La Fiscalía de Málaga pide más medios contra el maltrato a ancianos

Un año después de que la Junta aprobara un decreto para combatir los malos tratos a ancianos, la Fiscalía de Málaga pide más medios para lograr su cumplimiento, que incluye la obligación para Asuntos Sociales de poner, en el plazo de 10 días, los recursos idóneos para cualquier mayor de 65 años en situación de abandono. En lo que va de año, el Ministerio Público ha abierto ya 11 expedientes.

Frente a la cada vez mayor visibilidad de los casos de violencia ejercida contra las mujeres por sus parejas, las agresiones y el abandono que sufren los ancianos a manos de sus familiares siguen ocultos, en la mayoría de las ocasiones, como algo perteneciente al ámbito privado del hogar. Casos como el de A. P. B., de 53 años, que ha sido detenido en dos ocasiones durante la pasada semana en Rincón de la Victoria, ambas tras la denuncia de su padre, de 82 años, al que agredía y amenazaba reiteradamente, son los menos frecuentes.

"Es un delito invisible, que no sale a la luz hasta que se producen situaciones extremas", explica Flor de Torres, la fiscal coordinadora de la sección de malos tratos, violencia doméstica y de género de la Audiencia de Málaga. La vergüenza o la reticencia de los padres a denunciar a sus propios hijos hace que las estadísticas sólo muestren la punta de un iceberg de proporciones desconocidas.

Según el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, las cifras del Ministerio del Interior arrojan un escaso tres de cada 10.000. Pero según estudios de organizaciones nacionales e internacionales, la cifra real de ancianos que sufren malos tratos se sitúa entre el 4% y el 5%. Aplicado a Málaga, con 176.762 mayores de 65 años censados, supondría que entre 7.070 y 8.838 ancianos son maltratados o abandonados por sus propias familias.

En lo que va de año, De Torres ha abierto ya 11 expedientes que investiga para determinar si ha existido delito. En todo 2004, se abrieron 28 diligencias informativas por esta causa. Aparte están los casos denunciados directamente a la policía o en los juzgados.

La tendencia creciente de 2005 no significa que se produzcan más agresiones, ya que puede responder a un mayor número de denuncias. Sin embargo, cuantos más casos salgan a la luz, más medios para asistir a los ancianos y proteger sus derechos se requerirá. De Torres denunciaba en un informe a principios de año que existe una "desasistencia institucional de ancianos", y que "numerosas situaciones de urgencia no son atendidas con el rigor merecido" por la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social.

Tras una reunión con su responsable, Ana Paula Montero, la fiscal ha suavizado sus críticas, pero sigue considerando que faltan medios para "el cumplimiento integral" del decreto 23/2004, sobre todo en lo referente a la obligación de proporcionar en un plazo máximo de 10 días ayuda o plaza en un centro asistencial. El inspector responsable del Servicio de Atención a la Familia de la policía, Andrés Román, coincide. "Hay ancianos en situación de desprotección, no lo suficientemente grave para que actúe la policía, pero la Junta tampoco actúa". Román considera que existe un "déficit de plazas" en los centros que dificulta el cumplimiento del decreto.