¿Nueva política del agua en Valencia?

El pasado día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, EL PAÍS publicó una tribuna en la que el secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV, Francesc Signes, identificaba la política del agua que está aplicando el Gobierno en el País Valenciano con la nueva política que preconiza la Directiva Marco del Agua europea. En el presente artículo se cuestiona esta afirmación.

La antigua política del agua era la que se dedicaba a explotar los ecosistemas acuáticos mediante obras con cargo al presupuesto público, sin preocuparse ni de los impactos ambientales ni del coste real del agua. Y la nueva política del agua que preconiza la directiva marco es la que propugna exactamente lo contrario: proteger y recuperar los ecosistemas acuáticos, y hacer que los usuarios paguen los verdaderos costes del agua, excepto en casos muy justificados por razones sociales. Para valorar en cuál de los dos lados se sitúa la política del agua que se está aplicando en el País Valenciano lo mejor es examinar los hechos, y en concreto, la principal obra que se lleva a cabo actualmente en esta Comunidad, a gran distancia de la siguiente, que es el trasvase Júcar-Vinalopó (TJV).

Ahora la dirección del PSPV defiende con uñas y dientes el trasvase al Vinalopó

Para conseguir la financiación, el Gobierno anterior envió a Bruselas información manipulada

El TJV ha sido objeto de controversia desde el comienzo. La elección del trazado fue muy polémica, y la decisión final favoreció a Iberdrola, al necesitar grandes bombeos, y a los promotores de Alicante, al llevarse el agua de mejor calidad. Para conseguir la financiación europea, el Gobierno anterior envió a Bruselas información técnica manipulada, según han reconocido las autoridades actuales. Cuando el proyecto fue cuestionado por el Parlamento Europeo, se nombró una comisión técnica para su estudio, la cual llegó a conclusiones inequívocas respecto al agua disponible en el Júcar: si el río se comportase en los próximos 25 años como lo hizo en los 25 anteriores apenas se podrían trasvasar al Vinalopó 16 o 18 hectómetros cúbicos anuales de media, y ello aunque no se garantizase ningún caudal ambiental ni para el Júcar ni para L'Albufera, como ocurre en la actualidad. En cuatro de cada cinco años no se podría trasvasar cantidad alguna, y eso sin considerar los efectos del cambio climático. Sólo se podría enviar más agua quitándosela a los usuarios de la Ribera. Los cálculos de la comisión no sólo descontaban ya los supuestos ahorros de la modernización de los regadíos de la Ribera, sino también un recorte sustancial de la reserva del Júcar para Sagunto, Valencia, y su área metropolitana, cuyos ayuntamientos sorprendentemente no han planteado objeciones, quizá porque no han sido informados.

Ante la delicada situación en que quedaba el proyecto, la Dirección Técnica de la Confederación del Júcar (CHJ) propuso utilizar el acuífero de la Plana Sur de Valencia para generar recursos para el Vinalopó. Existen muy pocos antecedentes en el mundo del uso de aguas subterráneas para trasvases, si es que existe alguno. Las aguas subterráneas son la última reserva de cualquier sistema hidrológico, y utilizarlas para alimentar trasvases constituye el mayor grado imaginable de la insostenibilidad. Por eso en ningún lugar se atreven a plantearlo, no ya en la nueva política del agua, sino tampoco en la antigua. Pero en la CHJ no sólo se han atrevido, sino que han denominado a esta propuesta "uso conjunto" de aguas superficiales y subterráneas, violentando gravemente un concepto de gestión que fue ideado para reducir la presión sobre los ecosistemas acuáticos sobreexplotados, y no para aumentarla.

Mientras la CHJ proponía esta novedosa versión valenciana del "uso conjunto", la documentación oficial de la Directiva Marco europea calificaba el acuífero de la Plana Sur de Valencia como en "mal estado" químico, y con un grado de explotación "medio". Si al acuífero se le extraen los volúmenes propuestos para alimentar el TJV, y se le reducen drásticamente las entradas por la modernización de los regadíos (que aportan el 75% de la recarga), pasará a tener un grado de explotación "muy alto" -léase sobreexplotación-, y aumentará todavía más su contenido en nitratos y sulfatos. Esto, además de suponer un incumplimiento flagrante de la directiva marco, afectará a decenas de miles de personas que son abastecidas con esas aguas en la Ribera.

