"Me sorprende que la comisión de investigación del Carmel haya prescindido de la sindicatura"

A sus 61 años, Joan Colom, conocedor a fondo de las tripas contables de Europa, pilota ahora la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, un organismo que en los últimos años vio desdibujado su prestigio debido al escaso celo en sus tareas fiscalizadoras, empezando por el retraso en la entrega de informes al Parlament. El nuevo síndico mayor, que aterrizó hace poco más de un año en el cargo, intenta devolver el respeto a la institución.

Pregunta. Tras un año en el cargo, ¿qué debería ser la sindicatura que no es? ¿Cuáles son sus principales carencias?

Respuesta. Como mínimo deben cambiar dos cosas. Una es la dotación para desarrollar nuestro trabajo básico, que es el control de la legalidad y regularidad del gasto y del ingreso públicos. Hoy, no damos abasto, aunque hemos dado un considerable salto de plantilla. Por ejemplo, si hay que auditar a los partidos, se necesita un auditor por cada uno de ellos y ahora tenemos uno para todos. Un segundo aspecto es el del análisis de la eficiencia de gestión. Ya no se trata sólo de saber si se ha gastado legalmente y cumpliendo la normativa presupuestaria, sino si se ha hecho de la forma más barata y cumpliendo los objetivos que para ello fijó el Gobierno.

"La actual sindicatura se está ganando y creando una imagen de independencia"

"Todo lo que no sea transparente en la contratación pública lleva a la sospecha"

P. ¿La auditoría de gestión es otro modelo?

R. Es interna, y yo no trabajo para un consejero o para el Gobierno, sino para el Parlament. De ahí que también el Parlament deba clarificar los objetivos del presupuesto. No puede limitarse a aprobarlos, sino que debe acompañarlos de una serie de indicadores de gestión, con objetivos precisos, para que nosotros podamos medir su cumplimiento. Y aquí surge otro aspecto que resolver: el análisis de gestión debería poder hacerse, si no en tiempo real, sí al menos en un tiempo muy inmediato. Tiene poco sentido que la sindicatura esté analizando cosas de 2000-2001. El desfase temporal es un elemento de descontrol político.

P. ¿Y el problema del calendario está encarrilado?

R. Nosotros sólo podemos aumentar la velocidad del trabajo o alterar nuestra agenda para volver a asuntos más inmediatos. Por ejemplo, en nuestro plan de trabajo entregado al Parlament en diciembre pasado dijimos en el caso de GISA que no sólo se analizarían las condiciones de licitación de los contratos de obras públicas, sino que seguiríamos la evolución de cada proyecto a lo largo de varios años, con sus modificaciones de proyecto y de precio. Pero en muchos casos, para actuar, necesitamos leyes o reformas legales que posibiliten nuestra actuación.

P. Pero se supone que los cambios legales se plasmarán en la nueva ley de la Sindicatura de Cuentas.

R. Algunos sí. Otros, no. Por ejemplo, la capacidad de multar al partido político que no nos envía los datos acordados por una ley quizá sería más una cuestión de la ley electoral, y no tanto de la ley de la sindicatura.

P. Es decir, que reclama capacidad sancionadora que no tiene.

R. Por una parte, sí. Por la otra, hay cosas que son de ley. Hoy, los partidos políticos tienen obligaciones respecto al Tribunal de Cuentas, no respecto a mí. La ley electoral catalana podría perfectamente fijarles estas obligaciones. Yo tengo fuerza moral, debo decir que respetada, para pedir las cuentas a los partidos porque hay cosas flagrantes. El Consell Executiu anterior, por ejemplo, se ha saltado a la torera la normativa. Estableció que la sindicatura fiscalizara las subvenciones y el control electoral de las elecciones municipales en Cataluña, las de la Val d'Aran y las de las cámaras agrarias, pero a mí el Gobierno no puede darme instrucciones. El único que puede hacerlo es el Parlament. Otro embrollo legal: la ley española, que es de las más generosas, dice que las corporaciones locales deben cerrar las cuentas en el primer semestre del año siguiente a un ejercicio. ¿Por qué entonces la normativa catalana les da hasta el 15 de octubre para enviarnos estas cuentas?

P. La nueva ley ¿debería cambiar el sistema de elección de los síndicos?

R. Creemos que deberían ampliarse las causas de inelegibilidad porque la ley actual es muy permisiva. No puede ser que con la ley en la mano el ex consejero de Economía de la Generalitat Francesc Homs pudiera ser síndico o el actual, Antoni Castells, cuando deje el cargo. Podría, por ejemplo, establecerse un periodo de cuatro años para que estos ex altos cargos pudieran ser elegidos. Hay otras fórmulas; por ejemplo, limitar los mandatos, en número o en años. Son sistemas que tienden a reforzar la independencia de los síndicos, pero le aseguro que la actual sindicatura se está ganando y creando una imagen de independencia.

