Absueltos tres activistas de Greenpeace que protestaron contra la guerra

Satisfacción, aunque incompleta, en Greenpeace. Era la primera vez que la organización se enfrentaba a penas de prisión en España y, a su juicio, ha salido bien parada. De 12 años de prisión que en principio pedía el fiscal para cinco de sus activistas que se manifestaron contra la guerra de Irak, a bordo del buque Rainbow Warrior, en aguas de la base militar de Rota (Cádiz), el juez sólo condena al capitán, Daniel Rizzotti, a seis meses de cárcel, y al voluntario Philip Walter, a pagar una multa de 60 euros.

"Es una victoria del movimiento ciudadano contra la guerra", declaró ayer el abogado de los pacifistas, José Manuel Marraco, tras conocer la sentencia. El letrado hacía referencia no sólo a los millones de ciudadanos que en aquellos días (el Rainbow Warrior fue abordado el 14 de marzo de 2003, dos días antes de la cumbre de la Azores) se manifestaban contra la guerra de Irak, sino a las 88.440 personas que se han autoinculpado, firmando debajo de la frase "yo también me manifesté contra la guerra de Irak, yo también quiero ir a la cárcel con Greenpeace".

Sin embargo, es una victoria parcial porque la ONG no ha conseguido la absolución de todos los activistas, como solicitó en el juicio celebrado el 10 de mayo en el Juzgado número 1 de Cádiz. En la vista, el fiscal, Juan Bosco, rebajó la petición inicial de 12 años de cárcel a un total de casi nueve años de prisión. Tres de ellos para el capitán por los delitos de desobediencia y resistencia grave. Finalmente, el magistrado titular del juzgado, Juan Coloma, le ha condenado a seis meses de prisión por el primer delito. "Se ha probado", afirma la sentencia, que fue requerido por la Guardia Civil y el juzgado de Rota para que "abandonase con su buque la zona de seguridad de la base y no cumplió dicha orden". Rizzotti manifestó telefónicamente desde Italia sentirse "un poco insultado" con la condena. "Cuando miles de ciudadanos se manifestaron contra la guerra, incluso invadiendo zonas prohibidas, no es apropiada una sentencia de esta magnitud". Aun así, manifestó sentirse "satisfecho" porque tiene "la absolución de todo el pueblo".

Para el neozelandés Philip Walter el fiscal solicitó dos años de prisión por el delito de resistencia grave. La sentencia afirma que "se ubicó en el pasillo" que conducía al camarote del capitán "con la finalidad de impedir el paso a los agentes". Si bien, el juez indica que esta resistencia fue de "escasa efectividad" y la considera falta contra el orden público, castigándole a pagar una multa de 60 euros.

En cuanto al español Carlos Bravo, responsable de Energía y Desarme de Greenpeace en aquel momento, el fiscal le acusaba de agredir a dos agentes. Pero, debido a las "contradicciones" de los siete guardias civiles que declararon en el juicio, de los que sólo uno afirmó con rotundidad haber visto a Bravo empujar una pesada trampilla que daba acceso a los camarotes, el fiscal le absuelve de este delito y del de resistencia. Cabe la posibilidad, dice la sentencia, "de que la trampilla [que hirió a los guardias] cayese accidentalmente" en el asalto al puente de mando donde se encerraron los activistas.

Bravo dormirá a partir de ahora "mucho más tranquilo". La acusación, "completamente falsa" del guardia civil [que le incriminó] le había dejado "hundido", según confesó ayer. "No tiene ningún sentido acusar a miembro de Greenpeace de una actitud violenta a no ser que se trate de incriminar a la asociación", aseguró. Los otros dos activistas enjuiciados son la española Teresa Ambrós y el estadounidense Lawrence Martin, quienes, a bordo de dos lanchas, intentaron colocar sendas pancartas en una barrera flotante. El juez les absuelve -el fiscal pidió nueve meses de prisión- porque ninguno conducía la lancha y, por tanto, "no dominaban el hecho de obedecer o no a los agentes".

Greenpeace estudia recurrir la condena de Rizzotti a pesar de que lo más probable es que no vaya a la cárcel porque "el tribunal suele acordar en penas de este tipo la remisión de la condena", a juicio de Marraco. Aunque la petición de seis meses les parece "desproporcionada", el delito de "desobediencia contra una guerra ilegal es parte del trabajo de Greenpeace", afirmó el director ejecutivo de la ONG, Juan López. El juez aclara en la sentencia que no se trataba de enjuiciar ni a Greenpeace, "cuya labor es encomiable" ni la legitimidad de la guerra de Irak.