Los procesados niegan el incendio de dos viviendas en un barrio gitano de Almoradí
La sección séptima de la Audiencia Provincial en Elche inició ayer el juicio contra seis personas acusadas del lanzamiento de piedras y el incendio de dos viviendas en una barriada gitana de Almoradí. Los hechos que se juzgan ocurrieron en mayo del año 2000, con motivo de unos altercados racistas que se produjeron tras el crimen de un joven. Un grupo de vecinos organizó una manifestación hacia una barriada habitada por personas de etnia gitana. La marcha acabó con el lanzamiento de piedras a las casas y el incendio de dos de estas viviendas, en las que residían los familiares del detenido por el crimen, que ya ha sido condenado por este delito. En el banquillo se sentaron ayer 6 acusados para los que la fiscal pide 16 años para cada uno. Se les acusa de incendio y desórdenes públicos.
Los seis acusados por los incidentes negaron que incendiaran dos viviendas de esa barriada, aunque admitieron su participación en la manifestación. Según el fiscal, los inquilinos de las dos viviendas incendiadas, un total de 13 personas, nueve de ellas menores de edad, huyeron por los tejados y algunos manifestantes colocaron barricadas para impedir el acceso de los camiones de bomberos al lugar.
Cuatro de los seis procesados, José Antonio N., Pedro H., José Antonio C. y Alfonso G., se negaron a contestar a las preguntas de la fiscal y tan sólo respondieron a las de sus abogados para reiterar que no intervinieron en el incendio de las casas, aunque reconocieron que asistieron a la manifestación. Un quinto encausado, Juan José A., afirmó al ministerio público que no participó en la manifestación, mientras que el sexto acusado, Pedro G., confirmó que sí estuvo en la protesta, pero que tan sólo acudió al lugar de los hechos a colocar un ramo de flores por la muerte, tres días antes, del joven agredido con un arma blanca. Este procesado también alegó que está tomando medicación por padecer una alteración mental.
Los abogados defensores pidieron la libre absolución de sus patrocinados al considerar que no hay pruebas para incriminarlos en la quema de las viviendas, según explicó el letrado Pedro Bermúdez.