P. ¿Ha faltado voluntad política en la Generalitat para reforzar y actualizar la labor fiscalizadora de la sindicatura?

R. En general no ha habido ni siquiera sensibilidad. Pero no sólo en Cataluña, también en España. El control de las cuentas públicas no forma parte de la cultura política tradicional.

P. Pero aparte de la tradición, cuenta también la voluntad política de los gobernantes. La anterior sindicatura fue pasto de escándalos y peleas internas.

R. En esto no entro. Pretendemos olvidarnos de esto y funcionar con normalidad.

P. ¿Cómo se cruza en sus tareas la nueva oficina antifraude? ¿No tendría más sentido haber potenciado más la sindicatura?

R. Somos complementarios. Una oficina antifraude tiene que hacer tareas de prevención y trabajar en caliente, debe evitar que ocurra algo, realizar un control interno. Le corresponde una tarea como de policía. Nosotros, en cambio, lo que hacemos es un control externo. Una oficina antifraude tiene medios de detective y de colaboración judicial que yo no tengo. Lo normal sería buscar un intercambio de comunicación. No la veo como un rival.

P. La sindicatura ofreció su conocimiento de los patrones de comportamiento en la adjudicación de la obra pública a la comisión de investigación del Carmel. ¿La comisión ha prescindido de la sindicatura?

R. De momento, sí. Nos han dicho que tal vez nos convocarían o quizá nos harán un encargo en función de lo que vieran, pero de momento no hemos tenido ninguno.

P. ¿Cómo interpreta este hecho?

R. Me ha sorprendido un poco. Pensaba que nos pedirían la compilación de la información sobre este aspecto. Tenemos un trabajo hecho sobre la contratación de obra pública a lo largo de muchos años. Está a su disposición.

P. ¿Y cuáles son sus conclusiones?, ¿qué debería corregirse?

R. La normativa española y a veces la europea no se cumplen estrictamente. Tengo sobre la mesa un informe de una agencia pública catalana de los ejercicios 2001 y 2002 en el que, de 25 casos estudiados, 23 no cumplen la normativa de contratos públicos. Los principales problemas que detectamos en general son tres: el uso recurrente e indebido de la adjudicación por el trámite de urgencia -que implica no ir al mercado público, sino negociar con algunas empresas-, la extensión de contratos anteriores preexistentes, que se revisan y prorrogan, y el fraccionamiento de proyectos o lo que llamamos técnica salami. ¿Es todo esto ilegal? Pues no, pero nuestro auditor, un buen profesional, dice: "A mí no me han convencido".

P. ¿Estas prácticas son generales en todas las administraciones?

R. Bastante. Hay grados más elevados y más bajos. No quiero salvar al Gobierno actual de la Generalitat porque todavía no hemos entrado a estudiar 2003 y 2004. Los problemas que vemos son hasta presupuestos liquidados en 2002.

P. ¿Y los ayuntamientos?

R. Nos hemos encontrado literalmente casos en los que un alcalde nos ha pedido si podíamos hacerle la contabilidad porque se ha encontrado con que, tras un cambio de gobierno municipal, había desaparecido toda la contabilidad. Y eso en municipios de más de 1.000 habitantes.

P. ¿Y en el Ayuntamiento de Barcelona?

R. En 21 años de sindicatura, curiosamente nunca se ha hecho una auditoría completa del Ayuntamiento. Sólo se ha fiscalizado algún sector o alguna empresa municipal.

P. ¿Y los patrones son los mismos que ha comentado antes?

R. No tan elevados, pero sí un cierto fraccionamiento de obras públicas. Pero preferiría no entrar en algo que no está acabado.

P. ¿Le consta que se paguen comisiones a cambio de la adjudicación de obras?

R. No me consta. Con los informes de la sindicatura no tenemos elementos para afirmarlo. Me parecería ingenuo pensar que no ha habido corrupción en ningún lugar de Cataluña, pero establecerlo como regla, y decir si ha sido así con las obras públicas de la Generalitat, no lo sé. Pero todo lo que no sea transparente en la contratación de obra pública lleva a la sospecha. Y falta transparencia.

P. ¿Hace falta una línea divisoria más clara entre las competencias de la sindicatura y las del Tribunal de Cuentas?

R. Sí. La situación actual es una causa de malestar evidente. Y desde luego no es un problema exclusivo de Cataluña. Hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre la concurrencia de competencias. A raíz de esta, pactamos que el Tribunal de Cuentas nos solicitaría las cosas que son nuestras. Por ejemplo, si quieren saber cómo funcionan las universidades catalanas, lo normal es que pasen por nosotros. En este caso funciona la coordinación. Pero hay casos increíbles.

P. ¿Por ejemplo?

R. Que te llamen de un hospital diciéndote que tienen en la puerta a un señor que dice que es auditor del Tribunal de Cuentas y que quiere fiscalizar el servicio de radiología sin habernos dicho nada. Es inadmisible. Debe haber colaboración, pero ésta tiene que clarificarse.