El fiscal informa en contra de la petición de indulto de Vera y Colorado

El fiscal ha informado "negativamente" las peticiones de indulto para el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, al no apreciar razones de justicia o equidad y dada la naturaleza y gravedad del delito de malversación de fondos reservados del Ministerio del Interior, por el que fueron condenados a siete y seis años de prisión, respectivamente.

El fiscal que firma los informes,Fernando Sequeros, recuerda que Vera ingresó en prisión voluntariamente por razones personales el pasado día 17 de febrero, días antes de su obligada incorporación. "Consecuentemente, en tan escaso margen de tiempo, poco o nada, en buena lógica, puede haber evolucionado su conducta, ni experimentado la actitud personal del mismo modificación alguna desde que se ordenara el cumplimiento de la condena".

El fiscal destaca después que la "dejación" de Vera para solicitar personalmente su indulto en modo alguno debe traducirse como ausencia de arrepentimiento por su parte, "en la medida en que no puede dejar de adivinarse en la misma, desde la perspectiva de su fuero interno, una posición coherente con el sostenimiento a ultranza de su perdida inocencia". El informe añade que la ley permite solicitar el indulto a los parientes o a cualquier persona "en su nombre", lo que debe comportar necesariamente la aquiescencia del condenado.

El ministerio público insiste en que los escasos días transcurridos desde el internamiento de Vera "son insuficientes para tomar otra determinación que no sea la reiterada en la sentencia", dado además que al expediente de indulto sólo se han incorporado por ahora los informes de antecedentes penales y los de buena conducta facilitados por la Guardia Civil de Torrelodones (Madrid), donde reside el ex secretario de Estado.

El informe recuerda después que Vera no ha satisfecho las responsabilidades civiles a las que fue condenado: restituir a la Administración del Estado la suma de 3,8 millones de euros. Según el fiscal, la imputación del pago a los bienes decomisados a Vera -su residencia de Torrelodones y dos fincas en Albacete- viene impuesta por ley al tratarse de efectos procedentes del delito, sujetos automáticamente a su pérdida "cualquiera que fueran las transformaciones que hubieran podido experimentar" y que escapa "a toda posibilidad de disposición por su parte".

"De lo expuesto, y habida cuenta además de la naturaleza y gravedad de los delitos objeto de condena, cuya entidad hemos destacado anteriormente, cometidos por las personas para quien se solicita el indulto, no resulta hoy por hoy aconsejable, desde ninguna de las perspectivas examinadas, la aplicación parcial ni menos total del mismo, lo que no debe comportar necesariamente su negación futura".

Respecto de Rodríguez Colorado, que aún no ha ingresado en prisión -tiene de plazo hasta el día 8 para presentarse- el fiscal reitera las mismas consideraciones que para Vera en cuanto a tiempo de cumplimiento y evolución de su conducta.

Pago fraccionado

Pero a continuación subraya que desde que le comunicaron la sentencia firme del Supremo que confirmó su condena, "procedió a satisfacer parcialmente las responsabilidades civiles por las que fue condenado, justificando haber ingresado en la cuenta de consignaciones parte de dicho importe, (89.000.000 millones de pesetas, 534.900 euros) a la vez que se ha ofrecido a pagar el resto de manera fraccionada, garantizando con hipoteca sobre su vivienda el importe de los plazos adeudados. El fiscal reproduce después que no resulta aconsejable su indulto, "lo que no debe comportar necesariamente su negación futura".

En otro apartado, el informe fiscal recuerda que los delitos objeto de la condena "han sido históricamente castigados con gran severidad", por "el quebranto y el descrédito que suponen para la función pública".