La capital estrena su primer debate sobre el estado de la ciudad

Al hacer el balance de sus dos primeros años de mandato, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se sintió obligado el martes a pedir "perdón" a los ciudadanos por soportar las obras abiertas en toda la ciudad. Reconocía así, por primera vez con tanta claridad, su responsabilidad en una de las situaciones que más preocupan y molestan a los ciudadanos y que han provocado uno de los desgastes más serios que sufre el regidor desde que llegó al Ayuntamiento.

Ése será seguramente uno de los asuntos que hoy trate el pleno municipal, que debate por primera vez el estado de la ciudad. Aunque, más que debatir, lo que harán los grupos es exponer opiniones, pues cada portavoz sólo dispone de 15 minutos para intervenir. En sus discursos, Manuel Cobo (PP), Trinidad Jiménez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) dejarán patente que lo único en lo que están de acuerdo es en el apoyo a la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012. Pero sobre Madrid hay otras conversaciones en la calle.

LAS OBRAS La mayor oposición vecinal

Cada día coinciden en las calles de la capital 800 zanjas abiertas por las compañías de agua, luz, gas o teléfono para reparar averías (más de 9.000 al año) o realizar nuevas acometidas de servicios. Esas obras no son exactamente responsabilidad del gobierno municipal, pero a ellas se han sumado este año las de los grandes proyectos de infraestructuras iniciados por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón y por las otras dos administraciones, la Comunidad de Madrid -que está ampliando la red de metro- y el Gobierno central -que construye un segundo túnel ferroviario Atocha-Chamartín y una macroestación ferroviaria en la Puerta del Sol-. Todos esos proyectos juntos ha hecho cundir entre los ciudadanos la sensación de que caminar sin sortear obstáculos y entre el atronador sonido de las máquinas o conducir sin tener que dejar sitio a las grúas es ya imposible en Madrid.

El alcalde ha inaugurado este año su primer túnel, el de Cuatro Caminos, y ha iniciado la construcción de dos más: la ampliación del de O'Donnell y la creación de uno paralelo al de Pío XII. Pero a eso hay que añadir los dos principales pasos subterráneos incluidos en la reforma de la M-30: un túnel de seis kilómetros para soterrar la carretera bajo el Manzanares y otro de cuatro kilómetros para crear un atajo bajo tierra alternativo al nudo sur. Ambos se han iniciado en los primeros meses de 2005. Un tercer túnel, gemelo del bypass sur, pero para el tramo norte de la M-30, ha quedado aparcado a la espera de que arranque la Operación Chamartín.

La reforma de la M-30, el proyecto más emblemático de Ruiz-Gallardón, pasó de los papeles al terreno, con el desembarco de las máquinas y el inicio de los desvíos de tráfico, el pasado octubre. Desde entonces, no hay debate entre los grupos políticos que no haga referencia a él, y, paralelamente a ese enfrentamiento de partidos, ha ido creciendo una oposición vecinal que pide la paralización del proyecto en distintas partes de la ciudad, pero que el PP considera minoritaria.

Hace una semana, entre 1.500 y 2.000 personas respondieron a la convocatoria de más de 20 organizaciones, respaldada por PSOE e IU, y marcharon en manifestación desde la Puerta del Sol hasta la Casa de la Villa. Unos protestaban por las salidas de humos que se van a colocar en algunos tramos de la carretera soterrada; otros, por la desaparición de árboles (la obra obligará a talar 9.000 ejemplares, aunque Medio Ambiente asegura que se repondrán 90.000); otros, porque la M-30, renovada, "atraerá más tráfico al centro"; y algunos más porque temen que la construcción de los túneles afecte a los cimientos de sus viviendas.

Esa manifestación culminó meses de movilizaciones y protestas, que abanderaron desde un principio los residentes de la avenida de Monforte de Lemos, en el norte, y cuyo relevo han asumido en las últimas semanas los vecinos del parque de Tierno Galván, en Arganzuela, al suroeste. La Concejalía de Urbanismo siempre ha respondido lo mismo: las obras de la M-30 "crean molestias", pero cuando terminen (teóricamente, en 2007), los atascos serán menos y los ciudadanos habrán recuperado el río, hoy encajonado entre coches, para su disfrute.

