Una negociación marcada por el 4 de abril

Populares y socialistas ya han marcado sobre el terreno las líneas rojas que no están dispuestos a cruzar en la negociación para reformar un Estatut -en realidad se propone casi una redacción nueva dada la obsolescencia del texto actual-. Tras la aprobación del informe de la comisión parlamentaria que ha estudiado la reforma estatutaria, el pleno de las Cortes ratificará por unanimidad el documento el próximo jueves 14 -otra fecha emblemática por ser el aniversario de la II República- que hasta ahora sólo es una enumeración de acuerdos y desacuerdos. A partir de aquí, los grupos parlamentarios popular, socialista y Esquerra Unida, especialmente los dos primeros, tendrán que jugársela para intentar conjugar los intereses partidistas con los generales y los de los valencianos con los del Estado.

El pasado lunes 4 de abril, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, se entrevistaba con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; mientras casi a la misma hora el popular Francisco Camps asistía a una reunión de presidentes autonómicos con el líder del PP nacional, Mariano Rajoy. En las citadas conversaciones se habló sobre la reforma valenciana y sobre financiación autonómica, fundamentalmente. El resto forma parte, al menos por ahora, de la confidencialidad. Pero lo cierto es que tras estas reuniones la alegría con la que los parlamentarios soñaban el futuro de los valencianos ha recibido un jarro de agua fría.

El PP de Francisco Camps insiste en que el Estatut sea el primero en tramitarse en el Congreso de los Diputados. La capacidad de disolución plena de las Cortes Valencianas por parte del presidente de la Generalitat es el argumento que justifica la reforma para el PP. Un alto cargo del partido expiica que, con el calendario como prioridad, el portavoz parlamentario Serafín Castellano se mostró excesivamente flexible con las demandas de la oposición, "pero en Madrid ya se han puesto nerviosos" y ha habido que hacer marcha atrás y empezar a poner pegas. Un retroceso en el que se ha apostado, además, por enterrar en el cajón proyectos como el de la segunda descentralización propuesta en su día por el PP -desde las autonomías hacia los ayuntamientos- y una cierta predisposición a aceptar que el nuevo texto se ratifique mediante referéndum.

Por su parte, el PSPV es consciente ahora de que Madrid vería con muy buenos ojos que la reforma valenciana fuese un ejercicio de responsabilidad y moderación para el conjunto del Estado. "No habría problema para llevar la reforma del Estatut al Congreso antes que Cataluña si el PP acepta negociar" cuestiones como la revisión del modelo de financiación y la estructura judicial, argumenta un dirigente socialista, consciente de que otra reforma descafeinada pasaría una factura difícil de pagar.