La Generalitat ofrece 4.000 euros por persona a los vecinos del Carmel que no han perdido su vivienda

La Generalitat ha incrementado hasta 4.000 euros por persona la cantidad que ofrece a los vecinos afectados por el hundimiento en el barrio del Carmel que no han perdido su vivienda, según explicó ayer Fernando González, presidente de la asociación de vecinos. González, que ayer se reunió con representantes del Gobierno catalán en la sede de la Delegación de la Generalitat en Barcelona para negociar las indemnizaciones por este concepto, aseguró que la última oferta de la Administración, que en un principio propuso 6.000 euros por familia, es de 4.000 euros por persona, una cifra que, no obstante, continúa resultando "insuficiente" para la asociación vecinal. "Han mejorado la oferta, pero no la compartimos, así que nos hemos levantado de la mesa sin acuerdo", señaló González.

El presidente de la asociación vecinal puntualizó que "alguien de otros colectivos" ha propuesto que la Generalitat ofrezca 8.000 euros por persona, motivo por el que el Gobierno no descarta mejorar su oferta y "se mueve" entre los 4.000 que ofrece en la actualidad y los 8.000 euros, que aun así no satisfarían a la asociación de vecinos, que reclama 30.000 euros por persona, lo mismo que percibirán las familias que han perdido sus viviendas.

Por otra parte, los tres técnicos de la empresa pública GISA que comparecieron ayer en la comisión del Parlament que investiga los hechos coincidieron en afirmar que ignoran las causas que llevaron al hundimiento del túnel del Carmel. Eran Jordi Rossell, responsable de la obra civil de la empresa, y Antoni Pérez y Ramon Guinot, los técnicos que realizaban el seguimiento de los trabajos. Repetidamente insistieron en que carecían de datos para pronunciarse y aseguraron que las alusiones a falta de hormigón o movimientos en el túnel hechas por la dirección de obra eran anecdóticas y no suponían una voz de alarma.

Coincidieron también los técnicos en la relación directa entre la retirada de tierra para construir una solera y la existencia de una fractura (falla o diaclasa) no percibida en el terreno con el hundimiento, pero se negaron a precisar si era necesario o no realizar esa obra. Ninguno de los tres quiso pronunciarse sobre si la dirección de obra había dado la orden de trabajar en la solera. En los documentos conocidos hasta ahora, la dirección de obra asegura no haber dado orden alguna y las empresas constructoras sostienen que tenían permiso para trabajar.

Los técnicos calificaron las tesis apuntadas unas horas antes por el que fue director de GISA en época de CiU, Xavier Borràs, como "conjeturas" y señalaron que con los datos que ellos tienen no pueden pronunciarse ni a favor ni en contra. GISA llevaba ayer 48 horas intentando hablar con el ex director, que sigue trabajando en la empresa como asesor. La dirección quiere saber por qué no les comentó sus sospechas, al margen de que las consideren válidas o no.