A pesar de eso, en estos meses Urbanismo ha tenido que modificar tres proyectos de obra por la presión vecinal o la de los expertos: primero retiró y rehízo el proyecto del túnel de la calle de Sor Ángela de la Cruz porque amenazaba un acueducto protegido, el de Amaniel, que data de 1857. Ese hecho fue denunciado por IU, y Urbanismo admitió que no se había dado cuenta y rectificó.

En enero, la concejal Pilar Martínez afirmó que se iba a modificar también una de las obras menores del tramo norte, junto a la glorieta de Salvador Maella, para alejar de las casas los carriles de tráfico; y en marzo asumió las quejas de los vecinos de la calle de O'Donnell y anunció que alargaría en 130 metros el nuevo túnel, para alejar la boca de entrada de la avenida de Menéndez Pelayo y evitar así el caos de tráfico que temían los residentes.

EL TRÁFICO Cortes en 80 vías

La circulación siempre ha sido complicada en la capital, a la que cada mañana se desplaza una gran parte de los dos millones de personas que viven en otros municipios de la región, muchas de ellas en coche. En los dos últimos años, la situación ha empeorado a consecuencia de las obras, que ocupan las calzadas y obligan a desviar el tráfico. Hasta el punto de que el Ayuntamiento ha tenido que poner en marcha este año un servicio para informar cada semana de cómo afectarán las diferentes obras a la circulación.

En el mes de mayo está previsto que 80 vías de las 12.000 que hay en la capital sufran cortes, estrechamientos y desvíos, entre ellas algunas tan importantes como la calle de O'Donnell, la avenida de Pío XII, la calle de la Princesa, la de Costa Rica, la glorieta de Embajadores, la de Atocha, la Puerta del Sol o la M-30.

Basta para hacerse una idea de la situación con tomar cualquier día el parte de incidencias del centro de control de tráfico del Ayuntamiento. El de la mañana de ayer indicaba problemas de circulación en la avenida de América y la Cuesta de San Vicente, retenciones en el norte del Paseo de la Castellana, cortes en la plaza de Pirámides, circulación lenta entre el puente de los Franceses y Legazpi y entre éste y el puente de Vallecas, así como circulación lenta en Alcalá a la altura de Ventas, en José Abascal, en el paseo de la Castellana a la altura de la plaza de Gregorio Marañón y entre el paseo del Prado y el de Recoletos.

A ello se suma que, desde el año pasado, el uso del coche en el centro es más problemático, al haberse extendido a 87.000 plazas de 30 barrios de la almendra central el sistema de estacionamiento de pago (con parquímetros); la intención del Consistorio es seguir ampliando esa red. Sin olvidar que ya está cerrado al tráfico privado todo el barrio de Las Letras y está en estudio extender esa restricción al barrio de los Jerónimos, Chueca y, como se anunció ayer, a la plaza de Callao y el tramo de Preciados que la une con Santo Domingo.

IMPUESTOS Y DEUDA Un debe de 2.100 millones

Tras la subida de impuestos aplicada por Ruiz-Gallardón en sus primeros presupuestos municipales, los de 2004, en su segundo año optó por congelar los principales tributos (como el polémico IBI) y subir, a cambio, la tasa de la grúa y las tarifas de los parquímetros, aunque, según el Ayuntamiento, esos precios siguen siendo más bajos que, por ejemplo, los de Barcelona. Introdujo, además, un cambio normativo para que los hipermercados o centros de ocio, grandes instalaciones deportivas y edificios de oficinas de mayor valor catastral paguen un 60% más de IBI que el resto de los inmuebles de la ciudad, incluidas las viviendas.

Lo que el ciudadano de a pie (más bien de a volante) ha notado más es la subida de los parquímetros y de la grúa, pero el debate político ha girado en torno a otro aspecto de la política financiera del alcalde: el aumento espectacular de la deuda municipal -que alcanza ya los 2.100 millones de euros- por la obra de la M-30, la más cara acometida nunca por un ayuntamiento en España (4.000 millones de euros a pagar en 35 años). Ese proyecto ha obligado al Consistorio a pedir a los bancos el mayor crédito de su historia a través de una empresa, Madrid Calle 30, que ahora es 100% pública pero que antes del verano cederá un 20% del capital a un socio privado.

