Toda la oposición exige explicaciones sobre los centros de menores extranjeros

Toda la oposición en las Juntas de Guipúzcoa (PSE, PP, EB y Aralar) exigieron ayer explicaciones a las diputadas de Política Social, Esther Larrañaga, del PNV, y Derechos Humanos, Mari Carmen Marín, de EA, sobre la crisis de los tres centros de menores extranjeros. La baja médica de toda la plantilla, desbordada por las agresiones y la saturación de las instalaciones, obligó la pasada semana a su cierre parcial.

Hace ya tiempo que los 27 educadores encargados de atender a los menores inmigrantes no acompañados venían quejándose de las condiciones en las que trabajan ante la Diputación, que tiene conveniado el servicio con Cruz Roja. Los empleados denuncian la sobreocupación de los centros y la existencia de una política social que no tiene en cuenta los distintos perfiles de los chicos. A ello suman las "continuas agresiones y amenazas" que sufren tanto ellos como algunos menores por parte de otros acogidos.

La pasada semana no aguantaron más y uno a uno fueron pidiendo la baja. Los dos centros de acogimiento de urgencia, ubicados en Hondarribia y Urnieta y dependientes de Derechos Humanos, así como el centro de acogimiento residencial, radicado en Martutene y adscrito a Política Social, tuvieron que cerrar sus puertas, como explicaron los monitores el jueves. El lunes se reabrieron las instalaciones de Urnieta y Martutene, pero sólo para pernoctar, de 21.00 a 9.00, y con trabajadores contratados por Cruz Roja a través de ETT.

Todos los grupos de la oposición en las Juntas Generales reclamaron ayer explicaciones sobre esta situación. El PSE, PP y EB pidieron formalmente la comparecencia de Larrañaga y Marín ante las Juntas, aunque esta solicitud se cruzó con la demanda que hicieron las propias diputadas para explicarse ante la Cámara foral.

A la espera de esa comparecencia, que se dará la próxima semana, la Diputación se limitó a señalar a través de un comunicado que, en estos momentos, atiende a 26 menores extranjeros no acompañados, de los que 14 están ya bajo su tutela y el resto, en acogimiento de urgencia. Y ante la baja médica de los 27 educadores, asegura que está en contacto con Cruz Roja para "seguir garantizando la prestación del servicio en su totalidad".