Discriminados por omisión
El proceso extraordinario de regularización de trabajadores extranjeros está resultando un importante fiasco si lo que se pretendía con él era que todos aquellos extranjeros sin permiso de residencia que antes del 8 de agosto de 2004 vivían entre nosotros pudieran aflorar y salir del olvido al que las circunstancias y la actitud de los poderes públicos les habían sometido.
Faltan 20 días para que se cierre este proceso y parece que las solicitudes presentadas, que no hay que confundir con las resueltas favorablemente, no van a permitir que se regularice, siendo optimista, ni tan sólo a la mitad de la población que se calcula que está en situación irregular. Siendo realista, probablemente este proceso no alcanzará ni a una tercera parte de esta población. Decenas de miles de personas en Cataluña, centenares de miles en todo el Estado, seguirán condenadas a no salir de una situación de irregularidad administrativa desde la cual deberán seguir construyéndose un presente para sobrevivir e imaginar un futuro en dignidad. No es de recibo que un proceso de regularización -por más extraordinario que sea- no dé la más mínima posibilidad de entrar en el mismo a una mayoría de las personas que objetivamente son su "público diana". En este aspecto podemos definir el proceso como ineficaz.
La regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros está resultando un fiasco
La percepción de que se navegaba hacia la deriva era tal que el propio Gobierno -a pesar de sus esforzadas lecturas según las cuales este proceso era todo un éxito- se decidió hace unos días a buscar fórmulas que intentaran sortear las lecturas más restrictivas del Reglamento de Extranjería con el objetivo de incrementar el número de solicitudes de regularización presentadas. El resultado de tanto esfuerzo gubernamental es aún más contradictorio. Por un lado, se dice que se crea la figura de los empadronados por omisión, es decir, se va a permitir que todos aquellos que a pesar de residir en este país antes del 8 de agosto de 2004 no se hubieran empadronado puedan encontrar vías alternativas a la exigencia del padrón municipal para solicitar su regularización. Por otro lado, y en coherencia con este punto, se enumeran una serie de documentos alternativos -supuestamente- al de empadronamiento. El problema reside en que, como mínimo en Cataluña, la mayoría de esos documentos requeridos sólo pueden existir si previamente uno ha estado inscrito en el padrón. Pienso, entre otros, en la tarjeta sanitaria, en el documento de alta laboral o en el certificado de percepción de servicios sociales. Todos ellos sólo se pueden tener en Cataluña si hay un empadronamiento previo.
La nueva puerta que se dice abrir desde la comisión de empadronamiento para salvar algunos problemas detectados en el proceso de regularización no es más que la exigencia de una información documental redundante a la que ya disponen la mayoría de personas que buscan su regularización. Sólo en muy pocos casos las nuevas exigencias van a permitir sortear uno de los problemas reconocidos como tal en este proceso.
Y es que lo que probablemente hay que volver a denunciar es que el principal problema para una regularización real, es decir, aquella que deje fuera al mínimo número de personas de las que estando en situación irregular viven entre nosotros desde antes del 8 de agosto de 2004, no es otro que la exigencia de que la solicitud sea presentada por los empresarios. Éstos no parecen tener la más mínima intención de reducir las dimensiones de la economía sumergida. Hasta hace poco, las principales patronales, como mínimo en Cataluña, pedían que los empresarios pudieran regularizar a los trabajadores extranjeros que contrataban irregularmente, evadiendo obligaciones fiscales y derechos sociales, sin ser objeto de sanción. Una demanda que era razonable y digna de elogio.
Ahora, sin embargo, cuando se tiene la oportunidad de hacerlo, esas demandas se las ha llevado el viento. No es creíble que en Cataluña la población laboral en la economía sumergida no supere las 60.000 personas, cuando hace pocas semanas el propio Instituto Nacional de Estadística (INE) -rebajando sólo muy ligeramente los datos aportados en el Anuario 2004 sobre Inmigración, de la Fundació Jaume Bofill, hace ahora un año- reconocía que la población irregular extranjera en Cataluña se podía situar, el 1 de enero de 2004, alrededor de las 280.000 personas.
La falta de empadronamiento puede ser un problema -menor en Cataluña que en otras comunidades-, pero no es el problema principal que explica la poca afluencia que se da en los registros para obtener la regularización. Hay otros requisitos previstos en el Reglamento de Extranjería mucho más determinantes a la hora de entender la poca demanda aflorada hasta hoy. El hecho de que esta demanda esté casi exclusivamente en manos de los empresarios es determinante para entender lo que ocurre. Es evidente que no todos los empresarios prefieren optimizar beneficios a cuesta de la dignidad de sus trabajadores. Pero no menos evidente es que hay -y, a tenor de los datos, parecen ser mayoría- quienes piensan lo contrario.
El próximo 8 de mayo, el día después de que el proceso para solicitar la regularización haya finalizado, tendremos sobre la mesa el mismo problema que teníamos cuando se abrió, a inicios de febrero: decenas de miles de personas condenadas al olvido y a la humillación, a las que se negarán los derechos de los cuales decimos sentirnos tan orgullosos ante el resto del mundo. Con este escenario no es posible construir ninguna sociedad cohesionada.
Jordi Sánchez es profesor de Ciencia Política.
