_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Marabunta

Hay zonas de la ciudad de Castellón donde las farolas se encienden cada noche y cada mañana se apagan para iluminar el trazado de unas calles sin edificaciones ni vecinos. Son tierra conquistada por la prepotencia de los agentes urbanizadores a golpe de programas de actuación integrada (PAI). En otros tiempos, se construían casas donde no había ni calles, ni alumbrado, ni alcantarillado. Ahora, se urbanizan miles de metros cuadrados donde todavía no hay edificios, con una avasalladora ocupación del territorio de aspecto fantasmal. La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) ha dado el instrumento más poderoso a los promotores para su insaciable conquista de suelo sin que nadie, desde un Consell completamente autista, se sienta obligado a hacer algo, aunque sólo sea en nombre de la decencia y el decoro. Las facilidades para la depredación son tales que se pierden hasta los contornos del sentido común. El sábado pasado, por ejemplo, la junta de accionistas del Valencia aprobó sin pestañear una operación consistente en comprar terrenos a precio de campos y venderlos para urbanizar con un 60% de ganancia (cien millones de euros de beneficio, más o menos) gracias a que el presidente del club de fútbol, el constructor Juan Soler, negoció con el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, la reclasificación del paraje de Porxinos. Ya resulta escandaloso que la LRAU facilite con tanta contundencia y tan poco esfuerzo a los grandes promotores el mordisco urbanístico en áreas previamente destinadas por el planeamiento a esos usos. Pero que lo haga también con terrenos cuyo destino hay que cambiar mediante una decisión política supera lo asombroso. Dicho de otro modo, si la maniobra de ese pelotazo es legal, urge modificar las leyes, por lo menos para preservar las decisiones políticas de los municipios de una corrupción que, encima, se jalea en los medios como un negocio "brillante". La marabunta urbanizadora, a todo lo largo y ancho de la geografía valenciana, levanta un rugido pavoroso que sólo se niegan a oír los cínicos y los gobernantes mientras las farolas se encienden cada noche y se apagan cada mañana sobre calles fantasmas en Castellón.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_