El fiscal acusa a dirigentes de Unió de ordenar la malversación de Turismo

La fiscalía asegura que dirigentes de Unió Democràtica (UDC), "que no han podido ser identificados", dieron indicaciones a Joan Cogul, director del Consorcio de Turismo de Cataluña, para que entre los años 1993 y 1995 sustrajese fondos públicos que pudieron servir para financiar al partido democristiano o para lucrarse personalmente.

El fiscal de delitos económicos Fernando Rodríguez Rey también sostiene que esos mismos dirigentes políticos compraron el silencio de Joan Cogul, y de su esposa, Carme Fargas, y que, por ese motivo, les abonaron 100.000 pesetas (unos 600 euros) durante unos meses para que no explicasen las presiones que estaban recibiendo cuando en 1998 la fiscalía ya investigaba los hechos y se había planteado el debate político en el Parlamento de Cataluña.

La fiscalía realiza estas afirmaciones en su escrito de conclusiones definitivas presentado ayer en la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que desde hace semanas está juzgando la supuesta malversación de un millón de euros del Consorcio de Turismo. El resto de las acusaciones también presentaron ayer sus escritos. Los delitos que se imputan pudieron cometerse a través del encargo por parte de Cogul a amigos o militantes de UDC de informes copiados sobre el sector turístico.

En el banquillo se sientan 12 personas acusadas de prevaricación, malversación y falsedad. Inicialmente, el fiscal solicitaba para ellos penas que oscilaban entre los nueve y los cinco años y medio de cárcel, aunque finalmente ha rebajado sus peticiones de forma considerable para casi todos ellos después de que reconociesen los hechos y devolviesen el dinero malversado.

Joan Josep Queralt, el abogado contratado por la Generalitat de Cataluña para ejercer la acusación particular, es mucho más duro en su escrito y asegura que en la época de los hechos se produjo en el Departamento de Turismo "un tenebroso cuadro de desidia y corrupción" y que la malversación de fondos públicos acabó siendo "un sistema de financiación ilegal" de Unió. En su opinión, se trataba de una trama que era "vox populi" en el partido, por lo que considera "del todo inadmisible" la declaración prestada en su día en el juicio por el testigo Josep Sánchez Llibre, asegurando que en los órganos de dirección nunca se discutió este asunto.

Unió emitió ayer un comunicado en el que califica como "una falta de respeto al tribunal" que las partes hagan públicos sus escritos de acusación a través de los medios de comunicación y entiende que eso facilita un juicio paralelo y demuestra la "instrumentalización política" del caso. UDC también censura la "hiperactividad" del consejero Josep Huguet en este caso frente a la "parálisis" del tripartito y reitera "por enésima vez" que Unió "no tiene relación ni vinculación con el caso Turismo".

Iniciativa per Catalunya Verds, que también ejerce la acusación en el caso, recuerda en su escrito que la mayoría de los beneficiarios por las concesiones tenían en común su militancia en el partido democristiano, mientras que el letrado de la acusación Manuel González Peeters es el más demoledor de todos. Al margen de reclamar penas de hasta 20 años de cárcel para algunos de los acusados, el abogado califica de "golfos apandadores" a los dirigentes de Unió, censura "el saqueo del erario público" y constata "el olor a podredumbre que desprende con gran generosidad" lo que ha aflorado en el juicio. El abogado entiende que al dinero malversado se le dio un "proscrito y bastardo uso particular".