El delegado en León del Gobierno regional, del PP, construye un chalé ilegal en zona rústica

Eduardo Fernández, delegado en León del Gobierno regional de Castilla y León, del Partido Popular, está construyendo un chalé ilegal en una parcela de 4.412 metros cuadrados, junto al pantano de Bárcena, en las inmediaciones de Ponferrada, en un terreno donde no se puede edificar y del que no es propietario en su integridad. Se da la circunstancia de que Fernández es presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo de León y por lo tanto otorga o retira licencias de construcción en base a la ley que ahora parece olvidar.

El paraje natural no urbanizable donde levanta el chalé Fernández es un terreno rústico protegido en el que según las normas urbanísticas del vigente Plan de Ordenación Urbana no se puede edificar, salvo que se posea un millón de metros cuadrados. Muy por el contrario, Fernández solo cuenta con un contrato privado de compra, fechado en 1979, de 2.800 de los 4.412 metros cuadrados de la parcela que ocupa, a nombre de su madre, María Flor García.

Pero la totalidad del terreno figura en la relación de bienes de la Fundación Fustegueras, que ha pagado los impuestos desde su creación en 1977. A pesar de que el político reconoce que una gran parte de esta parcela no es de su propiedad ni de su familia, ésta se encuentra totalmente vallada con bloques de hormigón y tela metálica, con una instalación de riego automático.

Ni María Flor García ni su hijo Eduardo Fernández ni los supuestos anteriores propietarios -Heliodora Álvarez Valdés, Gonzalo Queipo de Llano y Belarmino Alonso García- figuran en el Registro de la Propiedad como tales, ni con algún tipo de propiedad en la zona.

Estos 2.800 metros cuadrados adquiridos por la madre del político, sobre los que se encuentra la edificación ilegal (anteriormente había una bodega también ilegal) no se hallan asentadas en el Registro de la Propiedad del municipio de Ponferrada, según el delegado del Gobierno regional en León, porque su padre, Magín Fernández, no los registró en su día, quizá porque no pudo ni entonces ni ahora, al no contar con los requisitos necesarios.

A esto se suma que por la totalidad de los 4.412 metros cuadrados de la parcela que disfruta el político, la contribución por finca rústica ha sido pagada en los últimos 28 años por la Fundación Fustegueras, creada tras la muerte de un rico vecino de Ponferrada, Miguel Fustegueras, y compuesta por los párrocos de la ciudad y el alcalde (hoy Carlos López Riesco, del PP, sucesor de Ismael Alvarez, condenado por acoso sexual a su concejala de Hacienda Nevenka Fernández).

En la ingente relación de bienes de esta Fundación ligada a la Iglesia sigue figurando en el catastro hasta este mismo mes de febrero la finca ocupada por el delegado de la Junta en León, a su vez presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo.

Tampoco el Ayuntamiento de Ponferrada, presidido por López Riesco (compañero de Eduardo Fernández en su etapa de edil popular de Ponferrada, desde 1995 hasta 2000) ha ordenado la paralización del chalé a pesar de carecer de licencia municipal y de ser el alcalde el máximo responsable de que se cumpla la ley en materia urbanística en su municipio.

La intención del difunto creador de la Fundación fue dejar a los ciudadanos de Ponferrada un legado para convertirlo en servicios sociales, en especial para enfermos y ancianos.

La compra de esta finca a la Fundación hubiera sido compleja pero no imposible, en cualquier caso un trámite largo y complicado para un particular. Es necesaria una subasta pública y el visto bueno de la Junta Rectora y del Protectorado de Fundaciones (compuesto por miembros del Gobierno regional).

La fundación deja de pagar

La decisión tomada por el administrador y el presidente de la fundación simplifica el proceso para que el político finalmente pueda llegar a hacerse con la finca.Se da la circunstancia que José García Álvarez, administrador de la Fundación Fustegueras, deja de pagar en enero de 2003 (después de haberlo hecho durante casi tres décadas) la contribución de esta finca y presenta en el catastro un recurso para la exención del impuesto.

El administrador Álvarez y el presidente, José Antonio Arias, párroco de San Ignacio en Ponferrada, toman la determinación de desprenderse de la finca tras considerar sorprendentemente que no pertenece a la fundación, a pesar de que en el catastro y en la oficina de recaudación del Ayuntamiento figura en la relación de bienes propios de esta.

Desde la fundación no se reclaman los tributos pagados durante casi tres décadas ni se dan más explicaciones de porqué se pierde una propiedad que supuestamente era suya.

Desde hace escasos días, el titular de esta finca en el catastro ha pasado a ser "desconocido", gracias a la renuncia de la Fundación, trámite que ha permitido al político el pasado lunes -después de ponerse en contacto El PAIS con él- iniciar un expediente para hacerse con el resto de la finca sobre la que construye el chalé ilegal, según ha reconocido el propio Fernández.

No obstante, éste no ha podido presentar ningún tipo de justificante que le acredite como nuevo propietario del terreno, ni siquiera el pago de los impuestos de la finca que hasta ahora ha satisfecho en su totalidad la Fundación Fustegueras.

El Ayuntamiento de Ponferrada tampoco ha pedido explicaciones por lo ejecutado por la Fundación, pese a que es uno de los garantes de las propiedades destinadas a los ponferradinos.

Recientemente la ministra de Cultura, Carmen Calvo, en una visita a Las Médulas, la antigua mina de oro romana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no pudo inaugurar un centro de visitantes porque Fernández consideró que se trataba de un edificio sin licencia. El delegado regional señaló entonces que el Ejecutivo autonómico intentaría legalizar las obras, pero que nadie debía olvidar "sus obligaciones legales cuando se ejercen desde los cargos públicos".

Eduardo Fernández, cercano al presidente regional, Juan Vicente Herrera, ocupó el cargo de Director General de Administración Pública de la Junta de Castilla y León, desde junio de 2000 a julio de 2003, con Alfonso Fernández Mañueco (secretario del PP regional) como consejero de Presidencia y desde entonces es delegado del Gobierno regional. En el último Congreso fue elegido secretario provincial del PP de León.