Los vecinos del Carmel impiden que los técnicos inspeccionen sus casas

Los vecinos del barrio del Carmel afectados por los derrumbes ocasionados por las obras del metro de Barcelona impidieron ayer a los técnicos que inspeccionasen la seguridad de sus viviendas. Exigen que antes de que se les autorice a volver a ocupar sus pisos, se realicen los derribos previstos en otras viviendas y se les abonen las indemnizaciones. La Generalitat de Cataluña había previsto para ayer las primeras inspecciones. Los técnicos designados por el Gobierno catalán y la asociación de vecinos sólo pudieron acceder a una de las 29 viviendas que iban a revisar. El resto se negó a dejarles pasar.

Los portavoces de 623 vecinos alojados en seis hoteles de Barcelona ya avisaron el martes que nadie volvería a sus casas sin que antes la Generalitat derribara los tres edificios que quedan por demoler y se les pagaran las indemnizaciones. Ayer lo confirmaron con hechos: dieron plantón a la Generalitat, y de las 29 viviendas de la calle Llobregós que debían ser revisadas -en las que residían unas 30 personas- sólo se pudo acceder a una.

La Generalitat había previsto empezar las inspecciones en dos edificios ubicados en la parte más alejada de la zona donde se produjeron los socavones. A las 9.00 acudieron un técnico de la empresa pública Adigsa, un miembro del Colegio de Arquitectos, un técnico designado por la Asociación de Vecinos y un representante del Ayuntamiento. Pero los vecinos que les aguardaban en la calle se negaron a que revisaran sus casas.

"Ayer entré a ver cómo estaba mi piso y me percaté de que las grietas eran más grandes. No pienso dejar que me lo inspeccionen hasta que terminen todos los derribos y todas las obras", aseguró Isabel Farrús, vecina de uno de los inmuebles que debían ser inspeccionados.

El Ayuntamiento avisó a los vecinos de los inmuebles de Llobregós 132 y 134 de que se efectuarían inspecciones en estos inmuebles el martes por la noche. De inmediato circuló la consigna de que nadie entrara en sus viviendas como "medida de protesta y presión", según aseguraron varios vecinos afectados. "Por la noche nos reunimos en el hotel en el que nos alojamos y decidimos avisar por teléfono a nuestros vecinos para que no dejaran pasar a los técnicos", explicó Farrús.

Los desalojados piden, antes de cualquier inspección, que se efectúen las demoliciones de los tres edificios que deben ser derribados y que finalice toda obra que esté en marcha en el barrio. También reclaman más garantías de seguridad y, por último, quieren que la Generalitat fije el importe de las indemnizaciones y lo abone a cada afectado. Sólo accedió a la inspección el vecino del entresuelo 1ª del inmueble 134 de Llobregós, que aseguró haberlo encontrado en "bastante buen estado".

El Gobierno catalán aseguró ayer que no seguirá las inspecciones hasta que los vecinos lo pidan a través de uno los centros que se han habilitado para este fin. Fuentes de la empresa Adigsa, que depende del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, aseguraron ayer que no pretender forzar a nadie a regresar a sus casas. "Se actuará a petición de los vecinos, y en ningún caso les vamos a obligar a volver", aseguraron las mismas fuentes. Tampoco se establecerá un calendario fijo para los regresos.