Una mafia emergente

Los tres enmascarados que el pasado 7 de febrero asaltaron el Consulado español en Berna preguntaron directamente por la caja fuerte. "No sabemos si querían los pasaportes, los visados, el dinero, o las tres cosas", dice el diplomático Angel Vázquez, portavoz en la Dirección General de Comunicación Exterior. La policía española apenas duda: fundamentalmente, buscaban pasaportes y visados. Huyeron de vacío al no conseguir la clave de la caja, en poder de un funcionario de la embajada. Hace un año, otro grupo asaltó el consulado en São Paulo para robar 1.397 pasaportes en blanco y 682 etiquetas de visado y trucarlos. El tráfico de documentos falsificados, que también acecha el proceso de regularización de inmigrantes abierto en España en febrero, es un negocio de escala planetaria y ha llegado a ser casi tan lucrativo y corruptor como el narcotráfico. Hace pocos años, un estudio canadiense calculaba que generaba ganancias equivalentes a las de un cartel de Colombia. Hoy se han multiplicado porque el desplazamiento de personas desde su país a un tercero es masivo, mayoritariamente ilegal, y proclive a pagar por su legalización si no puede lograrla en las ventanillas oficiales.

30 millones de documentos

"La irregularidad conduce a la invisibilidad social y coloca al inmigrante en una situación de vulnerabilidad y explotación", según Carlos Giménez, profesor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro Qué es la inmigración. Terroristas, delincuentes comunes y flujos migratorios de África, América Latina, Asia y del Este europeo requieren certificados de todo tipo. Cerca de 30 millones de documentos de identidad, robados o falsificados, circulan ilegalmente por todo el mundo, según Interpol. El banco de datos de este organismo nació en el año 2002 y almacena información sobre aproximadamente seis millones de ellos. Fuentes españolas precisan que cinco millones del total circulan por la Unión Europea.

El gran tráfico de documentos es controlado por multinacionales del delito que blanquean sus propios ingresos. Esas fraternidades del delito expiden tarjetas de residencia o de crédito, cartas de invitación, resoluciones, permisos de trabajo, certificados de penales, médicos, de buena conducta o carnés de conducir. Son documentos insuficientemente protegidos. Un buen equipo informático, una buena fotocopiadora y un sello fabricado en Quito o en Bucarest son, en ocasiones, herramientas suficientes para engañar a empleados de organismos administrativos escasamente adiestrados en la mecánica de las trampas.

"Todos los implicados en el 11-M portaban pasaportes falsos. Valen oro", subraya un jefe policial. Valen oro en el mercado negro, entre 5.000 y 6.000 euros, aquellos que, primorosamente adulterados, permiten la entrada en el área Schengen (España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia), son de imposible detección salvo con aparatos especiales. Las falsificaciones perfectas se venden fácilmente porque el comprador viajará por todo el mundo sin problemas y, además, franqueará cualquier proceso de regularización o de acreditación de identidad. Así, desde el año 2000, miles de irregulares fueron dados de alta en la Seguridad Social española con permisos de trabajo falsificados. "Sólo en Madrid, calculamos más de 100.000", asegura un inspector de la brigada de extranjería de la Comunidad de Madrid. Por uno de ellos llegó a pagarse 4.500 euros. Y el asesino del primer ministro serbio Zoran Djinjic, cometido en el año 2003, se movía libremente, de un país a otro, desde dos años antes con un pasaporte robado en 1999, según reveló en Madrid el director de los Servicios Policiales de Interpol, Jean Michel Lubotin.

La chapuza también tiene su mercado y un chorizo de la Gran Vía puede colocar un pasaporte a un inmigrante de patera por 500 euros o menos. Las legislaciones de casi todos los países son muy débiles a la hora de castigar el documento falso, contrariamente a la severidad contra el tráfico de heroína, cocaína, crack o de moneda. El tráfico de papeles no figura como delito en la mayoría de los códigos, y la falsificación se castiga únicamente con dos o tres años de cárcel. Esa benevolencia penal mortifica a los cuerpos de seguridad del Estado y obstaculiza la erradicación de mafias internacionales de estructura piramidal y ramificaciones locales. El Gobierno español trata de impedir su interferencia en el proceso de regulación, que finaliza en mayo. El número de irregulares se acerca al millón, según datos oficiales.