Pero la CHJ no ha estado sola, ni antes ni ahora, en sus esfuerzos para sacar adelante a toda costa el trasvase. La Generalitat y el Gobierno anterior han presionado a los regantes de la Ribera, prometiéndoles las obras de modernización y apelando a su lealtad política, para que acepten dócilmente la expoliación de sus derechos históricos. En su día les convencieron para que aceptaran el Pacto de Alarcón y el Plan de Cuenca del Júcar, con lo cual entregaron la llave del Júcar al Gobierno central, y el agua del río a Castilla-La Mancha y a Alicante. La CHJ trata ahora de convencerles de que acepten también utilizar sus aguas subterráneas en beneficio del Vinalopó. Últimamente, por fin, a algunos líderes agrarios parece que se les cae la venda de los ojos y comienzan a reaccionar. Si finalmente resultase que ya es demasiado tarde, responderán ante la Historia de no haber sabido defender el legado de sus mayores.

El papel de determinados círculos del PSPV ha sido decisivo en la última etapa del conflicto. Han presionado con todos los resortes a su alcance, primero al Ministerio de Medio Ambiente, y luego a la estructura federal del PSOE, para imponer la idea de que la cancelación del trasvase representaría un descalabro electoral en Alicante, y por efecto dominó, en las autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. El argumento parece haber calado, y ahora la dirección del PSPV defiende con uñas y dientes el trasvase, mientras todos los cargos acuáticos del PSOE desfilan semana tras semana por Alicante. En el PP se frotan las manos, pues justificando un trasvase se justifica el otro, y el PSPV ya comienza a crujir en las populosas comarcas del Júcar. Las obras, de momento, siguen adelante, y es posible que ya haya comenzado el trasvase de votos del Júcar al Vinalopó, muchos de los cuales se evaporarán en el trayecto.

Todo indica que el conflicto, lejos de decaer, se va a ir agravando, porque tiene una base real: si se construye la conducción, antes o después la poca agua del Júcar que le queda a la Ribera acabará en las urbanizaciones de Alicante, y en la Ribera lo saben. Las cosas se podían haber hecho de otra manera. Simplemente con que la CHJ hubiera presentado los resultados de la comisión técnica tal como salieron, la Comisión Europea, que asistió a la presentación, habría cancelado el proyecto en pocos días. Para enderezar el revuelo político subsiguiente al Gobierno le habría bastado con garantizar a los regantes del Medio Vinalopó -y sólo a ellos- que les entregaría en breve plazo 30 o 40 hectómetros cúbicos anuales de agua apta para riego y generosamente subvencionada, pues ese es todo el problema real que existe en el Vinalopó. Había, y sigue habiendo, varias alternativas al TJV para hacer esa entrega, con el agua mucho más garantizada y a menor coste para el contribuyente.

Ahora, las cosas se han enrarecido mucho. Las organizaciones ambientales españolas prácticamente han roto con la CHJ. La nueva política del agua del PSOE ha sufrido un descrédito considerable no sólo en el País Valenciano, sino en toda España. Los ciudadanos y las instituciones de la Ribera comienzan a organizarse para defender sus derechos históricos al agua del Júcar, una vez han comprobado que la CHJ no lo hace. El conflicto indefinido está servido. Las cuentas del desastre habrá que pedírselas a los técnicos que llevan años cocinando los datos hidrológicos del Júcar, y a los políticos del eje Madrid-Valencia del PSOE que al comienzo de la legislatura decidieron por su cuenta que el TJV debía construirse, cuando apenas estaba iniciado.

Es dudoso que un panorama como el arriba descrito se pueda calificar como nueva política del agua. Maquillar datos técnicos, construir obras que acaban esquilmando ríos, arruinando humedales y soobreexplotando acuíferos, o hacer malabarismos con el agua y los votos, no es la nueva política del agua que mucha gente viene reclamando desde hace años. La Fundación Nueva Cultura del Agua asegura que esto no tiene nada que ver con una nueva cultura del agua.

Antonio Estevan es portavoz de la Fundación Nueva Cultura del Agua en el País Valenciano