Sin competencias sobre Vandellòs

El Gobierno de la Generalitat no ha adoptado ningún acuerdo sobre la avería detectada el pasado mes de agosto en la central nuclear Vandellòs II, el mayor incidente de la industria nuclear catalana desde el que en octubre de 1989 causó el cierre de la vecina planta atómica Vandellòs I.

Hasta hoy, en la reacción del tripartito se contabiliza la intervención de tres consejeros, a preguntas de los periodistas, y la una respuesta parlamentaria a la diputada de ICV Dolors Comas.

El consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà (ICV), fue el primero en hablar y recordó que Cataluña no dispone de competencias en la vigilancia de las centrales nucleares, exigió conocer de primera mano los detalles del incidente y dio órdenes a su departamento de extremar los controles alrededor de la central. El titular de Industria, Josep Maria Rañé (PSC), aseguró a principios de abril tener la certificación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de que las nucleares catalanas son seguras.

Y el primer consejero, Josep Bargalló (ERC), pidió la participación de la Generalitat en un futuro en el CSN.

La reacción más dura llegó de Tarragona, donde el delegado de la Generalitat, Xavier Sabaté (PSC), exigió a finales de abril la dimisión de la presidenta del CSN por negligencia en el control del sistema de refrigeración de Vandellòs II. Sabaté subrayó que pidió esta dimisión exclusivamente a título personal.

Josep Maldonado, diputado de CiU en el Congreso, considera que estas actuaciones "son insuficientes" y que el Ejecutivo catalán debería haber pedido explicaciones al más alto nivel. Maldonado cree que el tripartito tendría que solicitar al ministro José Montilla "que acuda a la Generalitat a informar" y argumenta que si el Ejecutivo autónomo no ha reaccionado con contundencia, ha sido para evitar un nuevo enfrentamiento entre el PSC, ERC e ICV, que mantienen posturas distintas en torno a la cuestión nuclear.

El esbozo de plan de la energía en el que trabaja el tripartito fija por primera vez en España una fecha concreta, a partir de 2024, para el cierre de las nucleares. Maldonado considera que el futuro Estatut debería recoger la cuestión nuclear como competencia exclusiva de la Generalitat y cree en la necesidad de tener un órgano catalán de vigilancia "consorciado" con el Gobierno central. El diputado de CiU era delegado de la Generalitat en Tarragona en 1989, cuando ocurrió el accidente en los transformadores de Vandellòs I que supuso su cierre, y echa en falta que algún responsable del Ejecutivo catalán haya estado "al pie del cañón" siguiendo los trabajos de reparación en la propia central, como hizo él hace 16 años.

Fuentes del Gobierno catalán puntualizan que en todo momento ha habido comunicación directa entre el Departamento de Industria y el Ministerio de Industria, y que Rañé ha contado siempre con información de primera mano.

La Generalitat no tiene competencias en materia nuclear, pese a albergar en su territorio tres complejos atómicos en activo (Vandellòs II, Ascó I y Ascó II). Su participación se limita a una red de control radiológico en los alrededores de las citadas plantas y a la elaboración y gestión del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona.

La respuesta ante el incidente de Vandellòs II supone, a juicio de la oposición, una oportunidad perdida para poner en práctica el espíritu del nuevo Estatut; es decir, para ejercer más autogobierno.

Precisamente esto es lo que reclama el diputado ecosocialista Joan Herrera: que la Generalitat ponga el debate sobre la cuestión nuclear en primera línea. Herrera e ICV han hecho del incidente de Vandellòs II su caballo de batalla en el Congreso, donde han negociado con el PSOE una reforma en profundidad del Consejo de Seguridad Nuclear.