Pla acepta el calendario del PP para el Estatut si prevé la Agencia Tributaria

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, condicionó ayer la aprobación inmediata de un nuevo Estatut, tal y como pide el PP, a la inclusión en el texto de una carta de derechos de los valencianos, la creación de una Agencia Tributaria propia y el reconocimiento como nacionalidad histórica. "Si es así, el 25 d'Abril habrá reforma, si no es así, no hay reforma, porque no cerraremos el proceso, ni ningún texto que no suponga una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos". Pla pareció ayer transigir con la exigencia de ratificar el nuevo Estatut en referéndum, mientras en Castellón, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, apostaba por su conveniencia.

El PSPV acepta el calendario del PP si se reconoce una carta de derechos ciudadanos

El dirigente de los socialistas valencianos busca el centro político y ayer pidió al jefe del Consell, el popular Francisco Camps, que esté "a la altura de las circunstancias, deje de hacer oposición a Zapatero como portavoz del PP y que actúe como presidente de los valencianos". Pla lamentó que el Consell ataque a los socialistas "en medio de un proceso tan importante".

Joan Ignasi Pla, en este contexto, se mostró dispuesto a pactar la reforma estatutaria con el PP -y tramitarla antes que Cataluña- si se acepta la inclusión de tres cuestiones que considera irrenunciables: la consideración como nacionalidad histórica; la creación de una Agencia Tributaria Valenciana que garantice que la financiación de los servicios públicos está en la media española; y la inclusión de una carta de derechos ciudadanos que no desgranó.

La moderación de la propuesta fue recibida con indisimulada satisfacción por el portavoz parlamentario del PP, Serafín Castellano, que considera ya aceptadas la mayor parte de las exigencias formuladas por el dirigente socialista. "Pla sabe que no hay ningún problema en la inclusión de la denominación de nacionalidad histórica", prosiguió Castellano, "también hay un acuerdo importante en lo que respecta a la inclusión de los derechos sociales y emergentes y en el resto de cuestiones [la Agencia Tributaria] se pueden buscar fórmulas alternativas para llegar a un acuerdo". "Ha quedado demostrado que el 25 de abril se puede aprobar la reforma del Estatut y que sólo es cuestión de voluntad política", sentenció el portavoz popular.

Joan Ignasi Pla, que ayer reunió el comité de sabios que asesora al PSPV en la reforma estatutaria, no quiso ayer hacer hincapié en la exigencia de que el nuevo Estatut sea sometido a referéndum, tal y como sucede en las denominadas nacionalidades históricas. "Es una cuestión fundamental, aunque instrumental", argumentó Pla.

La minusvaloración de la que hasta ahora ha sido una de las principales exigencias del PSPV contrastó con la posición del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que aseguró que el referéndum supondría que la Comunidad Valenciana estuviera a la altura de las comunidades históricas, informa Miguel Ángel Campos.

"Deberíamos intentar que, si queremos poner a la Comunidad Valenciana al nivel que le corresponde, tenga visualizado ese tratamiento", dijo Jordi Sevilla. El ministro aseguró ayer en la localidad castellonense de Almenara que "los valencianos tenemos que aspirar al máximo nivel de autonomía, de autogobierno y de autonomía financiera, puesto que somos igual que el que más".

Jordi Sevilla criticó la negativa del Partido Popular a crear una Agencia Tributaria autonómica, porque la Comunidad Valenciana, como el resto de autonomías, "tiene impuestos propios y capacidad de recaudar impuestos, y el que eso se haga bajo la fórmula jurídica de una agencia tributaria es lo más eficaz y lo más razonable". Para el titular de Administraciones Públicas, es importante que se desarrolle el proceso de reforma estatutaria en la Comunidad Valenciana donde gobierna un PP, que "a nivel nacional manifesta grandes dudas y escepticismos respecto a este tipo de transformaciones"

Sevilla también calificó la propuesta sobre financiación autonómica del presidente catalán, Pasqual Maragall, de "bastante aceptable" porque asume un sistema negociado multilateral.