La ponencia del Estatut diseña unas Cortes de más de 99 diputados que podrá disolver el jefe del Consell

Las Cortes Valencianas tendrán un mínimo de 99 diputados, sin tope máximo, según el principio de acuerdo alcanzado ayer por los miembros de la ponencia para la reforma del Estatut d'Autonomia, que celebraron una jornada de trabajo en el castillo de Benissanó en la que PP, PSPV-PSOE y EU-L'Entesa dejaron en segundo plano los puntos de mayor desacuerdo para centrarse en consensos básicos.

Así, los tres grupos destacaron su acuerdo para introducir en el Estatut la capacidad plena del presidente de la Generalitat de disolver unas Cortes que pasarán de 89 diputados a un mínimo de 99. El Estatut fija ahora una horquilla de no menos de 75 y no más de 100 parlamentarios. Según el principio de acuerdo, el nuevo texto mantendrá que cada circunscripción electoral cuente con un mínimo de 20 diputados, si bien se modificará el criterio de proporcionalidad con la población por el que se reparte el resto de escaños, ya que en este momento no puede ser superior de uno a tres y se fijará que la relación no exceda de uno a 2,5. Miembros de la ponencia del Estatut calcularon ayer que, en función del censo, las futuras Cortes podrían albergar entre 105 y 109 diputados.

Hay acuerdo en que el Tribunal Superior de Justicia sea la última instancia judicial

La nueva configuración del Parlamento irá acompañada de una ampliación del periodo de sesiones, señaló el portavoz del PP, Serafín Castellano, quien explicó también que hay intención de "mejorar" el artículo referido a la elección del presidente del Consell, de modo que si no hay candidato en la primera o en la segunda votación, automáticamente se convocarían nuevas elecciones. El PP, en cambio, se opone a la propuesta socialista de permitir la autodisolución de las Cortes en casos de crisis institucional.

Tanto Castellano, como el portavoz socialista, Antoni Such, y el de EU-L'Entesa, Joan Ribó, consideraron positiva la sesión de trabajo, que a última hora de la tarde iniciaba el debate sobre la financiación autonómica y la posible creación de una agencia tributaria valenciana. Las bases del consenso se asentaron en cuestiones como el techo competencial, la nacionalidad histórica o el derecho foral, y se abrió la puerta a la rebaja del listón del 5% en la ley electoral, pero se mantuvo el desacuerdo en torno al referéndum sobre el nuevo Estatut, que rechaza el PP.La reducción del listón electoral para obtener representación parlamentaria del 5% actual al 3%, como defienden EU-L'Entesa y el PSPV-PSOE, es uno de los puntos de desencuentro con el PP. Los populares, no obstante, han abierto la posibilidad de eliminar la referencia a este porcentaje en el nuevo Estatut, y trasladar el debate a la Ley Electoral, que también recoge el listón del 5%. Serafín Castellano habló en un receso de la sesión de trabajo de "un principio de acuerdo en el que posiblemente no habría esta limitación" y en "aras del consenso se podría eliminar" el 5% para remitir a la Ley Electoral. Este punto, sin embargo, el PP lo condiciona a consensos globales en torno al Estatut y a nuevas negociaciones, según fuentes de la reunión. Para Joan Ribó, esta posibilidad de sacar del Estatut la referencia del 5% puede ser "una paso adelante si se consolida". Los socialistas, en principio, consideran que "más vale eso que nada, aunque es insuficiente".

Las posiciones en torno a la celebración de un referéndum para aprobar el nuevo Estatut d'Autonomia siguen enfrentadas. El PP mostró de nuevo ayer su rechazo a esta propuesta. Castellano afirmó que el referéndum para esta reforma "no tiene ni base legal ni base constitucional" y reiteró que el nuevo Estatut puede incluir mecanismos que facilitarían esta convocatoria para futuros cambios estatutarios.

Los miembros de la ponencia -además de los portavoces, Rafael Maluenda por el PP, y Ximo Puig por el PSPV- alcanzaron un principio general de acuerdo en los puntos referidos a las Cortes y su disolución, y también en el reconocimiento de la nacionalidad histórica, la introducción del derecho foral valenciano en el Estatut y en el nuevo techo competencial, que prevé asumir las que ahora se comparten con la Administración central y todas las que no son propias del Estado. Así, la Comunidad Valenciana ejercería la competencia en puertos, aeropuertos, seguridad vial o policía autonómica, entre otras, aunque quedan por detallar otras, como sería el caso de las prisiones.

La reunión -a la que no se dio publicidad hasta última hora del lunes- dejó sobre la mesa desacuerdos en relación con la descentralización del Poder Judicial a través de un Consell Valencià de Justícia, un órgano propuesto por los socialistas que el PP quiere rebajar a consultivo. Pero sí hay acuerdo en que el Tribunal Superior de Justicia sea la última instancia judicial -salvo en la unificación de doctrina-, dijo Such.

La inclusión de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en el Estatut topa con reservas por parte de EU-L'Entesa, que sólo aceptará este punto si "queda muy claro" que la institución se regirá por su ley de creación, subrayó Ribo. Los socialistas mencionan el dictamen de 1998 sobre la unidad del sistema lingüístico, lo que rechaza el PP.

Sobre la posible paridad en las listas electorales, por la que aboga el PSPV-PSOE, la relación con las comunidades vecinas en el arco mediterráneo, o un vínculo prioritario con los territorios de la antigua Corona de Aragón en asuntos de lengua y cultura, como propuso Ribó, los grupos no pudieron superar las discrepancias. El PP no aceptó tampoco los planteamientos de EU-L'Entesa sobre la definición de los valencianos y sus derechos lingüísticos.

El debate en torno a una agencia tributaria valenciana y su relación con la estatal, o el concierto económico, como pide EU-L'Entesa, no llegó al consenso. En cambio, la ponencia realizó aproximaciones en el capítulo de derechos de los ciudadanos valencianos, desde una perspectiva global, según fuentes de la reunión.

La ponencia encargará ahora a los letrados de las Cortes la redacción de un dictamen que pondrá de manifiesto los acuerdos y desacuerdos. El PP pretende aprobar el nuevo Estatut el 25 de abril, mientras que el PSPV prefiere no supeditar el resultado a esa fecha.