Hernando rechaza los consejos judiciales como el pactado para Valencia

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, reiteró ayer en Oviedo que los consejos de justicia autonómicos "quiebran la unidad del Estado", en alusión a la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que introduce esa posibilidad. Vocales del sector progresista recordaron que dicha reforma fue consensuada por el PSOE y el PP y rechazaron el discurso "conservador e inmovilista" de su presidente.

Al término de un pleno celebrado en Oviedo, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando, se refirió a la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, acordada el martes entre el PSOE y el PP, que deja la puerta abierta a la creación de un Consejo de Justicia con competencias autonómicas en el caso de que, en un futuro, una reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial lo permita.

Según Hernando, el Poder Judicial "es único y es el único de los tres poderes que se ejerce con plenitud en todo el territorio nacional porque el Poder Judicial, como facultad que tienen los jueces de juzgar y de ejecutar lo juzgado, es una facultad derivada de la soberanía del Estado, que no se puede trocear ni compartir si no es fraccionando o quebrando la unidad del Estado".

El presidente del Consejo aseguró que, en su opinión, la vía de los consejos autonómicos "no sería factible desde un punto de vista constitucional, dado que tiene un carácter único y no se respetaría con estos órganos de gobierno en cada comunidad".

Vocales del sector minoritario y progresista del Consejo rechazaron este discurso del presidente y subrayaron que la institución "no puede sustraerse a la España de las autonomías".

La vocal del sector progresista Montserrat Comas explicó que hace tiempo se viene reflexionando sobre la necesidad de descentralizar la Justicia y adaptarla al Estado de las autonomías. "Lo que se plantea es que como alternativa a las actuales salas de gobierno haya consejos territoriales de composición mixta de jueces y juristas, nombrados por los Parlamentos autónomos para descentralizar parte de las competencias del Consejo General del Poder Judicial".

"Esto no produce ninguna quiebra ni fractura", prosiguió Comas, "porque algunas de nuestras competencias pueden descentralizarse". A título de ejemplo, la consejera citó algunos asuntos encomendados a la Inspección de Tribunales, las sanciones por faltas judiciales leves y los recursos contra decisiones de los jueces decanos: "Es que ahora, como algún juez recurra la decisión de su decano sobre el reparto de las plazas del parking, tenemos que resolverlo entre los 20 vocales del Consejo".

El vocal del mismo sector Juan Carlos Campo añadió que lo que es "inevitable" es que la Justicia necesita adecuarse al Estado de las Autonomías. "El sistema tal y como está ahora no funciona, porque el modelo está bastante agotado. También es preciso intensificar las funciones del Tribunal Supremo", agregó.