La defensa acepta que el presunto homicida sea condenado por posesión de armas

La vista oral contra Alfredo Galán Sotillo vivió ayer un sorprendente giro. La abogada defensora del supuesto asesino del naipe, Helena Echeverri, cambió su escrito provisional de acusación y aceptó únicamente un delito de posesión de armas. El fiscal y las acusaciones particulares se quedaron sorprendidas por este cambio, ya que supone que la letrada renuncia a una de las piezas en las que basar la exculpación de Galán. Hoy está previsto que sean leídos los informes finales y el juicio quede visto para sentencia.

La abogada de Galán aceptó que su cliente sea culpado de un delito recogido en el artículo 564 del vigente Código Penal, que pena con prisión de uno a dos años la tenencia ilícita de armas cortas. Echeverri pidió de hecho un receso de 15 minutos en la vista para poder hablar a solas con su cliente y preguntarle si aceptaba esa acusación. Al final lo hizo.

Uno de los abogados de la acusación particular preguntó entonces si se refería a la pistola Tokarev del calibre 7,62 que figura en las diligencias como la utilizada por Galán para cometer, supuestamente, los asesinatos (aunque nunca ha sido encontrada). La defensora intentó negarse a responder este extremo, pero el presidente de la sala le obligó a decirlo. Echeverri, sólo entonces, afirmó que sí se refería a esa arma.

Pistola sin recuperar

Los abogados de las acusaciones se mostraron sorprendidos por este cambio de calificación. Algunos llegaron a aventurar, incluso, que Echeverri ha perdido toda posibilidad de defensa. Explicaron que, hasta ese momento, el hecho de que el arma homicida no hubiera sido encontrada restaba efecto a algunas de las acusaciones. Pero, al admitir la defensa de Galán que el arma era suya, lo pone de nuevo en una situación muy comprometida.

Las acusaciones particulares no quisieron desvelar por dónde irán sus informes finales. Todas, al igual que el fiscal, cambiaron sus calificaciones finales (donde fijan las acusaciones y las indemnizaciones que solicitan). Pidieron más dinero para las víctimas y retiraron la circunstancia atenuante de que Galán se entregara a la policía en julio de 2003. Algunos abogados motivaron esta decisión en la falta de colaboración con la justicia por parte del acusado y en el hecho de que se retractara de las declaraciones iniciales de culpabilidad. Esto sucedió en septiembre de 2003.

Una de las piezas fundamentales será determinar si el Estado es responsable civil subsidiario y se tiene que hacer cargo de las indemnizaciones millonarias que piden las acusaciones y el fiscal.

Galán fue cabo primero del Ejército hasta el 4 de marzo de 2003, cuando causó baja definitiva. Cuatro de los seis asesinatos los cometió, supuestamente, siendo militar. El arma usada para estos crímenes fue comprada en una misión humanitaria en Bosnia y traída a España tras ser ocultada en un televisor enviado con cargo a la estafeta postal del Ejército.