El proyecto de reforma del Estatut impide a Camps disolver las Cortes en esta legislatura

El informe de la Ponencia de la reforma del Estatut, que se votará hoy en el Parlamento, incorpora, a petición del PP, una disposición transitoria que deja sin efecto en esta legislatura la potestad del presidente de la Generalitat de disolver las Cortes Valencianas y convocar elecciones anticipadas. La redacción del documento, en el que los populares Serafín Castellano y Rafael Maluenda han revisado a la baja algunas de sus posiciones iniciales, no ha evitado el malestar en el seno del PP, que teme que los cambios institucionales y electorales propuestos alteren la actual estructura interna de poder. Castellano reunió ayer a los diputados populares para explicar lo sucedido y garantizar que se mantendrá el modelo territorial del partido.

La ponencia que presentará hoy su informe a la comisión parlamentaria que estudia la reforma del Estatut está integrada por cinco personas: los populares Castellano y Maluenda; los socialistas Joaquim Puig y Antoni Such y el portavoz de Esquerra Unida, Joan Ribó.

El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, encargó a Serafín Castellano que llevase el peso de las negociaciones con la oposición, con el mandato de intentar que la reforma estuviese lista el próximo 25 de abril. Con esta premisa, el portavoz popular flexibilizó sus posiciones en la reunión de la ponencia celebrada en la población de Benisanó. Sin embargo, la predisposición de Castellano a avanzar en cuestiones como la comarcalización, la pérdida de peso de las Diputaciones provinciales o modificar el reparto de diputados en cada una de las circunscripciones (Castellón tiene mayor número de parlamentarios en proporción al censo electoral que Alicante y Valencia) ha despertado airadas críticas.

En la última reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP, el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, ya se quejó internamente de que no se informase de las propuestas que se estaban defendiendo en la ponencia que elaborada el informe sobre la reforma del Estatut. Esta semana, los presidentes de las diputaciones de Alicante, José Joaquín Ripoll, y Valencia, Fernando Giner -ambos zaplanistas- no han dudado en tachar de barbaridad algunas de las propuestas que el PP estaba dispuesto a aceptar en el informe que se debate hoy en comisión.

El portavoz popular, Serafín Castellano, aseguró ayer que "no se ha modificado la posición del PP", contraria a reconocer la unidad de la lengua, aceptar la creación de una Agencia Tributaria consorciada con el Estado, la constitución de una especie de Consejo General del Poder Judicial a nivel autonómico y la modificación del actual entramado institucional.

En este contexto de tensión interna, los populares pidieron en la noche del miércoles que se incluyera una disposición adicional para impedir que Camps pueda disolver anticipadamente las Cortes Valencianas en esta legislatura. Los servicios jurídicos de la Cámara cuentan con dos informes contradictorios sobre si el voto negativo de un diputado -elegido inicialmente para toda la legislatura- a esta disposición adicional podría dar pie a un recurso de inconstitucionalidad en caso de disolución anticipada por parte de Camps con el nuevo Estatut.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Antoni Such, atribuyó este retroceso en las posiciones de Castellano, con respecto a la postura más aperturista mostrada hace semana y media, a la división interna del PP. "Las discrepancias internas entre Camps y su propio grupo parlamentario han llevado al PP a proponer que no se puedan disolver las Cortes hasta la próxima legislatura", apostilló.

El portavoz de EU-L'Entesa en las Cortes Valencianas, Joan Ribó, agregó que la intención inicial de suprimir la referencia a las provincias en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía ha chocado con las estructuras del PP y los intereses corporativos de los presidentes de las diputaciones provinciales [los tres dirigentes populares].

Algunas de las novedades que recoge el informe que hoy se aprobará en la comisión parlamentaria y que cuentan con el consenso de todos los grupos son: la creación por ley de un registro de empresas públicas; la constitución de una Junta de Seguridad de la Comunidad Valenciana y el derecho a expresarse en valenciano ante la Administración de Justicia.

Las discrepancias, con todo, son más numerosas y de mayor calado: el PP no acepta incluir el requisito lingüístico en la Generalitat, a propuesta de EU-L'Entesa, tampoco acepta la propuesta de los socialistas de celebrar un referéndum ciudadano que ratifique el texto definitivo y se niega a sustituir los escudos provinciales por el de la Generalitat, entre otros puntos. Por último, en materia de Administración Local, el Estatut permitirá que se regule por ley la descentralización de los entes locales.