Zona Franca encarga la querella por los supuestos delitos en Quality Food

El comité ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz acordó ayer por unanimidad encargar a la Abogacía del Estado que emprenda de inmediato acciones penales contra el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo (ex destacado militante del PP) y "todas aquellas personas que puedan estar relacionadas" con las irregularidades y supuestas prácticas delictivas detectadas en esta sociedad propiedad del recinto fiscal.

El delegado de la Zona Franca, José de Mier, (PSOE) indicó que no iba a adelantar ningún otro nombre más, en referencia a los ex delegados en la etapa del PP, Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro, "porque hay que dejar ahora trabajar a los abogados y no presionarlos en modo alguno, aunque la demanda no va a ser, en ningún caso contra una persona, sino de una relación de delitos en los que seguro habrá más de uno".

En el plazo máximo de diez o doce días, el abogado del Estado José Ignacio Monedero presentará la querella sobre Quality Food, una empresa dedicada a los servicios de alimentación y catering que ha provocado un agujero económico de 30 millones de euros en los fondos de la Zona Franca, según De Mier. Éste expresó su deseo de que, "cuanto antes", estos asuntos se diriman en los tribunales. "Aquí ya no valen más dimes y diretes, sino sencillamente que el juez ponga a cada uno en su sitio para evitar que todo esto siga desprestigiando la imagen de la Zona Franca", dijo.

El consejero ejecutivo del PP en la Zona Franca y concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, manifestó su satisfacción porque la querella se presente contra García Gallardo. "Estamos contentos porque hemos conseguido lo que pretendíamos, que es llevar ante los tribunales al único nombre que es señalado en los informes de la Abogacía del Estado", dijo Romaní.

El comité ejecutivo acordó igualmente encargar sendos informes a un departamento técnico de la Universidad de Sevilla y a una empresa tecnológica que evalúen el valor del material informático recibido por Rilco, otra sociedad de la Zona Franca, que ha causado un agujero de 15 millones. La Abogacía del Estado exigía esta valoración con carácter previo al ejercicio de acciones contables o penales contra los gestores de Rilco. Esta querella se presentará antes del mes de junio.

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