La oposición acusa a Ruiz-Gallardón de hipotecar a una generación de madrileños para realizar sus obras faraónicas y recuerda que, según el último informe del Banco de España, Madrid es la ciudad más endeudada de España en términos absolutos (2.125 millones de euros). El concejal de Hacienda, Juan Bravo, replica que la deuda por habitante (686 euros) sigue siendo más baja que las de Valencia, Barcelona y Zaragoza, pero admite que eso podría cambiar cuando compute el préstamo de la M-30 el año próximo.

LEY ESPECIAL Más dinero

Este año ha irrumpido en la política municipal un debate nuevo que se prolongará durante meses: la negociación de la Ley Especial para Madrid, a través de la cual Ruiz-Gallardón quiere reclamar al Gobierno central algunas competencias (principalmente en materia de seguridad y mayor capacidad normativa sobre tributos municipales) y, sobre todo, más dinero, aumentando su participación en los impuestos de IRPF, IVA e impuestos especiales recaudados en la capital (al igual que reclama Barcelona).

Esa pretensión ha enfrentado al alcalde con los grupos de oposición -que se quejaron de que hubiera elaborado un primer borrador del proyecto de ley sin hablar con ellos- y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que temió que el Ayuntamiento intentara restarle poder.

Finalmente, el pleno municipal creó una comisión en la que PP, PSOE e IU discuten el tema y, paralelamente, Ayuntamiento y Gobierno regional intentan limar los puntos del borrador que más conflicto han generado. Pero el objetivo del alcalde, esto es, que la ley de Madrid se apruebe al tiempo que la Carta de Barcelona, parece difícil de alcanzar.

POLÍTICA SOCIAL Aumentan las prostitutas

"Mi calle es la más segura de Madrid, pero también la que tiene más prostitutas de Europa", aseguraba ayer César Torquemada, presidente de la Asociación de vecinos y empresarios de Montera y aledaños. Esta zona del centro de la capital, junto a la Casa de Campo, la zona de Cuzco y Capitán Haya, el paseo de Camoens o el polígono de la colonia Marconi, en Villaverde, ha sido el emplazamiento tradicional del comercio sexual de la capital.

A su llegada al gobierno municipal, el equipo de Ruiz-Gallardón anunció como medida estrella de su política social un plan de choque para erradicar la prostitución en estas zonas y sacar de la calle a miles de meretrices, en su mayoría inmigrantes sin papeles. El plan está basado en el acoso a los clientes y proxenetas mediante la presencia policial en la calle de la Montera y el cierre al tráfico de la Casa de Campo.

La medida ha resultado poco eficaz. Los vecinos resaltan que el comercio del sexo no sólo no ha desaparecido de las calles, sino que se ha aglutinado en determinadas zonas. Pero además, según denunció este año la ONG Médicos del Mundo, ha aumentado el número de prostitutas en la capital: ya son en torno a unas 1.500, cuando en 2003 eran 1.400.

VILLAVERDE Del olvido a la inseguridad

Los incidentes xenófobos que siguieron hace casi un mes a la muerte de Manuel G. C., de 17 años, un vecino de Villaverde que fue acuchillado por un joven dominicano, han revelado el abandono por parte de las instituciones que padece la zona sur de Madrid. Villaverde es sólo el exponente de una situación que se repite en todo el sureste, según denuncian los grupos de la oposición (PSOE e IU).

Con 144.000 habitantes, este distrito es uno de los más deprimidos de la capital, con grandes carencias económicas (9% de paro y una de las rentas más bajas de la ciudad), educativas (altos índices de absentismo y fracaso escolar) y sociales. Además, el 18% de los vecinos es inmigrante -con un crecimiento anual del 35% frente al 21% de media madrileña-, lo que ha complicado la convivencia en el barrio. Los distritos vecinos no difieren mucho en las cifras.

Aunque hasta ahora Villaverde sólo ha recibido propuestas para solucionar los problemas de inseguridad -como el plan de coordinación de la policía municipal y nacional-, los vecinos reclaman inversiones sociales: "Queremos que el Ayuntamiento ponga sobre la mesa el dinero que va a invertir en Villaverde", le han dicho al alcalde y al edil de Seguridad, Pedro Calvo, al analizar sus problemas.

Pero el equipo de gobierno pide también la participación, con inversiones, de las otras dos administraciones: Comunidad y Ejecutivo central. El delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, tiene su propia tesis:

"Cuando interviene la policía es porque hemos fracasado como sociedad".