La Federación de Asociaciones de Vecinos pide "unidad en el Carmel"
La unión hace la fuerza. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Eva Fernández, hizo ayer un llamamiento a la "unidad de todos los afectados" por las obras de metro de la línea 5 del Carmel para "hacer frente a los políticos". La petición fue compartida por el presidente de la Asociación de Vecinos del Carmel, Fernando González, quien anunció que para el próximo sábado se está organizando una manifestación, cuyo punto de partida será la plaza de Urquinaona. Estas declaraciones se produjeron durante la celebración de la 20ª Asamblea de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, celebrada este fin de semana en Santa Coloma de Gramenet.
"La crisis del Carmel es una de las más grandes de toda la historia de Barcelona", declaró Fernández a este diario. "Y no es breve", continuó; "como mínimo durará 15 años". Por eso, "hace falta que todos los afectados estén unidos, independientemente de que cada uno tenga su propio abogado". En este sentido, Fernández se quejó del "individualismo social" existente en el barrio, que relacionó directamente con "el surgimiento de diferentes plataformas". La presidenta también manifestó que la diversificación de los vecinos afectados "sólo consigue que se valoren menos las demandas", pues no se hacen desde "un afán de equidad y justicia, sino desde la perspectiva de los abogados, que sólo piensan en sus comisiones".El presidente de la asociación de vecinos del Carmel, Fernando González, reivindicó que la asociación que preside, cuyo origen data de 1972, fue la que empezó las movilizaciones y la primera que tuvo contacto con la Generalitat. "Somos los únicos que hemos incluido a dos geólogos y a un arquitecto, además de disponer de un despacho de abogados, que no va a suponer ni un solo euro para los vecinos", añadió. González aseguró que se enteró de la existencia de otras plataformas, "a raíz del zipi zape del Parlament", en alusión al cara a cara entre el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y el líder de CiU, Artur Mas, durante el pleno extraordinario del pasado jueves. "Estas plataformas han surgido por intereses particulares y sólo buscan el beneficio propio", criticó. Aun así, González enfatizó la necesidad de "integrarnos con coherencia", algo que lleva reclamando "desde el principio" de la crisis.
Los políticos también se llevaron su parte. González los responsabilizó de fomentar la creación de diferentes plataformas por haber concedido "reuniones de baja intensidad", a las que no acudieron "altos cargos", a varias de estas nuevas agrupaciones. Debido a estas reuniones, González teme que "la Administración beneficie a unos vecinos más que a otros", algo que "no puede ni debe hacer".
La presidenta de la federación de asociaciones de vecinos de Barcelona, Eva Fernández, fue un poco más lejos: "Los políticos no están a la altura de las circunstancias", lamentó. "No piensan en el presente de las personas, sino en el futuro de los votos", sentenció. Fernández rebajó el tono para comentar que ha habido "celeridad en el trato de primera línea", pero lo volvió a subir para manifestar que "una vez superado ese nivel", los políticos "no han sabido transmitir a la ciudadanía los acuerdos tomados". Y esto está generando "cada vez más confusión", apostilló.
Nueva ley de fiscalidad local
La 20ª Asamblea de Asociaciones de Vecinos de Cataluña reunió a 168 personas, integradas en 18 federaciones y 72 asociaciones. Una vez aprobados los presupuestos y el plan de trabajo para 2005, el vicepresidente de la confederación de federaciones de asociaciones de vecinos de Cataluña (CONFAVC), Joan Martínez, defendió la necesidad de crear una nueva ley de fiscalidad municipal, con el fin de "garantizar que los Ayuntamientos no tengan que cargar con impuestos a los vecinos", sino que "reciban los fondos necesarios" del resto de Administraciones.
El presidente de la CONFAVC, Alfredo Vela, aseguró que "espera mucho del Estatut de autonomía" porque "la confederación es necesaria para los organismos públicos, pero no es reconocida por la Constitución". Al acto acudió el secretario general de Bienestar y Familia, Antoni Segarra.
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