Turbulencias en la escuela de pilotos de Reus

La escuela de pilotos de Reus (Baix Camp), financiada por la Generalitat y el Ayuntamiento, ha despertado las iras de otros centros educativos estatales, que el pasado 1 de febrero denunciaron al Tribunal de Defensa de la Competencia que las subvenciones públicas recibidas por la escuela vulneran la competencia en el sector. El centro reusense acumula sospechas de irregularidades en su financiación después de que la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea y la Dirección General de Aviación Civil hayan revisado la contabilidad de la escuela.

Un piloto colegiado en Madrid reclama al Parlamento Europeo que inste a la devolución de los 6 millones de euros que en 2001 aportaron a medias el Ayuntamiento de Reus y la Generalitat. Este particular argumenta que el centro de Reus es excepcional, ya que ninguna otra escuela de aviación recibe dinero público según aseguran fuentes de la Asociación de Escuelas de Formación Aeronáutica (AEFA), y que las aportaciones económicas del Ayuntamiento y la Generalitat, aparte de otros fondos europeos, alteran la libre competencia.

El Centro de Estudios Superiores de la Aviación de Reus (Cesda) echó a andar el año 2001, después de que el entonces consejero de Política Territorial, Felip Puig (CiU), y el alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), estamparan su firma en un convenio que ahora está en tela de juicio. Fuentes de CiU explican que el proyecto del Cesda es anterior a la llegada de Puig a Política Territorial y, de hecho, el ahora portavoz parlamentario sólo llevaba unas semanas en el cargo cuando lo firmó.

Por otra parte, la AEFA ha denunciado también al Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Civil (COPAC) porque, según aseguraron fuentes de la asociación, presta el 10% de su presupuesto anual para financiar becas exclusivamente para alumnos de la escuela de Reus. Estas denuncias han coincidido en el tiempo con sendas investigaciones abiertas por la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) y la Dirección General de Aviación Civil por presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Rego, entidad que tutela la escuela de Reus y que está integrada en la actualidad por la Generalitat, el consistorio y el colegio de pilotos. La OLAF reclama 900.000 euros de fondos europeos Feder al entender que esta entidad contrató todas sus avionetas de instrucción y un simulador de vuelo con la empresa Daerm S.L., que hasta junio de 2004 también formó parte de la fundación, en vez de convocar concurso público.

Daerm S.L. es una empresa fundada, en paralelo a la escuela de aviación, por el presidente de la Fundación Rego, Juan Manel Pérez Aumatell -miembro de la fundación como delegado del COPAC- y también por personas del entorno de CiU de Reus, como su ex jefe de filas Tomàs Barberà y Andreu Pujol, marido de la concejal convergente Teresa Gomis, entre otros. Estas personas estuvieron entre las máximas impulsoras de la escuela desde el periodo 1991-1995, cuando el equipo de gobierno municipal estaba formado por PSC y CiU. Tras una crisis interna en la que Barberà denunció en 2003 la compra de tres aviones de segunda mano a precio de nuevos, a instancias del Ayuntamiento de Reus se encargaron auditorías externas para que valoraran la legalidad de que Daerm S.L., único proveedor del centro, formara parte de la fundación. Barberá dimitió a finales del 2003.

Ante las dudas sobre la relación entre la empresa Daerm S.L. y la Fundación Rego en una reunión de su órgano de gobierno, los asistentes instaron al secretario a leer al capítulo 28 de la Ley de Fundaciones y, tras escuchar el texto, no se tomó otra decisión que encargar un estudio externo. Seis meses después Daerm S.L. fue expulsada de la fundación.