El PSOE quiere que Andalucía participe en el Constitucional, el Banco de España y el CGPJ

El PSOE andaluz defiende en su propuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía que se reconozca "el derecho" de Andalucía a "participar en los procesos de designación" de magistrados del Tribunal Constitucional, de consejeros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los órganos reguladores de carácter estatal, entre ellos, el Banco de España. Así figura en el documento que el líder del PSOE y presidente de la Junta, Manuel Chaves, dará a conocer el próximo jueves en Carmona (Sevilla). El texto incluye también principios "orientadores" sobre el sistema de financiación autonómica en el que se defiende el criterio de la población, también la inmigrante, como "esencial" para fijar la participación en los ingresos del Estado.

Los socialistas andaluces han terminado el documento de propuesta elaborado por un grupo asesor integrado por 25 personas y al que el pasado jueves dieron el visto bueno miembros del Gobierno andaluz y del PSOE tras celebrar una maratoniana reunión en los despachos del grupo socialista en el Parlamento.

Por fin, el PSOE de Andalucía ha puesto negro sobre blanco sus propuestas para la reforma estatutaria que presentará Manuel Chaves, después de una reunión de su ejecutiva en Carmona, localidad sevillana cargada de simbología autonómica ya que en su parador nacional se redactó el Estatuto actual.

Uno de los apartados más significativos de la iniciativa socialista se refiere al Título V del Estatuto sobre las Relaciones del Estado y con otras comunidades autónomas. La propuesta supone no sólo una revisión en toda regla de este capítulo, empezando por su denominación, al añadir también las relaciones internacionales, sino que establece una nueva regulación con el Estado, la Unión Europea, Marruecos, Portugal y Gibraltar, la colonia británica que ni siquiera se cita ahora en la norma estatutaria.

Según el texto al que ha tenido acceso este periódico, los socialistas proponen en cuanto al proceso de información y comunicación con el Estado que "la Junta de Andalucía participe en el proceso de elaboración de Tratados y Convenios internacionales que afectan a materias de su específico interés".

Lo más novedoso se refiere a los siguientes aspectos:

- Participación en instituciones del Estado. El documento afirma que "se debe reconocer el derecho a participar en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como de los órganos reguladores de carácter estatal, mediante los procedimientos que establezca la legislación del Estado". Aunque no se especifica a qué órganos alude, fuentes socialistas señalaron, entre otros, el Banco de España, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. La propuesta andaluza es idéntica a la que envió el Instituto catalán de Estudios Autonómicos al Parlamento de Cataluña para el debate en ponencia.

- Fronteras. Los socialistas andaluces también defienden que el papel de la comunidad autónoma en el concierto internacional "requiere" que el futuro Estatuto "recoja, en primer lugar, nuestra condición fronteriza y, en segundo lugar, una mención expresa a los Estados del norte de África como fronteras naturales del territorio andaluz". Esta mención, aseguran, también debe hacerse a Iberoamérica y a la región mediterránea.

La propuesta afirma que se "ha de contemplar la participación" de Andalucía "en los órganos mixtos de colaboración del Estado español con los países fronterizos, especialmente Marruecos y Portugal" y "reconocer su capacidad" para proponer iniciativas "de colaboración" con los países vecinos.

- Gibraltar. A partir del marco de política de vecindad de la UE, el PSOE andaluz sostiene que "se aplicará a Gibraltar mediante el establecimiento de mecanismos de colaboración para la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos y el desarrollo de políticas comunes. Con tal fin", afirman, "el Estatuto debe prever la posibilidad de la firma de convenios entre la Junta de Andalucía y las autoridades de Gibraltar".

- Unión Europea. No hay ni una línea en el Estatuto de 1981 sobre el ordenamiento autonómico con el europeo. Conscientes de este déficit, la iniciativa del PSOE propone fijar estatutariamente la participación de Andalucía "en los procesos de decisión en las instituciones de la Unión Europea, directamente o a través de la representación del Estado, en defensa de sus intereses", un criterio que ahora depende de la voluntad política del Gobierno central de turno. "En particular", subrayan, "se garantizará" la presencia de la comunidad "en la representación española en el Consejo de Ministros de la Unión cuando se traten asuntos de su exclusiva competencia".

En este apartado también se incluye "el derecho a instar al Estado español el ejercicio de acciones ante el Tribunal de Justicia Europeo" en defensa de los intereses de Andalucía, una posibilidad ahora vetada. En cuanto a la aplicación de los reglamentos de la UE, los socialistas establecen que el Gobierno andaluz "habrá de ser consultado en la trasposición del Derecho de la Unión cuando afecte a competencias compartidas con el Estado". También aseguran que "le corresponde la gestión de fondos europeos en la comunidad que financien actividades y servicios de su competencia".

Igualmente, introducen una redacción sobre la cooperación al desarrollo de Andalucía.Otra de las novedades de la propuesta de reforma elaborada por los socialistas se refiere al Título IV del Estatuto referido a Economía y Hacienda al que se incluye el apéndice de Empleo. En el mismo se incluyen los "principios rectores" de la política económica, entre los que destaca el "pleno empleo y la calidad en el trabajo", el desarrollo sostenible, la promoción de la capacidad emprendedora o el acceso de la mujer al mercado laboral, entre otros. Como pedían los agentes sociales, se reconoce expresamente el papel de los sindicatos y de las organizaciones empresariales.

Las propuestas en este título más significativas afectan a la incidencia de la inmigración a la hora de fijar la participación en los ingresos del Estado. En el Estatuto actual ya se marcan algunos principios orientadores de la financiación autonómica, pero los socialistas quieren dejar muy claro, para evitar conflictos como los ocurridos con los anteriores gobiernos del PP, que se tenga "en cuenta como criterio esencial el de la población real actualizada de acuerdo con el último censo o padrón disponible" para fijar la participación de Andalucía en los ingresos del Estado. Y afirman: "En la determinación de esta participación se deberán tener en cuenta los servicios a prestar a los extranjeros, así como las especiales circunstancias socioeconómicas que se deriven del hecho de ser la frontera Sur de la Unión Europea". Igualmente, defienden que "Andalucía tendrá derecho a percibir en cada ejercicio [presupuestario] la totalidad de los recursos" de esa participación.

Sin dar detalles, también añaden que la comunidad "deberá participar en la planificación de las inversiones del Estado en su territorio", algo sobre lo que algunos constitucionalistas ponen algunos reparos. También quieren que se incluya en el Estatuto que "las inversiones públicas de la Junta deberán promover el equilibrio territorial de la comunidad".

Deuda histórica

Como ya figuraba en el documento de bases presentado por Manuel Chaves a finales de la legislatura pasada, el PSOE andaluz aboga por configurar "un espacio fiscal propio" y la creación de una Agencia Tributaria andaluza.

En cuanto a la llamada deuda histórica incluida en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto, los socialistas no tienen dudas de que ésta debe seguir si no se salda. "La Disposición Adicional Segunda debería mantenerse salvo que se alcanzara un acuerdo efectivo de reconocimiento y pago acordado entre el Gobierno de la Junta y el Gobierno central antes de la redacción del nuevo texto".