El PSPV considera ilegal el acuerdo de Porxinos porque Tarazona es incompetente para firmarlo

El PSPV calificó ayer de "fraude" el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Riba-roja, del PP, el Valencia y la Consejería de Territorio y Vivienda para la ejecución del Plan de Actuación Integral (PAI) de Porxinos, un gran proyecto urbanístico trazado por el presidente del club de Mestalla, Juan Soler, para liquidar la deuda del equipo: 120 millones de euros. El grupo socialista considera que el convenio vulnera la normativa y acusa al alcalde de Riba-roja de "engañar" a los ciudadanos al venderle al Valencia a precio de vivienda protegida el 10% de la parcela que le corresponde por ley.

Los socialistas acusan a Tarazona de venderle al Valencia a precio de VPO el 10% del terreno

En el valle de Porxinos, ubicado entre el paraje protegido de Les Rodanes (Vila-marxant) y el monte de El Frare, se construirán 2.800 viviendas y una nueva ciudad deportiva para el Valencia. Eso será cuando las administraciones municipal y autonómica aprueben el PAI, cuya versión original, la presentada por la empresa Litoral del Este, constituida por Soler, sufrió modificaciones tras la intervención del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco.

El PSPV alega que el convenio suscrito por el Consell, el ayuntamiento ribarrojense y el Valencia "incumple la normativa urbanística vigente". Según el grupo socialista, se han acordado "un conjunto de compromisos entre la Administración Autonómica y la empresa Litoral del Este con carácter previo a la conclusión del procedimiento", práctica "ilegal" en la que ha intervenido el alcalde popular de Riba-roja, Francisco Tarazona, "incompetente" para la firma del acuerdo por sus intereses en la operación: el PAI incluye una parcela de su madre que todavía, según el PSPV, no ha sido eliminada del proyecto, que afecta a casi 170 hectáreas del valle de Porxinos, un terreno de protección agrícola.

El grupo socialista acusa a Tarazona de "engañar" a los ciudadanos al vender al Valencia a precio de vivienda protegida el 10% de los 577.963 metros urbanizables que le corresponde por ley, "cuando podía haber conseguido muchos más beneficios para la población". El PSPV se atiene a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que recoge que todos los municipios de más de 10.000 habitantes deben contar con un 10% de VPO. En las alegaciones al convenio presentadas por el grupo socialista, que cuenta con siete concejales en Riba-roja, frente a nueve del PP, se cuestiona la actuación de Tarazona: "El Ayuntamiento ha vendido por 5,4 millones lo que podía haber vendido por 20".

Para el PSPV, la habilidad negociadora del alcalde ribarrojense está en entredicho al haberse comprometido a destinar gran parte de los ingresos que obtendrá el Ayuntamiento, 20.734.918 euros (3.450 millones de pesetas) a construir la línea de metro que comunicará con el aeropuerto de Manises, cuando, según asegura el portavoz de los socialistas de Riba-roja, "ese gasto es competencia autonómica".

Entretanto, el diputado de Esquerra Unida-Els Verds Carles Arnal afirmó ayer que Soler "no es presidente del Valencia por amor a los colores, sino por sus intereses especulativos". "Con el PAI de Porxinos", agrega Arnal, "se pretende utilizar la coartada de una entidad como el Valencia para dar unos pelotazos de grandes dimensiones al mismo tiempo que se beneficia económicamente a algunas autoridades locales y se arrasa un paraje natural". El representante de EU-Els Verds considera "conveniente" que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se pronuncie sobre Riba-roja.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, reivindicó ayer respecto al proyecto que "lo importante es que las cosas se hagan como se están haciendo, dentro de la ley, y desde luego respetando el interés general de los ciudadanos".

Campos señaló en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que no tiene "ninguna duda" de que esa actuación, "si se desarrolla, se hará dentro de esos parámetros", y consideró vital que ese desarrollo contribuya "al interés general de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y en especial de esta zona".

Sobre las críticas de los socialistas valencianos a esta iniciativa, Campos lamentó que se haya hecho alguna "afirmación absurda, absolutamente carente" de rigor, y consideró que se pueden hacer "frases más o menos ingeniosas, pero en ningún caso ajustadas a la realidad".