Los jóvenes podrán suscribir iniciativas legislativas populares a partir de los 16 años

Los altos cargos de la Administración catalana serán destituidos si cometen falta grave, es decir, si omiten datos sustanciales en su declaración de bienes o incurren en incompatibilidades. El Gobierno de Pasqual Maragall aprobó y remitió ayer al Parlament un proyecto de ley que contiene estas medidas y endurece las incompatibilidades de los altos cargos. También envió a la Cámara un proyecto que facilita la iniciativa legislativa popular al rebajar de 18 a 16 años la edad para firmar estas proposiciones, que podrán presentarse con 50.000 firmas en lugar de las 65.000 actuales.

El proyecto, elaborado por el Departamento de Relaciones Institucionales, que dirige Joan Saura, amplía el plazo de recogida de firmas desde 90 días hasta 120, con el objetivo de estimular este tipo de iniciativas legislativas populares. La ley blinda la iniciativa legislativa popular para que ésta no se desnaturalice si los grupos parlamentarios introducen modificaciones sustanciales al texto inicial. Asimismo, se prevén indemnizaciones a la comisión promotora por los gastos ocasionados y permite incluso anticipos para cubrir los primeros gastos de recogida de firmas.

Otro proyecto presentado ayer, el de incompatibilidades de altos cargos, fija como tales al presidente de la Generalitat y los miembros de su Gobierno, hasta los directores generales, los máximos responsables de las empresas públicas, los miembros del Tribunal de la Competencia, el presidente del Consejo de Trabajo, los comisionados del Gobierno y los apoderados de fundaciones o consorcios donde la Generalitat tenga el 50% o más del capital o del patrimonio.

Compromiso de transparencia

El conseller en cap, Josep Bargalló, dijo ayer que el proyecto de ley pretende la "defensa a ultranza" que el tripartito hace de la "transparencia, el rigor y el comportamiento moral y ético" de sus cargos. El compromiso de la transparencia fue uno de los que el PSC, ERC e ICV-EUiA se fijaron en el pacto del Tinell para formar el Gobierno tripartito hace 15 meses.

La destitución por falta grave que podrá afectar a todos los altos cargos no regirá para el presidente de la Generalitat ni para los consejeros de su Gobierno, que estarán sujetos a su regulación específica.

La norma establece que durante los dos años siguientes al ejercicio del alto cargo se fija un periodo de incompatibilidad para "realizar actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución se haya intervenido directamente en ejercicio del alto cargo". También se prohíbe que una vez abandonado el cargo y durante dos años se puedan "celebrar por ellos mismos [los ex altos cargos] o mediante empresas o sociedades en las que tengan participación superior al 10% o subcontratistas de éstos, ningún tipo de contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración, organismos, entidades o empresas" públicas.

Fuentes del Departamento de Gobernación del que es titular Joan Carretero, afirmaron ayer que la Generalitat es la única Administración autonómica que hasta ahora no cuenta con regulación propia sobre incompatibilidades y sanciones. Existe un régimen de declaración patrimonial de altos cargos, pero la normativa sobre incompatibilidades se basa ahora en normas generales para funcionarios, dijeron estas fuentes.

Otra medida prevista prohíbe que los altos cargos reciban en concepto de reuniones o como miembros de consejos de administración más del 30% del sueldo que les corresponde por su trabajo principal como altos cargos. Tampoco se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración de empresas públicas, aunque el proyecto de ley deja la puerta abierta a este supuesto siempre con una "autorización especial en razón del cargo".

El ejercicio del alto cargo sólo será compatible con estas actividades: participación en seminarios, cursos, conferencias, siempre que no sea consecuencia de una relación de trabajo; producción literaria, artística o científica; participación en entidades sin ánimo de lucro, administración de patrimonio personal o familiar y la docencia universitaria, entre otras.

Incumplir las incompatibilidades será considerada falta grave. También será falta grave omitir datos sobre la situación patrimonial o profesional. Comunicar estos datos fuera del periodo previsto será considerada falta leve, pero dos faltas leves darán lugar a una grave y, por tanto, a la destitución del cargo.

Actualmente, el reglamento del Parlament prevé que los diputados presenten, en un periodo de dos meses después de su designación como parlamentarios, una declaración notarial de sus bienes patrimoniales y las actividades que les proporcionan ingresos económicos.El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer el proyecto de Ley del Paisaje de Cataluña, aplicando así la adhesión del Parlament a la Carta Europea del Paisaje, acordada por la Cámara mediante una resolución de 2000. La carta del Consejo de Europa reclama a todos los países de la UE políticas específicas, por cuanto se considera el paisaje "un elemento esencial para el bienestar individual y social, cuya protección, gestión y planificación comportan derechos y deberes para todo el mundo".

El proyecto de ley aprobado por el Consell Executiu prevé la creación de un fondo financiero para impulsar políticas de protección, gestión y ordenación del paisaje, orientadas a armonizar la preservación de sus valores patrimoniales, culturales y económicos con un modelo de desarrollo sostenible. Esta ley conformará el marco legal en el que se aplicarán estas políticas a través de dos instrumentos: los catálogos, de carácter descriptivo, y las directrices, de carácter normativo.

- Carreteras. El objetivo de la modificación de la Ley de Carreteras aprobado ayer es el desarrollo de las normas básicas reguladoras de la concesión de obra pública. Este cambio, que persigue una tramitación más ágil de los proyectos y más adecuada a la tipología de las carreteras que son competencia de la Generalitat, prevé que la iniciativa privada construya y explote una carretera a través de una concesión para un periodo determinado.

- Parque Astronómico.

El Parque Astronómico del Montsec, que pretende dotar a Cataluña de equipamientos básicos de investigación, formación y divulgación en el campo de la astronomía de forma vinculada al territorio, ha recibido 800.000 euros para impulsar su puesta en marcha este año.

- Concurso informático.

La Generalitat, a través de su Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, convocará antes de junio un segundo concurso para contratar servicios informáticos de carácter continuado. Los contratos, por cuatro años, se valoran en 136,52 millones de euros.