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Tabares y Lagier, condenados a 5 años y 10,5 millones en indemnizaciones por estafar al Ivex

La Audiencia de Valencia exculpa al consejo de administración del organismo público

Cinco años de cárcel y multa de 21.900 euros es la condena impuesta por la sección quinta de la Audiencia de Valencia a José María Tabares, ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), y al empresario Jean Luc Marie Lagier por un delito continuado de estafa agravado por otro de falsedad. La sentencia, recurrible, también condena a Tabares y a Lagier a pagar indemnizaciones al Ivex y a diversos bancos por casi 10,5 millones, al considerarlos perjudicados por las operaciones que desde 1995 realizaron ambos con el pretexto de ayudar a Ford a exportar a Túnez.

José María Tabares y Jean Luc Marie Lagier empezaron a realizar en 1995 una serie de operaciones financieras por las que la Audiencia de Valencia los acaba de condenar. Ese año, Tabares, primero director de comercio exterior de Procova (luego Ivex) y subdirector general y después como máximo responsable del Ivex, propuso la participación del instituto en una operación para generar derechos de compensación para que Ford pudiera exportar a Túnez -las autoridades de ese país exigían que las firmas foráneas que quisieran vender allí sus productos compraran también mercancías-. La operación fue encargada a Tabares, hombre de confianza del entonces director del Ivex, Juan Bautista Mir.

Las operaciones suponían que las empresas tunecinas de Lagier vendían al Ivex y éste a su vez a firmas en Europa propiedad del mismo empresario. El Ivex, a través de una cuenta en el Arab Bank, pagó a las empresas tunecinas pero no cobró por su venta. Resultado: una deuda en el citado banco de casi 3,2 millones de euros, que habría percibido Lagier contra una cuenta del Ivex y "sin conocimiento ni autorización del consejo de administración del Ivex", según subraya la sentencia.

La necesidad de pagar y ocultar la deuda les llevó a proyectar otra operación en 1998 "también sin conocimiento ni autorización" del Ivex. La operación les llevó a confeccionar más de 30 letras de cambio "que no respondían a operación comercial alguna". Letras de cambio que eran avaladas por Tabares en nombre del Ivex, consciente de que no podía ejercitar legalmente esa facultad. Las letras de cambio se crearon para presentarlas a descuento ante diversas entidades bancarias a sabiendas de que éstas lo harían sin desconfianza, dada la garantía de un aval procedente de un instituto público. La destitución de Tabares, en 1999, interrumpió la circulación de letras y dejó algunas en poder de las entidades bancarias, otras que Lagier no había descontado y otras descontadas y no pagadas, por las que se iniciaron procedimientos judiciales contra el Ivex en virtud del aval.

La Audiencia de Valencia, por ello, condena a Tabares y a Lagier a cinco años de prisión y a una multa de 21.900 euros a cada uno por un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito de falsedad. Tabares y Lagier también han sido condenados a indemnizar con un total de 10,47 millones de euros al BSCH, al BBVA, al Fortis Bank, al Ivex y a la Generalitat.

La Audiencia considera la participación de Tabares "imprescindible" para realizar las operaciones. La sentencia añade que no se ha podido fijar si se benefició económicamente de las mismas.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. En la misma, en cualquier caso, se absuelve a los acusados de los restantes delitos por los que se sentaron en el banquillo. Tabares y Lagier estaban acusados de delitos societario y de apropiación indebida.

Las respectivas defensas de los condenados criticaron el fallo y anunciaron su intención de recurrirlo. La defensa de Tabares calificó la sentencia de "manifiestamente injusta" y mencionó, a falta de un estudio más profundo, la existencia de "imprecisiones". En el apartado de la responsabilidad civil criticó que la indemnización es mayor que el perjuicio real causado. La defensa del empresario francés, por su parte, calificó de "muy duro" el fallo.

Las reacciones políticas tampoco se hicieron esperar. Desde la Generalitat y el PP se valoró un fallo que, defendieron, demuestra que los condenados actuaron por su cuenta y a espaldas del Ivex. El vicesecretario regional del PP valenciano, Ricardo Costa, exigió por ello al PSPV que "pida perdón" por "haber manchado la imagen" del Ivex. Los socialistas, sin embargo, creen que la sentencia "demuestra que las sospechas" eran "fundadas" y además "ha destapado una parte de la corrupción" del organismo público. La secretaria de Industria del PSPV, Amparo Marco, defendió, además, que la resolución es "la punta del iceberg de otros casos que van a ir saliendo". Para el portavoz adjunto de EU-Entesa en las Cortes, Joan Antoni Oltra, la sentencia prueba "la oscura gestión a la que ha sido sometida" la entidad. Oltra apostó por depurar responsabilidades políticas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de marzo de 2005