Impotencia

La inseguridad ciudadana y el consiguiente alarmismo no son buenos consejeros para el negocio turístico -ni para ningún otro, obviamente- y, sin embargo, es pasmosa la cantidad de noticias que dan fe de una y justifican el otro en gran parte del litoral, especialmente en las comarcas centrales y del sur. Teníamos la impresión de que, después de un espectacular y casi impune despliegue de la criminalidad por las aludidas zonas, la delincuencia organizada había atenuado su acoso, quizá para disfrutar de un bien ganado periodo vacacional. Pero, al parecer, poco dura la alegría en casa del desarmado y las mafias han vuelto por sus fueros, con una impresionante cifra de hechos delictivos. Más de 2.200 en tres meses ha contabilizado la secretaria general del PP, Adela Pedrosa.

No ha de extrañarnos que ante este acoso, al que se suma la sensación o certidumbre de desamparo, los vecindarios damnificados o amenazados -en La Marina o la Vega Baja, pero no solo en estas comarcas- se organicen en patrullas que evocan el somatén -de tan antiguo arraigo- y delatan, al mismo tiempo, el fracaso del Estado como garante de la seguridad civil y monopolista de la violencia legítima. Una estampa ésta, la de ciudadanos nacionales o extranjeros convertidos en gendarmes a su pesar, que no ha de resultar muy lisonjera para atraer turistas o nuevos residentes. Una estampa que puede agravarse, incluso de manera irreversible, si cunde el miedo y el mercado de armas, con las previsibles consecuencias letales.

Pero no cedamos al pesimismo. El hecho de que las policías locales de algunos municipios se coordinen a fin de mejorar su eficacia denota que las autoridades, las municipales, al menos, se han tomado en serio el desafío de los criminales y han enmendado una laguna -la descoordinación policial- que, ingenuos como somos, creímos colmada desde siempre. El nuevo dispositivo ya se ha cobrado alguna pieza, queremos decir algún ladrón. Lo malo es que, como está demostrado, los guardias suelen ir siempre detrás de los malos, y no sólo metafóricamente, sino en punto a recursos técnicos y humanos. Confiemos que el gobierno central tome las medidas adecuadas para que estas ventajas y ramalazos mafiosos no se conviertan en una endemia, como ya apuntan en más de una ciudad costera.

Como era de esperar, a la derecha le ha faltado tiempo para poner a caldo al Gobierno, olvidando que el PP no lo hizo mejor cuando fue responsable de la seguridad ciudadana de esta comunidad. Incluso lo hizo peor o igual a lo sumo, como se le ha recordado oportunamente, siendo delegado de Gobierno quien hoy es presidente de la Generalitat. El problema, pues, no es de ayer y resulta temerario endosarle las culpas al prójimo, cuando tan escandalosos son ciertos déficit gubernativos que se constatan en otras escalas, no homologables a la gran delincuencia, pero igualmente expresivas de la común incompetencia en la materia.

Unos botones de muestra, de los cientos que podríamos exhumar: la dirección general de Interior de la Generalitat es incapaz -hemos de suponer, solo suponer, que no es cómplice- de acabar con el desmadre que aturde a los vecinos de El Romaní (Sollana) causado por una discoteca con patente de corso. O el Ayuntamiento de Alicante, genuflexo y vencido ante el imperio del botellón. O la derrota de todos los alcaldes que son y han sido ante los desmanes acústicos que nos retrotraen a la barbarie. Faltan medios, cierto, y también, más a menudo, voluntad política.