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Reportaje:

Chipre, costa del desengaño

Miles de europeos pueden perder sus casas turísticas en la zona turca de la isla ante las denuncias de los antiguos dueños grecochipriotas

Juan Carlos Sanz

"Villas Otelo. Disfrute de la virginal costa del norte de Chipre, entre Famagusta y Karpasia. Lujosos chalés a escasos minutos de la playa a partir de 85.000 libras esterlinas (125.000 euros). UK Cyprus Ltd". Atraídos por las expectativas de normalización de Chipre despertadas tras el referéndum de reunificación organizado por la ONU el 24 de abril del año pasado, miles de europeos, británicos en su mayoría, han adquirido residencias turísticas en el litoral turcochipriota, que pasaba por ser uno de los mejor salvaguardados del Mediterráneo. Ahora está jalonado de carteles con ofertas inmobiliarias.

Las sucesivas reclamaciones legales de los antiguos propietarios grecochipriotas se han estrellado ante las siniestras alambradas de la línea verde. El conflicto interno que estalló entre las comunidades griega (800.000 personas) y turca (200.000) poco después de que Chipre se independizara del Reino Unido en 1960 culminó hace 30 años con la ocupación militar turca del norte del territorio y la partición de la isla. Más de 200.000 grecochipriotas tuvieron que huir entonces hacia el sur, a la República de Chipre, miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.

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"La explotación de las propiedades pertenecientes a los grecochipriotas expulsados es ilegal, y sus legítimos titulares tienen derecho a recuperarlas", advertía ayer en el sur de Nicosia Kypros Chrystomides, portavoz del Gobierno de la República de Chipre. El llamado caso Orams, que está a punto de ser sentenciado en firme por el Tribunal Supremo grecochipriota, va a sentar un precedente de consecuencias impredecibles para los más de cerca de 10.000 extranjeros (entre ellos 6.000 británicos), según datos de la Cámara de Comercio turcochipriota, que han adquirido propiedades en el norte de la isla en los últimos años.

El tribunal civil de primera instancia grecochipriota ya falló el pasado noviembre en contra de David y Linda Orams, un matrimonio británico próximo a la jubilación que pensaba en retirarse en el soleado norte de Chipre. Los Orams fueron condenados a demoler el chalé que construyeron y a entregar la propiedad de la tierra al grecochipriota que les demandó, Melitis Apostolides, cuya familia aún posee las escrituras originales.

De acuerdo con los datos de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos grecochiopriota, el 82% de los bienes inmuebles del norte de la isla estaba registrado a nombre de grecohipriotas en 1964, una proporción que se mantuvo invariable hasta la invasión turca, diez años más tarde.

Advertencia británica

El semanario británico The Observer, cuyas investigaciones motivaron una advertencia del Ministerio de Exteriores del Reino Unido sobre el riesgo potencial de adquirir propiedades en el norte de Chipre, aseguraba en su última edición que el abogado del reclamante grecochipriota en el caso caso Orams iba a hacer efectiva la sentencia, ante la justicia británica en cuanto se produzca el fallo del Supremo en Nicosia.

"Exigimos que se detenga esta explotación antes de reanudar las negociaciones sobre el plan de la ONU. Hay que tomar medidas urgentes contra la usurpación de propiedades", advierte el portavoz del Gobierno grecochipriota. "Los especuladores están engañando a los europeos, pero los compradores deben saber que cometen una ilegalidad". En el norte de la capital de Chipre, al otro lado de la línea verde patrullada por los cascos azules de Naciones Unidas, el primer ministro turcochipriota, Mehmet Alí Talat, que el domingo revalidó su cargo en las elecciones legislativas, aseguraba que "la tierra sólo es dinero".

Los responsables de su Administración sostienen que los turcochipriotas tuvieron que abandonar entre 1963 y 1964 más de un centenar de poblaciones a causa de los conflictos de la isla, y que miles de miembros de esta comunidad dejaron atrás sus propiedades en el sur tras la partición de 1974. "Al final, se trata de una cuestión económica. El plan de la ONU dedicaba la mitad de sus 9.000 páginas a regular la cuestión de la compensación de propiedades. Los turcochipriotas votamos a favor del en el referéndum, pero los grecochipriotas lo rechazaron. No es culpa nuestra si ahora no se aplica", zanja la cuestión Talat.

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz
Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.

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