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Las excavaciones de una obra obligan a desalojar un edificio en Alcossebre

Tres de las cuatro paredes del inmueble han quedado en medio de un agujero de 8 metros

María Fabra

Tres de las cuatro paredes del edificio ubicado en el número 12 de la calle de Alcalá en Alcossebre están "en el aire". La casa forma una especie de península, rodeada por un agujero de cerca de ocho metros de profundidad. La familia que vivía en ella ha sido desalojada por el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, del que depende Alcossebre, mientras que las obras han sido paralizadas ante el peligro de que se derrumbe el edificio.

"La suerte es que la vivienda es nueva y apenas tiene cuatro o cinco años, porque si hubiera tenido más tiempo, no sé qué hubiera pasado", relataba ayer Juan Manuel Puig, uno de los hijos de la familia afectada.

La casa ha sido precintada y la familia sólo ha podido entrar en ella en una ocasión

Su "calvario" empezó a finales del pasado año, cuando una constructora inició las obras junto a la vivienda. Pese a que la familia desconocía el proyecto, en diciembre del 2004, cuando la perforación no alcanzaba ni la mitad de su profundidad y todavía existía un talud anexo a la vivienda, decidieron acudir al Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, a cuyo término pertenece Alcossebre, para conocer las previsiones en materia de seguridad. Presentaron un escrito y se procedió a lo que Puig define como "un apuntalamiento superficial de la vivienda para continuar profundizando en la excavación". Sin embargo, dado que la excavación continuó y tras las quejas expuestas, el Ayuntamiento emitió una orden, el pasado mes de febrero, para que los responsables de la obras adoptaran las medidas oportunas para asegurar la vivienda en un plazo máximo de siete días. Según el relato del afectado, estas medidas no llegaron y el Ayuntamiento "para no pillarse las manos" decretó una orden de desalojo el 26 de febrero y retiró la licencia de obras a la constructora.

La casa ha sido precintada y, desde entonces, los tres miembros de la familia que la habitaban sólo han podido acceder a ella en una ocasión, el pasado 1 de marzo, acompañados de técnicos y de la policía local, para recoger "lo más necesario". Sin embargo, según al familia, las obras continúan y a las fisuras que ya habían aparecido en el interior del edificio, han podido añadirse grietas que hagan peligrar su estructura.

Pese a las actas notariales y a los requerimientos realizados ante el Ayuntamiento, que envió a la policía local para certificar la desobediencia al decreto municipal, la familia sigue desalojada y se considera desprotegida. "Vamos a tener que alquilar un piso porque estamos en una casa que no es nuestra", indicó Puig, quien añadió a la lista de perjuicios la obligación de cierre de un pequeño negocio de verduras que tenían en el bajo del edificio.

"Creo que en una época en la que la economía se sustenta en el ladrillo habrá muchos casos parecidos a éste, sin ir más lejos, en los lamentables hechos del barrio del Carmel en Barcelona, pero también creo que las personas tienen que estar por encima de cualquier iniciativa económica", señala.

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