Can Serra y la Diputación de Barcelona

Estos días se han cumplido 18 años de la inauguración de la actual sede de la Diputación de Barcelona, un conjunto integrado por un moderno edificio, obra de los arquitectos Federico Correa y Alfonso Milá, y por otro edificio de planta antigua acertadamente restaurado y rehabilitado con la finalidad de albergar la presidencia. Este edificio es el que se conoce con el nombre de Can Serra.

Los edificios, al igual que las personas, son testigos de eventos y en ocasiones son protagonistas de circunstancias relevantes, a veces con vidas nada pacíficas, rodeadas de persistentes polémicas.

A esto hay que añadir las evocaciones, los significados y la simbología que hayan podido inspirar en su realización al arquitecto autor del proyecto. Después de todo, los edificios, como las personas y las leyes, sin perder sus características, tienen su propia vida, es decir, su destino.

Can Serra es un ejemplo emblemático de lo que comentamos, tanto por sus características arquitectónicas, que lo sitúan en el modernismo con vinculaciones en la Renaixença cultural, como por la personalidad de su arquitecto, o por la polémica que desató durante casi 25 años.

Su autor fue Josep Puig i Cadafalch, arquitecto singular, además de político relevante. Como arquitecto, se le considera el último modernista dotado de una gran sensibilidad; como político, fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona, cargo desde el que promovió actuaciones urbanísticas importantes de enlaces con los municipios incorporados, de servicios de saneamiento, etcétera. Fue diputado a Cortes por Barcelona y diputado provincial de la Diputación de Barcelona, y coadyuvó de manera decisiva a convertirla en una entidad de fomento de la cultura catalana. Finalmente, su carrera política culminó al ser elegido presidente de la Mancomunidad de Cataluña, como sucesor del fallecido Enric Prat de la Riba (1907), desde donde promovió numerosos y notables proyectos, entre los que cabe mencionar la creación de la Oficina de Estudios Jurídicos, precedente de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. Si se tuviera que hacer una síntesis, podríamos decir que tuvo dos grandes preocupaciones: Cataluña y la cultura.

Can Serra ha sido, como se verá, protagonista de distintos avatares y de algunas coincidencias por razón de su arquitecto, por las inquietudes que produjo y por haber representado en un determinado momento uno de tantos intentos de especulación por la vía de la descatalogación de edificios de relevancia histórico-artística.

Dicho edificio no llegó a ser ocupado por sus propietarios, que lo vendieron en el año 1908 a la congregación religiosa de Santa Teresa de Jesús, la cual lo destinó a la docencia. En 1966 se proyectó su venta, pues ocupaba un lugar privilegiado de extraordinario valor: los chaflanes Diagonal-Rambla de Catalunya-Còrsega. Sin embargo, para la operación resultaba indispensable la exclusión de la finca del Catálogo del Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad, en el que se hallaba incluida, desde 1962, en atención precisamente a su valor arquitectónico y a la personalidad del autor del proyecto.

Tal pretensión motivó la incoación, en 1966, de un complejo y polémico expediente cuyas secuelas jurídicas se prolongaron hasta 1995 y que tuvo permanentemente como telón de fondo la exclusión de dicho catálogo y la solución urbanística de la zona.

No falto al deber de sigilo si digo, después de más de 35 años, que la primera parte de aquel expediente dio lugar a muchas incidencias y a algunas notables recomendaciones, sorprendentemente incorporadas en el expediente, entre las que figuraba una carta de Nicolás Franco, hermano del entonces jefe del Estado. Por otra parte, todas las declaraciones municipales eran favorables a la descatalogación.

En 1968, siendo alcalde José María de Porcioles, el Ayuntamiento en pleno adoptó el acuerdo de exclusión del catálogo, apartándose del informe emitido por el letrado consistorial, desfavorable a dicha pretensión por falta de motivación. Es decir, por no quedar debidamente justificadas las causas de la exclusión, pues si había unos motivos objetivos para la inclusión, se debía justificar que éstos habían desaparecido, que había mediado error en aquella decisión o que habían variado los criterios de la inclusión.

Movimiento ciudadano

El dictamen causó a su autor más de un problema. Dicho acuerdo propició una reivindicación ciudadana y una activa campaña de prensa en la cual tuvo una eficaz participación el Colegio de Arquitectos. Aquella situación, con el paso de los años y la intervención de los tribunales y de diversas administraciones, fue modulando posibles alternativas urbanísticas que terminaron con el mantenimiento de la catalogación del edificio y la concesión de una licencia de obras en 1981, situación que se consolidó posteriormente a partir de su adquisición por la Diputación de Barcelona.

En la actualidad, cuando -cada día- paso por delante de Can Serra, pienso que Puig i Cadafalch, hombre además con clara sensibilidad jurídica, difícilmente podría haber imaginado que su edificio tendría por destino albergar la sede de la presidencia de la Diputación de Barcelona y prestar de esta forma un nuevo servicio a la institución con la cual tanto colaboró; igualmente, cuando leo en la placa conmemorativa ubicada con honor en el zaguán de dicho inmueble: "Salvada de l'enderrocament per l'opinió pública, fou adquirida per la Diputació de Barcelona el 1985 per instalar-hi la seva seu", pienso que algo tuve que ver en ello como letrado consistorial autor de aquel dictamen.

Josep-Enric Rebés Solé es presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña