Conde-Pumpido pide a Interior el despliegue de policías especialistas en siniestralidad laboral

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha propuesto a Interior la creación de unidades especializadas en accidentes laborales en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Fiscalía y el ministerio preparan un protocolo para formar a los agentes que se firmará a finales de mes. Conde-Pumpido anunció esta medida en el primer curso de especialización de fiscales en siniestralidad laboral que se celebra en Granada y al que asistió el consejero de Empleo, Antonio Fernández, que aseguró que la Junta subvencionará a las empresas que contraten a técnicos en prevención de riesgos.

El recurso a la mano de obra extranjera ilegal y las cadenas de subcontratas que se suceden en algunos sectores productivos como el de la construcción (que provocan en ocasiones el ahorro de gastos relacionados con la seguridad) han dado una nueva dimensión penal al fenómeno de la siniestralidad laboral en los últimos años. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido aseguró ayer sin dar cifras que en 2004, el número de procesos abiertos por delitos relacionados con accidentes de trabajo se incrementó de forma notable. El año pasado, la siniestralidad laboral causó la muerte de 150 personas en Andalucía.

Hasta ahora, los juzgados y tribunales se apoyaban para estos casos en la Inspección de Trabajo y sus informes sobre el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales, pero la incorporación de inmigrantes irregulares y la cesión de mano de obra previa a muchos accidentes, son materias que, según los fiscales, escapan a sus funciones. "Se necesita un cuerpo especializado que indague estos hechos con mentalidad policial", explica el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, que considera que la carencia de medios y de personal de la Inspección restan eficacia a su labor en este campo.

El Fiscal General del Estado ha hecho suya esa petición. Para facilitar a jueces y fiscales la investigación y la persecución de este tipo de delitos, Conde Pumpido ha propuesto al Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, la creación de una policía especializada o de unidades especiales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilen que las empresas cumplan con la normativa de seguridad laboral. Esos agentes no actuarían sólo cuando se produjeran siniestros, sino que cumplirían también una función de prevención y complementarían la labor de la Inspección.

La necesidad de especialización se basa, según el fiscal general, en que estos delitos tienen un tratamiento especialmente complejo. Para su esclarecimiento, además de la experiencia en materia penal de los cuerpos policiales, se necesitan conocimientos sobre la normativa administrativa (contratos públicos, por ejemplo) o laboral (como la de prevención de riesgos). Conde Pumpido propone que Interior forme a los agentes en estos dos últimos campos. "Los principales problemas de estos casos son la investigación y la determinación de la autoría del delito debido a las subcontratas", explicó el fiscal general. "El protocolo con la policía establecerá los criterios que deben de seguirse para esclarecerlos", añadió.

El fiscal anuncio esta medida durante su intervención en el primer curso de especialización de fiscales en siniestralidad laboral organizado por la Junta que se celebra en Granada. Entre los ponentes, además del Fiscal General, se encuentran el diputado socialista Ramón Jáuregui y el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, así como magistrados, inspectores de trabajo, sindicalistas y altos cargos de las consejerías de Empleo y Justicia.

Hasta 4.700 euros

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, anunció durante su inauguración que la Junta dará subvenciones a las pequeñas y medianas empresas que contraten a técnicos en prevención de riesgos laborales sin estar obligados a hacerlo por ley. Fernández lo propondrá hoy a los sindicatos en el consejo rector del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como medida complementaria del acuerdo de concertación firmado por UGT, CC OO y la patronal. Las ayudas, según el consejero, pretenden evitar que esas empresas encargen sus planes de seguridad a otras compañías. Su cuantía oscilará entre los 3.500 y los 4.700 euros.

La consejería pondrá en marcha también un programa de formación para escolares de Secundaria y Formación Profesional que prentende difundir entre unos 10.000 jóvenes andaluces las normas básicas de prevención de accidentes. Ese programa comenzará el mes que viene.