CiU pide que Cataluña pueda decidir su futuro

Convergència i Unió (CiU) propuso ayer que el título preliminar del nuevo Estatut incluya "el derecho de Cataluña a decidir libre y pacíficamente su futuro como pueblo". El presidente de la federación nacionalista, Artur Mas, matizó que no se trata de reivindicar el derecho a la autodeterminación. Éste quedaría recogido en el preámbulo del texto y, por tanto, no tendría valor normativo sino meramente simbólico. Con esta fórmula, Mas intenta evitar "dar excusas" al PSOE para rechazar el Estatut con el argumento de que vulnera la Constitución, una de las condiciones innegociables impuestas por el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.

Mas salió al paso de las críticas vertidas por el resto de partidos catalanes tras su anuncio de que no acudirá a una nueva cumbre sobre el Estatut convocada por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. El líder de CiU admitió que existe una "parálisis" en el debate sobre la reforma, pero culpó de la situación a las "indefiniciones socialistas" y al miedo a que el PSOE rechace en el Congreso el texto que salga del Parlament. "Tenemos la conciencia limpia", dijo Mas.

Mientras, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, entró en la polémica para abonar el terreno del pesimismo sobre el futuro del Estatut. Después de reñir a Mas y a Maragall por "volver a dar el espectáculo", Piqué dijo que convendría revisar la fecha fijada para que el Parlament apruebe la reforma, el próximo 30 de junio,al entender que será "imposible" cumplirla. El líder del PP remarcó los numerosos desacuerdos entre los grupos sobre el borrador y dijo que una cumbre sin CiU resultaría "inútil y contraproducente".

La propuesta de CiU para el título preliminar, presentada en el Colegio de Periodistas, incluye además la consideración de Cataluña como "nación" con "una historia, una lengua y una cultura" propias. Es esta "historia milenaria", en palabras de Mas, y no la Constitución, la que legitima a Cataluña para disfrutar de autogobierno. El texto convergente reduce la presencia del Estado, cuyas relaciones con la Generalitat deben basarse en la "bilateralidad", la "lealtad mutua" y el "carácter plurinacional del Estado".

En el ámbito de las competencias, CiU aboga por que la Generalitat sea la Administración única en Cataluña. En el terreno simbólico, juzga que la bandera catalana (la senyera) debe tener "una posición de preeminencia institucional" sobre la española. Otra importante novedad se encuentra en materia lingüística. CiU pretende establecer la obligatoriedad de conocer tanto el castellano como el catalán. La ley actual contempla el derecho, pero no el deber, de conocer la lengua catalana.

Competencias en Defensa

La de CiU no fue la única propuesta que se escuchó ayer sobre el Estatut. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) planteó que el nuevo texto incluya competencias en una de las prerrogativas tradicionalmente intocables del Estado: la defensa. ERC aboga por que el Ministerio de Defensa mantenga informada a la Generalitat de las acciones del ejército en territorio catalán. Para ello, propone la creación de un nuevo organismo, el Consejo de Defensa de Cataluña, encabezado por el presidente de la Generalitat e inspirado en la Junta de Seguridad Territorial, que funcionó durante la II República.

El portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao, aclaró que los republicanos no piden "ni efectivos ni soldados" para Cataluña. Lo que piden, dijo, es que la Generalitat pueda "codecidir" en las maniobras que realicen las Fuerzas Armadas, así como en el uso que conviene dar a antiguas infraestructuras militares. Ridao no se mostró optimista sobre la acogida de esta propuesta. Reconoció que es "inédita" (no la recoge la Constitución) y que el PSOE será "escasamente receptivo" en este aspecto.

Por su parte, Iniciativa per Catatalunya Verds anunció que enviará el borrador de Estatut a las "entidades sociales" catalanas. El objetivo, según reconoció la coalición ecosocialista, es que éstas "fuercen" la inclusión en el Estatut de un capítulo de derechos y deberes, una posibilidad que CiU rechaza.