"Buena parte de la delincuencia internacional, incluido el terrorismo, se está financiando con documentos falsos", subraya Eduardo Rentero, jefe de la Brigada Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, que dispone de equipos muy sofisticados para descubrir las trampas. Durante el año 2003, se incautaron en España 8.614 documentos falsificados, y el pasado año, 9.013, según datos oficiales. Otros miles habrán sorteado las batidas policiales y blanqueado a sus eventuales portadores, pues la cruzada contra el fraude es ardua y las mafias internacionales, asociadas con bandas locales, no cejan. Cuando se les cierra un centro abren otro. Los más importantes de todo el mundo funcionan en Bangkok.

Durante los dos últimos años, las policías española y tailandesa desarrollaron importantes operaciones contra esas redes clandestinas: contra cuatro fábricas de moneda y timbre de los malos, regentadas por chinos y malayos. Las grandes factorías de la falsificación tienen de todo: la materia prima, el papel y la tinta, los sistemas y medidas de seguridad de los pasaportes, los operarios, la maquinaria y un mercado. Sus capos cuentan con estructuras y profesionales bregados en el narcotráfico, y plantillas de captadores, pasadores e intermediarios. Compran y venden, llevan y traen, y contratan correos: las mulas del tráfico de estupefacientes. Un agente al mando de un grupo operativo español resume el trato: "La organización les encarga qué hacer: 'Vas a Bangkok y recoges 1.500 pasaportes: 300 franceses, 200 alemanes, 500 tal, 500 cual. Te van a pagar tanto y por ese viaje nosotros te vamos a dar 1.500 euros".

Las falsificaciones más frecuentes

Esos carteles utilizan también la paquetería postal. Cientos de miles de documentos circulan a diario a través del correo normal o urgente y el escrutinio de sacas, sobres y envoltorios es trabajoso. La cooperación de España con policías alemanes, franceses o británicos fue necesaria para interceptar paquetes con pasaportes en blanco o a la carta, es decir, con la identidad del comprador ya impresa. El negocio mueve mucho dinero, muchísimo. ¿Cuáles son las falsificaciones más frecuentes? En primer lugar, los documentos para cruzar las fronteras de la Unión Europea, pasaportes, visados y permisos de residencia, y después, los requeridos por los procesos nacionales de normalización de inmigrantes.

España pide el carné de identidad del extranjero, un contrato de trabajo expedido por el empleador y sendos certificados de penales y de empadronamiento.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, calcula que cerca de 600.000 solicitarán la regularización. Pero el tiempo pasa, llegará mayo, y legiones con problemas para conseguirlos, entre ellos cerca de 10.000 indígenas andinos, artesanos por cuenta propia, tendrán la tentación de pagar a gánsteres. Los más desesperados estarán dispuestos a invertir el equivalente a su salario semestral promedio, en torno a los 4.000 euros, para comprar oficios amañados, susceptibles de evitar el quebranto de la repatriación forzosa.

"Ahora mismo es imposible la regularizacion con documentos falsos porque todo se comprueba en bancos de datos interconectados", afirma Félix Albertos, portavoz del Ministerio de Trabajo. No todos están tan seguros de que vaya a ser así. La banda liquidada en Navarra a principios de mes estaba formada por peruanos que engañaron a irregulares de esa misma nacionalidad ofreciéndoles fraudulentos contratos de trabajo a 3.500 euros cada uno. "He hecho mis cuentas y por 1.000 euros consigo todos los papeles", confiesa Héctor, un ilegal brasileño en una peluquería de Carabanchel, en cuya junta municipal se produjo un robo revelador: dos sellos utilizados para los certificados de empadronamiento.

