La Junta rechazará las modificaciones del PGOU de Benalmádena hasta que Bolín inicie su revisión

En los dos años que han transcurrido desde la aprobación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Ayuntamiento de Benalmádena ha planteado 25 modificaciones puntuales de elemento. Ante esta situación, que convierte en normal una medida excepcional, la Junta apercibirá al equipo municipal del independiente Enrique Bolín para que acometa la revisión de su planeamiento, sin tramitar nuevas modificaciones hasta entonces. Algunas de estas variaciones han sido impugnadas ante el TSJA, al entender que suponían alteraciones sustanciales en los usos del suelo urbano.

El PGOU vigente en Benalmádena recibió la aprobación de la Consejería de Obras Públicas hace apenas dos años, en marzo de 2003. Desde entonces, el Consistorio ha planteado 25 modificaciones, excesivas según fuentes de la Junta, que mantiene un control exhaustivo sobre el municipio costasoleño desde que en 2001 no le renovase las competencias delegadas en Urbanismo, aunque más tarde se las restituyera.

Siete de estas modificaciones están actualmente en trámites en la Delegación Provincial de Obras Públicas. De las restantes, diez afectan a la ordenación estructural del municipio, por lo que su aprobación definitiva compete a la Junta. De ellas, cinco han sido aprobadas y las otra cinco denegadas. Las otras ocho modificaciones son de detalle, y por tanto, competencia municipal, aunque requieren de un informe no vinculante de la Junta. En este caso, cinco han sido informadas favorablemente y otras tres desfavorablemente.

Ante este "permanente y continuo acto de modificación de su plan, que es muy reciente", el servicio de Urbanismo propondrá en la próxima Comisión Provincial de Urbanismo que se aperciba al equipo de gobierno de Bolín a acometer la revisión de su plan, al igual que están haciendo la mayoría de municipios del litoral. Desde la Junta admiten que puntualmente surjan "necesidades u oportunidades" que requieran variar el planeamiento, "pero no de forma reiterada y sistemática".

Las modificaciones municipales incluyen actualizaciones en los usos, cambios en la edificabilidad de zonas y sectores, en la ordenación de la edificación o en la tipología, "cuestiones con trascendencia en el ordenamiento urbanístico del municipio". Esta alteración constante de un plan que obliga al Ayuntamiento despierta dudas, en opinión de la Junta, de que "se esté haciendo un desarrollo urbanístico racional y que fue aprobado".

Muchas de estas modificaciones están entre los acuerdos impugnados por la Consejería de Obras Públicas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al entender que suponen alteraciones sustanciales en los usos del suelo urbano, competencia autonómica. Entre ellas, se encuentra el acuerdo del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para el desarrollo de cinco manzanas en la urbanización Torrequebrada, que aumentaba la edificabilidad del sector en más del doble de lo establecido en el PGOU. Aquí precisamente se localizan las dos licencias concedidas por el alcalde con informes contrarios de los técnicos municipales, que han motivado la apertura de diligencias de investigación por la Fiscalía por los presuntos delitos urbanístico y de prevaricación.

Antes de la entrada en vigor de la actual Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada en diciembre de 2002, la Junta retiró las competencias delegadas en materia de Urbanismo a Benalmádena por las irregularidades detectadas, al igual que en Marbella, Torremolinos y Rincón de la Victoria.