Los ponentes del Estatut aceleran la elaboración de la reforma

Por Sant Joan, segunda lectura del proyecto de Estatut. Ésa es la intención de los portavoces de los cinco grupos parlamentaria que redactan la reforma. Ayer se constituyeron en "grupo de trabajo" para preparar la cumbre del 11 de junio convocada por el presidente Pasqual Maragall para desbloquear los desacuerdos registrados en la primera lectura del proyecto y elaboraron un calendario de reuniones que pretende culminar la segunda lectura el 23 de junio. Hasta finales de agosto quedaría todavía el debate en comisión y en el pleno del Parlament. Pese a los esfuerzos negociadores, los propios ponentes creen que algunos desacuerdos no se resolverán hasta el último día.

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, afirmó ayer que la reunión del martes entre Maragall y el líder de CiU, Artur Mas, ha despejado el camino para "la recta final que ha de llevar al acuerdo político" sobre la propuesta de reforma del Estatut que presentar en las Cortes. Saura recordó que el Gobierno siempre ha estado dispuesto a negociar con CiU para alcanzar un acuerdo sobre la financiación, uno de los aspectos de la reforma capaz de bloquear todo el proceso.

Los "10 o 12 desacuerdos relevantes" que según Saura han surgido en la primera lectura del proyecto de reforma son "superables" en la negociación que en las próximas semanas ha de desarrollarse en el Parlament y en la cumbre de los cinco líderes. Son los siguientes: 1. La oposición de CiU y el PP a que el Estatut incluya un capítulo de derechos y deberes relativos a las materias que son competencia de la Generalitat; 2. La definición de la competencia exclusiva también como "excluyente", a la que se oponen el PSC y el PP; 3. El distinto tratamiento que CiU y los tres partidos de la izquierda quieren dar a la Administración local en el Estatut; 4. El carácter vinculante o no para la posición del Gobierno español ante la Unión Europea de los informes de la Generalitat en los asuntos que son de su competencia exclusiva; 5. El papel de la comisión Estado-Generalitat; 6. La intervención de la Generalitat en los nombramientos para el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; 7. La negativa del PP a aceptar el deber de conocer el catalán; 8. El rechazo de CiU y el PP a definir la enseñanza pública como laica; 9. La introducción del concepto y el modelo de administración única, que implica la asunción por la Generalitat de todos los servicios de la Administración periférica del Estado, y 10. La reforma de la financiación de la Generalitat, para la que hay tres propuestas distintas: una del Gobierno catalán, una de CiU y una del PP.

Saura se mostro optimista sobre la posibilidad de cumplir el calendario previsto y de que, por tanto, el Parlament pueda aprobar el proyecto a finales de julio. También expresó su confianza en superar los rechazos con que la propuesta catalana ha sido acogida en algunos medios políticos españoles y por algunos gobiernos autónomos. "Estoy convencido de que muchas de nuestras propuestas serán incorporadas a las reformas de otros estatutos, como ya está empezando a ocurrir en los de Andalucía, Valencia y otros", afirmó.

De forma simultánea al trabajo de la ponencia parlamentaria se desarrolla la negociación entre los partidos y entre Gobierno y oposición. Están programadas reuniones del consejero de Economía, Antoni Castells, y del propio Saura, con el líder del PP catalán, Josep Piqué.

El Gobierno tiene previsto también incrementar las gestiones para explicar a las demás comunidades la propuesta sobre financiación de la Generalitat que se incluirá en la reforma del Estatut. El primer consejero, Josep Bargalló, viajará los días 14, 15 y 16 de junio a Andalucía para entrevistarse con su presidente, Manuel Chaves, y otros dirigentes, con la finalidad de explicar esta propuesta.