La Fiscalía investiga delitos urbanísticos del alcalde de Benalmádena

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga tiene abiertas sendas investigaciones por posibles delitos urbanístico y de prevaricación del alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, que concedió por decreto dos licencias de obras en la urbanización Torrequebrada pese a que los técnicos municipales habían emitido informe contrario. Las sociedades beneficiadas tienen un mismo administrador único y están radicadas en la misma sede.

Las licencias fueron otorgadas en enero y octubre de 2002. En ambos casos, el arquitecto técnico municipal informó de que los proyectos no se ajustaban a las ordenanzas contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, y que tampoco tendrían cabida en el documento de revisión del mismo cuya aprobación inicial ya había realizado en aquel entonces el consistorio.

Sobre estos informes desfavorables del arquitecto técnico municipal figura una nota manuscrita y con una firma que en apariencia es idéntica a la del alcalde en la que reza "conceder licencia de obra". En uno de los casos tal cual, y en otro expresa la salvedad de "previo pago del exceso", ya que uno de los defectos detectados en el proyecto era la vulneración del máximo de techo permitido.

Las licencias en cuestión se refieren a un edificio con 62 apartamentos y a un apartahotel de tres estrellas con 28 habitaciones en una misma manzana de la urbanización Torrequebrada. La primera fue concedida a la sociedad House and Land, y la segunda a Nidge Nasaud Develop. Ambas, que comparten una misma sede social, tienen como administrador único a Miguel López Infante.

Pisos en el garaje

En el caso del bloque con 62 viviendas hay una doble irregularidad, ya que posteriormente el alcalde autorizó que se construyeran cinco aparcamientos en el segundo sótano del edificio, inicialmente previsto para aparcamientos, conversión que igualmente contó con informe desfavorable de los técnicos municipales.

El proceso de concesión de la licencia estuvo caracterizado también por una celeridad poco habitual. El 15 de enero de 2002 el promotor solicitó el permiso de obras. Seis días más tarde, el arquitecto técnico municipal emitió el informe desfavorable en el que advertía de que el proyecto vulneraba las ordenanzas sobre ancho de aceras y sobre el uso obligatorio de aparcamientos, ya que sólo preveía 62 cuando lo legal serían 122. Al día siguiente, el el alcalde hizo la anotación manuscrita sobre el informe para la concesión de la licencia, que fue expedida la día el 23 de enero.

En el caso del apartahotel de tres estrellas, el informe contrario advertía de que se proyectaban 206 metros cuadrados más de los 1.093 que correspondían, que contenía una planta más de las permitidas en pendiente, y que incumplía la normativa sobre desmontes y la de ventilación de los dormitorios, que no daban al exterior.

La licencia fue otorgada en octubre de 2002, y en septiembre de 2003 una inspección municipal comprobó que las obras además vulneraban el proyecto y que se habían excedido aún más de volumen.