar con la familia del menor"
P. ¿Cómo se va a impulsar el acogimiento de menores en desamparo por familias? ¿Con ayudas económicas?
R. Cuando se declara en desamparo a un menor, lo primero que intentamos es que esté con su familia extensa, con sus abuelos o sus tíos. Si el problema para que puedan ser acogidos por la familia extensa es económico, no hay problema, tenemos un presupuesto de cuatro millones de euros para que pueda estar con su familia extensa. Si eso no es posible, se intenta con una familia acogedora, que tienen que cumplir con unos requisitos y si los cumplen, en unos casos se les da ayuda económica, en otros ni siquiera es necesario.
P. ¿Por qué se va a impulsar este modelo?
R. Hay menores que desde el primer momento está claro que no van a volver a su familia, y entonces se considera que pueden ser adoptados. Pero hay otros menores que tienen que salir de las familias por circunstancias coyunturales. En esos casos hay que proteger al menor y trabajar mientras con su familia. Y lo mejor es tenerlo en un medio lo más normalizado posible. El objetivo es, primero, resaltar esa cantidad de familias acogedoras que están colaborando. Hay más de 2.000 familias que tienen en su casa a un menor sin más fin que tenerlo acogido el tiempo necesario, sin fines adoptivos. Y seguimos necesitando más familias para que los niños estén en ese entorno normalizado.
P. Los conflictos entre la familia biológica y la Junta surgen muchas veces cuando se da a los menores en acogimiento preadoptivo, ¿se trata de evitar eso?
R. Ser familia de acogida, en este caso, significa que en ningún momento se ha planteado adopción, nada que ver. Quiero separar ambas cosas, hay familias de acogida que han tenido varios menores y saben que sólo lo tienen para un tiempo. Hay que tener esa posibilidad, ya que los tiempos entre la decisión administrativa sobre el desamparo y las resoluciones judiciales no están acompasados. Esta modalidad te da más margen, tienes más tiempo para ver si la decisión administrativa es ratificada por un juez o para comprobar si cambian las circunstancias de la familia, tienes más tiempo para trabajar con la familia. Menos en aquellos casos en los que está rotundamente claro que el niño no puede volver.
P. Hay situaciones de conflictividad que llegan demasiado lejos, como el caso de los menores del Polígono Norte, fugados de un centro, ¿es sólo cuestión de diferencias de tiempos con la justicia? ¿Por qué hay mas casos conflictivos en Sevilla?
R. La repercusión en la prensa de los casos negativos no la podemos controlar. ¿Por qué más en Sevilla? No creo que haya una razón especial, quizá porque sea una provincia con más población. Lo que es cierto es que en los menores un año, dos años de conflicto es mucho tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un ámbito de actuación y el ámbito judicial es otro. Pero también le digo una cosa: estoy totalmente segura de que si algunos expedientes los pudiese enseñar no saldrían en la prensa algunas noticias.
P. Pero la dilación de la justicia es grave, porque son los garantes de las resoluciones administrativas.
R. Yo admito que en la administración podemos cometer errrores. Hay que agilizar la justicia, eso es clave. Pero insisto en que lo que vemos en los medios es lo que sale mal, no nos quedemos con una foto de un desastre. Se ha avanzado también en el ámbito judicial, hay decisiones que se resuelven en su momento.
P. Cada vez llegan más menores inmigrantes a la costa. ¿Cómo se está afrontando eso?
R. Para la mayoría de esos menores inmigrantes no acompañados, Andalucía sólo es la puerta de entrada. Pero al ser menores, la ley de extranjería dice que tenemos que tutelarlos, son tus hijos. Los convenios internacionales prohiben las repatriaciones, salvo cuando tienes toda la garantía de que vuelven con la familia. La situación es bastante fuerte, ayer llegaron 19, hoy 13, podemos hablar de un número muy importante de menores en los centros. Por eso, cuando salen informaciones de que en centros de acogida, en el momento que llegan los menores, hay 35 en vez de los 20 que hay habitualmente.., pido a la sociedad y a los medios que entiendan, no podemos dejarlos en la calle, que entendamos la complejidad del asunto.
