Silencio, la vida del artista peligra

La tempestad verbal, institucional y jurídica que ha invadido estos últimos días el escenario en el que discurren nuestros legítimos representantes en el Parlament de Catalunya ha comportado un rosario de sobresaltos para los ciudadanos, que, dada la proximidad de la fiesta valenciana de las fallas, podría compararse a una de sus interminables tracas si no fuese porque en el mundo real no había una falla destinada a quemarse iluminando la noche, sino el drama verdadero de los vecinos del Carmel, exiliados definitiva o temporalmente de sus hogares y rodeados de múltiples incertidumbres. Este hecho, que para los involuntarios protagonistas y para los ciudadanos en general debiera ser el centro de gravedad de la acción política e institucional, cosa que reiteradamente dicen reclamar nuestros representantes, si bien en el terreno de las soluciones concretas ha ido avanzando trabajosamente, se ha convertido desafortunadamente en la peana sobre la que se ha desencadenado una tempestad de complicada solución.

Por fortuna, y pese a las afirmaciones solemnes del ex presidente Jordi Pujol, la tempestad no ha dividido dramáticamente a la sociedad catalana. En todo caso, la división, si bien es cierto que existe y que no puede minimizarse, queda circunscrita, como en el cuadro de Goya, a los contendientes políticos, y lo que han conseguido con ello no es que la sociedad se haya dividido, sino que haya entrado en un proceso de distanciamiento de los partidos, no exento de desconcierto y desconfianza.

Ante esta situación, la tendencia a la prudencia de cualquier observador se acentúa, temiendo, como en el circo, que cualquier ruido intempestivo se convierta en un peligro. Es, pues, desde la prudencia que, susurrando y habiendo dejado un tiempo de espera, uno se atreve a hacer algunas preguntas y algunos comentarios, comenzando por lamentar la incapacidad para asumir responsabilidades conjuntas en el origen, las causas, las consecuencias y las soluciones tanto del Gobierno de la Generalitat precedente, dada la herencia del pasado que ha dejado en el proceso, como del Gobierno actual, por la asunción plena de la continuidad institucional. Se hubiera debido poner por delante la acción conjunta a favor de unos afectados que, dadas las circunstancias en que se ha dado la catástrofe, todo el mundo sabía que ninguna reparación podía restituirles satisfactoriamente a su situación anterior.

La cadena de despropósitos y acusaciones que hora a hora ha venido produciéndose hace difícil discernir con claridad el grado mayor o menor de las distintas responsabilidades, si bien parece sensato considerar peyorativas las que han desbordado verbal o jurídicamente el ámbito estrictamente parlamentario.

No parece fácil que las aguas vuelvan a su cauce ni que se recupere inmediatamente la confianza institucional y política de los ciudadanos, si bien, llegando al matiz, no es descabellado suponer que el mejor puente para la recuperación pueden ofrecerlo los partidos y los representantes institucionales que en medio de la tempestad han conservado la serenidad y la sobriedad, en sus aportaciones concretas y en sus tomas de posición públicas.

Dejando de lado la moción de censura, formulada tácticamente como una muestra de habilidad instrumental, creo que no sería mucho pedir a nuestros representantes una sensata economía verbal y una renuncia a la gestualidad crispada, en favor de una colaboración eficaz en la tarea de atender a las personas afectadas, con una contribución al mismo tiempo al trabajo de la comisión parlamentaria que recupere la confianza por su trabajo transparente en las dos vertientes y con un total respeto a los trabajos de la fiscalía.

Tal vez así contribuyamos entre todos a que las aguas vuelvan a su cauce, y entremos en un periodo de recuperación de la necesaria confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos y en sus instituciones.

Antoni Gutierrez Díaz es miembro de ICV.