La fiscalía detecta un aumento de agresiones de hijos a padres

Los datos revelan que se ha convertido en un problema creciente que reclama una atención específica. La violencia de hijos menores de edad hacia sus padres ha experimentado un aumento imparable los últimos años. Así lo apunta la fiscal de menores de Valencia Teresa Gisbert, con las cifras de denuncias en la mano, que han pasado de 18 en 2001 a 284 el año pasado. Durante los dos primeros meses de 2005, ya son 55 las diligencias abiertas por casos en los que se ha denunciado la actuación violenta de los hijos contra sus progenitores.

Cuando unos padres vienen a la Fiscalía es porque están desesperados

La víctima, dice Teresa Gisbert, es la madre en la mayoría de los casos

La violencia de hijos menores hacia sus padres ha pasado de ser un episodio minoritario a convertirse en un verdadero problema al que hay que prestar atención específica. Es una de las reflexiones de la fiscal de menores de Valencia Teresa Gisbert. Según sus datos, mientras en 2001 se abrieron diligencias preliminares o de investigación sobre un total de 18 casos, en 2004 la cifra alcanzó los 284 casos. "Eso se explica por dos razones: porque la gente denuncia más al comprobar que existe una institución que se ocupa de ello; y que cada vez hay más casos, teniendo en cuenta que lo que sale a la luz es una minoría en la que la angustia, la situación es ya insostenible", explica Gisbert.

La fiscal de menores precisa que incluso podría ser que haya episodios de agresiones de hijos menores a sus padres que estén en realidad contabilizados bajo el epígrafe de lesiones, y cuyo cómputo elevaría todavía más las cifras hasta ahora conocidas en relación con el fenómeno. "La progresión es evidente. Sólo en los meses de enero y febrero hemos abierto diligencias preliminares en 55 casos que nos han sido denunciados".

Este tipo de maltrato familiar tiene algunas características que le son propias. La víctima, dice Gisbert, es la madre en la mayoría de los casos. Los actores, los menores que ejercen esa violencia, pasan por una adolescencia conflictiva, de relación muy dificultosa tanto en el entorno educativo como en el familiar. Además, se ha comprobado que hay casos que corresponden a situaciones de trastorno psiquiátrico y trastorno de la personalidad de los menores agresores. La edad de los protagonistas de estos episodios está entre los 15 años y los 17 años. Y en todos coincide el absentismo escolar.

Gisbert precisa que la violencia más habitual es la de carácter psíquico, "la violencia física es menos constante", puntualiza. La fiscal de menores de Valencia reconoce que son situaciones muy dramáticas: "Cuando unos padres vienen a la Fiscalía a denunciar que son víctimas de sus hijos menores es porque están desesperados, porque ya no pueden más, porque ha desaparecido cualquier referencia de autoridad, de diálogo, de respeto. Y lo hacen pensando siempre en que esa actuación sirva para reconducir la situación".

Por eso defiende la mediación como un elemento fundamental para abordar este tipo de realidades. "Los padres obtienen así una respuesta y el trabajo se hace entre todos", comenta. Pero también admite que son necesarios muchos más recursos, que es urgente que se produzca la implicación directa de los servicios sociales, "que son los que tienen de verdad capacidad, o deberían, para intervenir en muchos de los problemas que se desencadenan".

La fiscal de menores reconoce que ha habido casos en los que ha sido necesario dictar el alejamiento del menor de sus padres, "eso se hace dentro de la libertad vigilada". Y esa medida, que podría entenderse dentro del catálogo de las extremas, "es una de las que necesita el apoyo, el trabajo, la intervención de los servicios sociales, una red de actuaciones que garanticen una labor con el menor".

La Fiscalía de Menores afirma que la situación no es nueva, que va creciendo paulatinamente y que sus cifras resultan idénticas a las que se recogen en otras provincias. Teresa Gisbert reclama el apoyo que permita la intervención conjunta de los distintos actores implicados, entre ellos el sector educativo. Y desde ahí, desde la participación de todos los implicados, defiende la extensión de las mediaciones como una de las estrategias más conveniente para hacer frente a este tipo de violencia en el seno de las familias.