P. Esos niños pueden ser expulsados a los 18 años si no tienen trabajo o algún tipo de permiso, lo que alienta las fugas de los centros, ¿qué hace la Junta ante esta situación?
R. Lo que se está detectando en estos momentos es que cada vez son más niños, más pequeños. Somos consciente de que después de pasar un tiempo aquí, cuando cumplen los 18 años, van a afrontar una situación distinta, ¿qué pasa, otra vez vas a la calle? Nosotros insistimos en la formación y la educación, y estamos apoyando ahora centros para inmigrantes ex tutelados, donde se les dé formación y orientación laboral para que consigan un empleo.
P. ¿No cree que no se reconoce lo suficiente las necesidades económicas de Andalucía para financiar servicios por ser frontera?
R. Por primera vez, la política de inmigración tiene presupuesto para estas cuestiones, se ha creado un fondo para las comunidades autónomas, aunque todavía es muy insuficiente. Además, en esto planificar es más difícil, el año pasado tuvimos más niños en Motril que en Algeciras, y muchos recursos estaban en Algeciras porque siempre ha sido la puerta de entrada.
"Reservaremos el 1% de los empleos a discapacitados intelectuales"
Pregunta. La semana pasada se celebró Discap en Sevilla. Allí, las asociaciones de discapacitados lamentaron la dificultad para acceder al mundo de trabajo
Respuesta. En los últimos años se ha dado un paso importante con los centros especiales de empleo, con subvenciones a empresas para facilitar la contratación, con el logro de reservar el 5% de los puestos de trabajo en las contrataciones públicas. Ahora estamos intentando lograr que un 1% se reserve de forma específica a los discapacitados intelectuales. Muchas veces es la exclusión del sistema educativo y formativo la que determina su exclusión del mundo del trabajo. Eso se va corrigiendo con los más jóvenes en el sistema educativo, donde la incorporación es plena. La Consejería de Empleo está elaborando un plan de empleabilidad para personas con discapacidad, que va a ahondar en las necesidades específicas de formación.
P. Dijo en aquel foro que se habían eliminado muchas barreras físicas, algo que contrasta con la realidad de muchas ciudades.
R. Si vas por la calle, desde luego te das cuenta de que queda muchísimo por hacer, pero en los últimos diez años ha habido un gran avance. Que hay centros públicos que todavía no son accesibles es una realidad, que la conciencia que hay en este momento, el compromiso y el presupuesto asignado a la eliminación de barreras existe ahora, es también una realidad.
P. ¿Cuando se eliminarán las barreras en todos los centros públicos?
R. Hay un compromiso específico en el plan integral de discapacidad, que termina en 2006. Y ahí nos daremos cuenta de cuántas cosas se hacen, aunque falte mucho. Y hay también un compromiso del Estado, por el que en 2010 deberían estar eliminadas todas las barreras de centros públicos, aunque es plazo se alargó después a 2015.
P. No quería dejar de preguntarle por el reciente informe de la Cámara de Cuentas sobre las residencias de mayores concertadas, que detectó incumplimientos en la normativa y reflejaba que sólo hay 18 funcionarios para inspeccionarlas.
R. Hay que separar las cuestiones que no se ajustan a la norma, pero que son menores y puedes dar un plazo para resolverlas, nada que ver con cuestiones que pongan el peligro la integridad del mayor. Entiendo que lo de la Cámara de Cuentas es desafortunado, porque hablaban de un informe de 2003 y la inmensa mayoría de las cuestiones a las que se referían estaban subsanadas y no tuvieron en cuenta nuestra información. Fue muy desafortunado. Hacen falta más inspectores, pero en el plan de inspección prevé que este año se visite el 100% de los centros. Lo que yo pido por activa y por pasiva es la colaboración de la familia para detectar a las residencias piratas.
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