326 millones para desarrollar Soria y frenar el descenso de su población

El Consejo de Ministros aprobó ayer un plan especial para Soria con el objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia, tanto desde el punto de vista social como del económico. El plan tiene como objetivo único frenar la pérdida de población de la provincia, para lo cual propone un conjunto de actuaciones que faciliten su desarrollo y la generación de empleo. Soria es la provincia menos poblada de España, con 91.652 habitantes, según el censo de 2004, en una extensión de 10.301 kilómetros cuadrados, lo que la convierte además en uno de los territorios más despoblados de la Unión Europea, con 8,9 habitantes por kilómetro cuadrado, muy alejada de los valores medios de España (83,6) y la UE (116).

Las actuaciones del plan aprobado por el Gobierno se estructuran en los siguientes ámbitos: uso sostenible de los recursos naturales; fomento de la I+D y la sociedad de la información; mejoras en infraestructuras; incremento de los equipamientos sociales e inversión en educación y cultura. El coste total de las inversiones previstas para el cuatrienio 2005-2007 se eleva a 326 millones de euros.

Penas de trabajos

El Ejecutivo también aprobó durante su reunión de ayer un real decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, la suspensión de las privativas de libertad y las medidas de seguridad para condenados exentos de responsabilidad criminal.

El real decreto reglamenta la reforma del Código Penal que en 2003 suprimió la pena de arresto de fin de semana y creó la de localización permanente. En el caso de los trabajos en beneficio de la comunidad, el control judicial estará a cargo del juez de vigilancia penitenciaria en lugar del juez o tribunal sentenciador, como hasta ahora. Para el cumplimiento de la pena de localización permanente, atribuye al centro penitenciario la elaboración de su plan de ejecución y el control de su cumplimiento. Por lo que se refiere a la suspensión de penas privativas de libertad, serán los servicios sociales penitenciarios los encargados de elaborar el plan de cumplimiento.

El Gobierno acordó también presentar un requerimiento de incompetencia al Ejecutivo vasco en relación con dos resoluciones sobre la adjudicación por concurso de un contrato para la construcción de dos tramos de la nueva red ferroviaria en Guipúzcoa.