El apagón

Por una de esas ironías del destino, a Francisco Camps le correspondió votar el domingo en el Instituto Lluís Vives de Valencia, el mismo al que Iberdrola le cortó la luz por impago diez días atrás. El apagón de aquella mañana se convertía, paradójicamente, en un fogonazo sobre las quebrantadas cuentas de la Generalitat Valenciana. El propio president tuvo que hablar en persona con los responsables de la compañía eléctrica para que se reanudara el suministro a la mayor brevedad y minimizar así lo que a todas luces, valga la expresión, era un ridículo que podía acabar en escándalo.

Aunque es condición frecuente del político la facultad de comerse un sapo cada mañana y algunos de los miembros de ese gremio cifran su oficio en la capacidad de blindarse ante las críticas ajenas, no es aventurado afirmar que el bochornoso espectáculo del Lluís Vives acudiría a la cabeza del president cuando acompañado de su familia se encaminaba al instituto, convertido en colegio electoral.

La construcción de nuevos centros educativos, a través de la empresa pública Ciegsa, se ha convertido para Camps en uno de los puntos más oscuros de la herencia recibida de Eduardo Zaplana, pero también de su propia gestión. Hace menos de un año, el 23 de marzo, el grupo parlamentario del PP suscribía un pacto de silencio, impidiendo con sus votos la comparecencia en las Cortes del gerente de Ciegsa, Javier García Lliberós, a quien los socialistas y Esquerra Unida habían acusado de numerosas irregularidades, que se añadían a los cuantiosos sobrecostes detectados por la Sindicatura de Cuentas en el año 2002. La oposición habló entonces de la empresa como "un agujero negro en el presupuesto público imposible de escrutar". Ni luz ni taquígrafos.

Diez meses después, en enero de este año, asumía las riendas de la empresa pública el subsecretario de Educación Máximo Caturla y se le retiraban las competencias a García Lliberós. Sin embargo, García Lliberós continuaba figurando formalmente como gerente y la diputada socialista Ana Noguera denunciaba que el hombre de confianza de Zaplana seguía manteniendo su sueldo de 90.000 euros anuales, a los que habría que añadir los pluses y un contrato blindado por el que percibiría 360.000 euros en caso de despido. La ley del silencio se imponía una vez más.

Ahora, a las críticas de la oposición y a los análisis de los auditores se suma un demoledor escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, protestando por el "alto grado de arbitrariedad" en las adjudicaciones de las obras de Ciegsa y pidiendo la suspensión cautelar del proceso para que una comisión independiente revise el proceso. La nueva petición de luz y taquígrafos realizada por los arquitectos cuestiona la gestión de quienes se suponía iban a poner orden en el agujero negro y amplía el foco a la hora de buscar responsabilidades.

Hay apagones, como el del Instituto Lluís Vives, que generan mucha luz. Así que no es de extrañar que el domingo, cuando Camps fuera a votar al Lluís Vives, diera muestras de una cierta afonía, porque, por mucha profesionalidad que se tenga, a veces es imposible de evitar que el tamaño de los sapos genere ciertas irritaciones en la garganta. Puede que el president tuviera una premonición de lo que iba a pasar y ya estuviera pensando en ello cuando hace unos días aseguró que estaba "enfermo de optimismo".