Dinamización y productividad

España es, después de México, la economía de la OCDE con una menor tasa de crecimiento de la productividad del trabajo (PIB por hora trabajada) en el periodo 1994-2003. Irlanda es la que ha registrado la mayor aceleración, pero otras economías europeas (Noruega, Finlandia, Suecia o Islandia entre ellas) han tenido crecimientos superiores en ese registro a la de EE UU, utilizada como referencia principal al respecto. Son datos incorporados por la OCDE en un reciente e interesante informe (Economic policy reforms: going for growth), que bien puede servir de marco para el análisis del "Plan de Dinamización" de la economía española que ha dado a conocer el Gobierno, y del que tendremos que ocuparnos en más de una ocasión. De hecho, la pretensión de esa publicación no es otra que la de constituir un sistema de contraste, a través de una amplia batería de indicadores estructurales para sus 30 países miembros. Merece la pena comentar algunos de ellos.

La muy reducida proporción de población educada es el otro rasgo estructural destacado de la economía española

Lo primero que destaca la OCDE en la nota específica de España es una lenta convergencia en renta por habitante con la economía de referencia, la de Estados Unidos, sin duda debida a esa mala evolución de la productividad. La proporción de empleo temporal, muy superior a la media de la UE15 y del conjunto de la OCDE es señalada en segundo lugar. La muy baja proporción de población educada es el otro rasgo estructural destacado.

Los indicadores relativos al coste del factor trabajo sitúan a España significativamente por debajo del promedio de los 30 socios de la OCDE en 1998 y 2002. El correspondiente a la regulación de los mercados de productos y al impacto de esas restricciones sobre el comportamiento económico es, sin embargo, superior a la media en 1998 y 2003. Como lo es, y mucho, el que sintetiza las barreras administrativas a la creación de empresas.

Algunas de las medidas incluidas en las seis líneas de actuación del primer paquete del "Plan de Dinamización" del Gobierno enfrentan directamente alguno de los problemas señalados por la OCDE y otras quedan supeditadas a procesos de negociación en curso (el articulado en torno al mercado de trabajo y diálogo social) o a reformas que tienen su propia dinámica, como la fiscal. Aunque la heterogeneidad de los vehículos legales en que se sustentan esas medidas (leyes, decretos, mandatos) no permite calibrar a priori su verdadero alcance, hay algunos aspectos que resultan relevantes.

El primero es el sistema de señales expresivas de los propósitos de la acción del Gobierno en materia económica. El carácter transversal de las actuaciones, comprometiendo a todos los departamentos ministeriales, es igualmente significativo. Como lo es la concreción temporal que se ha hecho de esos compromisos. Si, además, se difunde el sistema de indicadores necesario para la evaluación del grado de cumplimiento de ese plan, dispondremos de elementos de juicio suficientes para valorar la seriedad del propósito ahora divulgado y, en todo caso, para explotar adecuadamente ese útil "sistema de benchmarking" que nos ofrece la OCDE.