Los generales de la Guardia Civil proponen desterrar del cuerpo el Código Penal Militar

Los generales de la Guardia Civil quieren que el Código Penal Militar sea desterrado de la institución como texto disciplinario. El Consejo Superior del instituto armado ha aprobado un documento en el que propone que la única norma para mantener la cohesión en el cuerpo sea la nueva Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, que debería incluir la pena de arresto sólo para misiones en el extranjero. Los generales apuestan por que no se les aplique nunca el texto militar, ni siquiera cuando trabajan dentro de unidades del Ejército. A su juicio, la reforma en marcha aleja a la institución "del modelo militar" y "sienta las bases para la constitución, a largo plazo, de un único cuerpo policial de naturaleza civil".

El Consejo Superior de la Guardia Civil, compuesto por los 28 generales, creó un grupo de trabajo para estudiar el borrador del anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. El informe resultante, de 14 páginas, desmenuza los aspectos esenciales de la reforma en marcha.

El informe señala que el texto que finalmente se apruebe debe de mantener "las características esenciales" de lo que se considera "un régimen disciplinario militar", que debe incluir "medidas excepcionales para situaciones excepcionales", sin excluir "la privación de libertad".

Los generales subrayan que el borrador estudiado "se aleja del modelo militar" y se aproxima "a un modelo civil, que debilita la actual naturaleza legal de la institución y sienta las bases para la constitución, a largo plazo, de un único cuerpo de naturaleza civil". Es decir, la posible unificación con el Cuerpo Nacional de Policía. Fuentes socialistas han señalado, en este sentido, que se está avanzando hacia una posible unificación del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, también en proceso de reforma, con el de la Guardia Civil, especialmente en las sanciones de suspensión de empleo y sueldo.

El texto estudiado por los generales elimina las penas de privación de libertad o de arresto, que sólo se podría imponer a los guardias incardinados en misiones militares en el extranjero, en aplicación del Código Penal Militar. Además, incluye una disposición adicional que modificaría el Código Penal Militar, de forma que los 74.000 miembros de la institución sólo podrían ser sancionados por dicho texto y, por lo tanto, arrestados, cuando presten "servicios de armas" integrados en "misiones de carácter militar" o cuando "se integren en unidades militares desplazadas fuera del territorio nacional".

Los generales debatieron el texto del grupo de trabajo y, tras someter este punto a votación, aprobaron "por mayoría" que es conveniente suprimir dicha disposición adicional "y aplicar siempre y en todos los casos la ley disciplinaria de la Guardia Civil".

"Difícil de entender"

El argumento que utilizan para justificar esta propuesta es éste: "Es difícil de entender que, para un plazo a lo mejor de días (misiones militares) y en todo caso meses (no más de seis meses en las misiones en el extranjero) los mandos y los mismos guardias civiles deban conocer una nueva ley [el Código Penal Militar] y sus reglamentos, aplicarla sin ninguna experiencia anterior y, además, no en su totalidad, sino mezclada con otra, cuyo procedimiento se inspira en principios radicalmente diferentes".

Pero, para que esto fuera efectivo, consideran que la ley Disciplinaria de la Guardia Civil debería incluir la pena de arresto, cuya aplicación "se limitará exclusivamente" a las siguientes situaciones: cuando los guardias "estén desempeñando misiones de carácter militar o se integren en unidades militares desplazadas fuera del territorio nacional" y "estén desempeñando misiones internacionales de carácter policial, formando parte de unidades o agrupaciones temporales".

Los generales no sólo apuestan por eliminar el arresto con carácter general (y mantenerlo como una posibilidad excepcional para excepciones), sino que también se plantean suprimir algunas otras sanciones previstas en el borrador. Por ejemplo, no entienden que se suprima el arresto con el argumento de que afecta a un derecho fundamental y, al mismo tiempo, se incluya la posibilidad de imponer a los alumnos de sus academias "la privación de salida del centro docente".