Los conservadores del Poder Judicial exigen dos de las tres presidencias del Supremo y bloquean su renovación
La renovación del Tribunal Supremo está bloqueada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al exigir los vocales propuestos por el PP jueces conservadores para dos de las tres presidencias de sala, a elegir por un mínimo de 13 votos, según la reforma legal que entró en vigor a finales de 2004. De aceptarse esta exigencia, serían conservadores cuatro de los cinco presidentes de sala del Supremo.
La máxima pugna se centra en la presidencia de la Sala Penal, que enjuicia a los aforados a nivel estatal, y a la que aspiran los conservadores Joaquín Delgado y Juan Saavedra, y el progresista José Antonio Martín Pallín.
Los negociadores conservadores y progresistas han tenido en cuenta la edad de los candidatos. Los vocales propuestos por el PP, dado que Delgado se jubila en noviembre de 2007, prefieren a Saavedra, que podrá agotar los cinco años de mandato, ya que se jubila en 2014. Los vocales propuestos por el PSOE mantienen la candidatura de Martín Pallín, que se jubila en junio de 2006, aunque observan que "duraría poco", y, de los dos conservadores, prefieren a Delgado, que durará menos que Saavedra.
Para la Sala Militar, el candidato conservador es Ángel Calderón, y el progresista, Juan Antonio Xiol. Para la Sala Civil del Supremo, el candidato de los vocales propuestos por el PP es Jesús Corbal, pero aceptarían como presidente al candidato de los propuestos por el PSOE Román García Varela, si se aceptan los otros dos presidentes de sala.
Ante el riesgo de que el presidente del CGPJ llevara al pleno de ayer la elección de cargos del Supremo y se visualizara el fracaso de la reforma legal -a punto de ser recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional-, los vocales de la minoría pidieron el pasado jueves por escrito que no se hiciera así, para culminar la negociación, dados los "sustanciales avances" alcanzados y que ayer fueron desmentidos.
El pleno eligió ayer a Antonio Dorestes, por 10 votos, presidente de una Sala de lo Social de Canarias, y a María Teresa Marijuán, por unanimidad, presidenta de la Sala Contencioso-Administrativa de Cantabria.
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