Una nueva oportunidad

Manuel Amaya, de 50 años, lucha desde hace cinco meses por recuperar una vida normal junto a su mujer y sus hijos. Una resolución judicial le separó de cuatro de sus hijos, de 7, 8, 11 y 15 años el pasado 30 de noviembre de 2004. Ese día, la Junta de Andalucía, que había pedido la orden de retirada de los niños por "desamparo", ganó la primera batalla en los tribunales. La juez de familia encargada del caso dio la razón a la administración autonómica y en la sentencia señaló que los menores "carecen de un entorno familiar normalizado y cohesionado, no tienen una supervisión adecuada y su vida transcurre en la calle la mayor parte del tiempo". Lo paradójico es que desde que se dictó esa sentencia, tres los menores han cumplido a rajatabla lo escrito por la juez: tras fugarse en diciembre pasado de los centros de acogida, ni van al colegio, ni llevan una vida familiar normal y matan el tiempo libre en la calle o encerrados en una casa.

Mientras sus hijos se esconden de la policía, Manuel Amaya ha reformado la vivienda dónde antes vivía junto a ellos. Ayer, la enseñó con modestia. "No es un palacio pero se puede vivir en ella", afirmó. Recién pintada y limpia, la vivienda cuenta con tres habitaciones, cocina, salón y comedor y nada tiene que ver con lo que se habían encontrado los funcionarios de la Junta de Andalucía la última vez que la pisaron. Según el expediente de la Junta, el piso, situado en una de las calles más conflictivas del Polígono Norte de Sevilla, era "inhabitable". Ayer se podía definir como una casa normal. Una situación que ha cambiado gracias a los donativos de particulares, entre ellos los de su abogado José Antonio Bosch, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. La reforma de la casa se ha realizado para que la Junta vea que la familia hace todo lo posible por recuperar a los menores, según el abogado. Bosch reprochó a la administración que desde que los menores se fugaron, "sólo ha habido una reunión entre la Junta y aunque llegamos al acuerdo de que se iba a hacer un traje a medida para los niños y poco a poco se iba a normalizar la situación, cuando íbamos a firmarlo, se echaron para atrás". Desde ese acercamiento, que se produjo en febrero, ninguna de las partes implicadas ha conseguido volver a sentarse para hablar de los menores que están en la calle. Por eso

Manuel Amaya y su letrado pidieron ayer que a la administración se vea que se han realizado esfuerzos y que se intente llegar a un acuerdo para que los menores recuperen la normalidad porque la situación, al igual que la casa, señaló Bosch, "ya no es la misma y ha cambiado". Como también ha cambiado la vida de Manuel Amaya. Penúltimo de 14 hermanos de una familia humilde, nació en Triana hace 50 años. Empezó a trabajar como vendedor ambulante, después se fue al campo sevillano, más tarde recaló en Málaga y finalmente regresó a Sevilla. En la capital andaluza conoció a Manoli, con quién convive desde hace más de 20 años. Después de tres años de noviazgo, tuvieron su primer hijo, Raúl. Manuel no oculta que su pareja es toxicómana aunque señala que eso no le ha impedido que se ocupe de los hijos y recalca que "ella ha sido una de las que más se ha empeñado en arreglar la casa". Tras Raúl, tuvieron cinco hijos más y comenzaron los problemas de la pareja. En el año 2000, les retiraron la custodia de Jazmín, cuya foto estaba ayer colgada en el salón de la casa, aunque Manuel Amaya lleva sin verla desde que está en una familia de acogida. La retirada de la niña coincidió con los peores años de la pareja. Manuel pasó tres años en la cárcel y Manoli uno y medio, por delitos de tráfico de drogas. Durante el tiempo que estuvieron en la cárcel, los demás hijos de la pareja (los tres que ahora están escondidos, otro que está a cargo de su tía y una tercera que está en un centro de acogida en Carmona), vivieron con su abuela, la madre de Manoli, y con su tía. En 2003 la Junta decretó una orden de desamparo y comenzó una batalla legal que, aunque todavía no ha terminado, ha provocado que tres de los menores luchen desde la calle.

El hijo mayor de la pareja, Raúl, contó ayer por la tarde que estaba "harto" de la situación. "Mis amigos me llaman el perdío", bromeó. "Estoy durante el día encerrado en casa y después me voy por ahí cuando es más de noche", señaló. A Raúl se le van los ojos detrás de las motos y sueña con tener una. No comprende la situación y con rebeldía juvenil afirma que "yo lo que quiero es que me dejen en paz". Su letrado ha apelado su caso y el de sus hermanos en la Audiencia Provincial de Sevilla.