Pero no todo es coser y cantar, porque la Administración también ha establecido sus cautelas, según advierte Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. "Durante la normalización detectamos que la mafia estaba poniéndose en el mercado de compra-venta de contratos".

Las luces rojas del sistema

La primera alarma se activa, según explica la secretaria de Estado, cuando una empresa no dada de alta en la Seguridad Social, y al día con sus obligaciones, propone la legalización de un inmigrante con un contrato de trabajo. "¿Por qué salta la alarma? Pues porque quien pasa por el primer filtro es la empresa. Si todo está correcto en la empresa, continúa el proceso". Después, a través de los registros suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se comprueba que el certificado procede realmente del ayuntamiento que lo ha emitido. "Si no, salta otra luz roja", agrega Rumí.

La convalidación del certificado de antecedentes penales emitido en origen pasa por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el cotejo de las firmas de los funcionarios extranjeros acreditados para expedirlo. Un certificado de la policía ecuatoriana, colombiana o de otro país tiene que pasar por el Ministerio de Exteriores de aquel país para evitar connivencias. "Y luego, de oficio, nosotros comprobamos que el inmigrante no tiene antecedentes penales en nuestro país", precisa Consuelo Rumí. Preocupa a las autoridades la corrupción en naciones donde la venta de carnés y certificados es habitual. "¿Está usted interesado en una licenciatura por una universidad marroquí?", ironiza un funcionario que cumplió destino en Rabat. "Hablo con una gente de Ceuta y son 100.000 pelas".

No obstante, el ministro consejero de la Embajada de Marruecos en Madrid, Fouad Yazourh, califica de "habladurías sin fundamento ni pruebas" ese tipo de imputaciones. Los antecedentes penales, según afirma, son imposibles de falsificar. "Están expedidos por un ordenador central de la Dirección General de Seguridad Nacional". Portavoces del Ministerio del Interior español admiten que, efectivamente, no es uno de los documentos donde se observen falsificaciones: "Es más frecuente en los pasaportes y en los carnés de identidad". El colectivo marroquí en España se acerca a las 370.000 personas y se han despachado cerca de 100.000 certificados de penales.

Pero el dinero mueve montañas y expedientes. Los siete inmigrantes marroquíes detenidos el pasado día 8 en Alicante escondían los útiles para ello: un tampón de autenticación judicial, sellos del Registro Civil y de distintas empresas y réplicas con estampaciones de la Diputación de Alicante. Una sucesión de fotocopias alteraban datos, firmas originales y fotografías y suplantaban nóminas y personalidades.

Las manipulaciones permitían la renovación de permisos de residencia, el acceso a prestaciones de la Seguridad Social, el cobro de baja por accidente y la obtención de créditos hipotecarios.

Pedro Zerolo, responsable de inmigración en la ejecutiva del PSOE, descarta que la falsificación vaya a ser "un elemento fundamental" en el proceso de regularización de inmigrantes, porque hay reglamento que lo regula. "Eso sí, tenemos que ser muy exigentes en las comprobaciones". El fenómeno ya existía, pero ahora aflora al vincularse la estancia en España al contrato de trabajo. "Justamente es lo que pretendíamos: sacar todo lo que había a nivel de economía sumergida y todas las mafias relacionadas".

El estigma de Chamba Jaramillo

Para María Ángeles Muñoz, portavoz de asuntos migratorios del Partido Popular, ha habido mucha improvisación. El proceso de de regularización, según sus pronósticos, difícilmente conseguirá la regularización de 800.000 personas, poner el contador a cero, terminar con la inmigración irregular y el afloramiento del empleo sumergido en los niveles pretendidos. "Además ha habido falsificaciones y venta de contratos o el hecho de que una misma persona aparezca inscrita cinco veces en Seguridad Social", añade, "y eso ya se puso encima de la mesa desde el principio". Las irregularidades comienzan en los países de procedencia. Ecuador, la primera comunidad extranjera en España con cerca de medio millón de intregrantes, una de las menos conflictivas, carga con el estigma de Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, detenido el pasado mes de diciembre por el asesinato de la joven catalana María Isabel Bascuñana, estudiante de Derecho. No se trata de un caso de falsificación, sino de doloso abandono de las responsabilidades oficiales, una auténtica lacra en las naciones de emigrantes. Para España, aquel carecía de antecedentes penales, según el certificado número 1840724, expedido en papel timbrado el 23 de junio del año 2003 por la Policía Nacional de Ecuador. Chamba Jaramillo, sin embargo, había violado y matado a ocho mujeres en Ecuador.

Este país autoriza la eliminación de antecedentes del reo previo informe favorable de la prisión donde cumplió la pena, examen psicológico, determinado plazo y otras garantías. "De haberse cumplido esos requisitos no hubiera sido posible limpiar su récord policial", admite un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Su embajador en Madrid, Francisco Carrión, subraya que el colectivo de compatriotas no ha causado colapsos, ni grandes problemas, "entre otras razones, porque han tenido trabajo y por la acogida de la afinidad".

Otras nacionalidades suscitan muchos más recelos. No obstante, la continuada entrada de extranjeros en España, el 80% a través de los Pirineos, y casi todos precariamente documentados o investigados, es asunto grave. Rodrigo Gavilán, portavoz de inmigración de la Confederación Española de Policía (CEP), niega cualquier intención política en sus críticas, pero incide en un aspecto a tener en cuenta: un argelino, por poner un ejemplo, puede demostrar que no tiene antecedentes penales ni en España ni Argelia, pero resulta que ha cumplido 16 años de cárcel en Francia por un delito de sangre. Serán regularizados numerosos extranjeros con causas judiciales pendientes "porque aunque ahora mismo no tienen antecedentes penales, el 3% o el 4% de los residentes en España tiene pendiente juicio y eventual condena", según ese delegado sindical. "Estamos hablando de más de 30.000 con causas judiciales si se regulariza a 800.000 inmigrantes".

Irregulares de Marruecos, Argelia, Nigeria y el resto de África encabezan la clasificación de detenidos. Más de 120.000 de diferentes nacionalidades fueron repatriados el pasado año, y más de 10.000 en lo que va de año, según datos oficiales. Las redes clandestinas acuden en ayuda de quienes consiguen quedarse. Algunas mafias chinas son imaginativas en origen y aprovechan la ingenuidad de las empresas españolas, francesas o belgas para colar a clientes suyos en España, que aprobó cerca de 21.000 visados a ciudadanos chinos para visitar España. Muy pocos, en comparación con Alemania, 168.000, y Francia, 170.000 visados. Se calcula que en torno al 3% de los beneficiarios se queda ilegalmente en la Unión Europa. Datos aportados por agentes policiales y corroborados por fuentes diplomáticas permiten reconstruir algunas de las maquinaciones urdidas para hacerse con el permiso de entrada en España.

El cebo de un buen negocio

El papeleo comienza así: una supuesta compañía china se pone en contacto con otra española que promociona sus productos por Internet. Los chinos envían un e-mail, o varios, identificándose como gente del mismo sector. Piden más y más información y manifiestan su disposición a una compra millonaria. El cebo anima a la empresa española.

Tras un nuevo cruce de correos, los chinos abordan los precios, que regatearán lo justo para no descubrir el embauque. Poco después, expresan su deseo de viajar a España. La petición se redacta en términos parecidos a éstos: "Una delegación de la empresa, encabeza por nuestro presidente, el director general, el mánager y los siguientes empleados... estaría interesada en visitar las instalaciones de su empresa para concretar el pedido". Puede ser una comitiva de once personas que en cuanto aterrice en Barajas se integrará en la maraña de la ilegalidad.

El careo consular con los empresarios puede demostrar que portan certificados, obviamente falsificados, ya que nada saben sobre lo que supuestamente van a comprar. Otros acuden con la lección bien aprendida y documentos auténticos adquiridos previo soborno de funcionarios..

"Pero lo que de verdad nos debe preocupar", avisa un funcionario español, "es que en las fronteras de los países del Este europeo hay 20 millones de chinos intentando entrar en la Europa comunitaria".