El PP quiere que el Estatuto de Madrid permita tener policía propia

Los populares van a proponer a los otros dos partidos con representación parlamentaria (PSOE e IU) que la futura carta magna de la región incluya tres nuevas competencias autonómicas: el control y gestión de las Cercanías y de las estaciones de tren, la creación de una policía adscrita al Gobierno regional y la división de la Comunidad de Madrid en 12 circunscripciones electorales.

Estas modificaciones del Estatuto necesitan del apoyo de los grupos de la oposición para ser aprobadas por el pleno de la Asamblea. De hecho, este mismo mes los tres grandes partidos acordaron crear una una comisión tripartita con el fin de acometer estas reformas.

La propuesta del PP incluye la asunción por parte de la Comunidad de Madrid de toda la red de Cercanías de Renfe en Madrid. Se trata de más de 200 millones de viajes anuales, diez líneas y casi un centenar de estaciones en la región.

Fuentes del Partido Popular aseguran que esta formación política acepta que las dos grandes estaciones ferroviarias de Madrid, la de Chamartín y la Atocha, "sigan bajo el control del Ministerio de Fomento, ya que a ambas llegan trenes de largo recorrido procedentes de otras regiones de España".El PP quiere que el nuevo Estatuto permita asumir la gestión de los cercanías de Fomento para crear una "red ferroviaria integrada" que incluiría las líneas de Renfe, el Metro y las futuras líneas del tren ligero: metrooeste (Pozuelo, Boadilla y Alcorcón), metroeste (Coslada, San Fernando) y metro norte (Alcobendas y San Sebastián de los Reyes).

Esperanza Aguirre (PP), Rafael Simancas (PSOE) y el coordinador general de IU, Fernando Marín, se reunieron hace unos días en el Círculo de Bellas Artes y acordaron crear esta comisión, que, entre otras cosas, estudiará las reformas del Estatuto de la Comunidad, el Reglamento de la Asamblea de Madrid, el modelo territorial y la Ley de Régimen Especial de Madrid.

El secretario general de los socialistas madrileños exigió entonces a Aguirre el "cese de la confrontación institucional" del Gobierno de la Comunidad, tanto con el Gobierno central como con los Ayuntamientos. Según el PSOE, ésta es una condición indispensable para que esta comisión tripartita funcione.

El Gobierno regional de Aguirre, además de las competencias en ferrocarriles, estudia modificar el vigente Estatuto de Autonomía como fórmula previa para poder contar con una unidad de policía adscrita que estaría bajo el mando del propio Ejecutivo madrileño. Las llamadas unidades adscritas están formadas por policías y guardias civiles que el Ministerio del Interior cede a las comunidades autónomas (así están ya en la Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía). En realidad son una especie de policía autonómica descafeinada.

El Ejecutivo regional, no obstante, rechaza que se esté planteando o crear un cuerpo de policía similar a la Ertzaintza vasca o a los Mossos d'Esquadra de Cataluña con amplias competencias policiales en sus respectivas comunidades autónomas.

Contra la violencia sexista

La policía adscrita que el PP estudia se dedicaría a combatir principalmente la violencia sexista, los delitos medioambientales, y a realizar tareas de policía de barrio y de seguridad ciudadana.

Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, siempre se ha mostrado contrario a la posibilidad de crear una policía autonómica madrileña. Simancas considera que añadir a la lucha contra la inseguridad un nuevo cuerpo policial autonómico "no tiene ningún sentido, sería un error". Para Simancas, "el camino a emprender es el de la coordinación y la optimización de esfuerzos" entre las diversas administraciones.

El tercer pilar del nuevo Estatuto de Autonomía sería la creación de 12 circunscripciones electorales. En cada una de ellas, los ciudadanos elegirían entre 9 y 12 diputados, hasta un total de 122, once más que los actuales.

Las áreas electorales serían, a grandes rasgos, las siguientes: un gran distrito en el norte de la región (San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y los 42 municipios de la sierra norte); otro en el oeste, que engloba a los municipios de la sierra oeste y suroeste (desde Las Rozas a Santa María de la Alameda); dos distritos electorales en el sur (uno en torno a Getafe y otro agrupado sobre Alcorcón y Móstoles); uno más en el sureste (Arganda del Rey y los pueblos próximos), y uno último que tendría a Alcalá de Henares como eje. Tanto PSOE como IU ya han avanzado que se oponen a esta división electoral. Los socialistas la rechazan por dos motivos: no todos los votos de los madrileños tendrían el mismo peso (habría distritos con 250.000 habitantes y otros con 400.000 y, por tanto, eligirían a un diferente número de diputados) y el proyecto "no ha sido pactado" con la oposición. IU también se opone a la división porque con un 9% de los votos -al dispersarse su peso electoral entre las diversas circunscripciones- no obtendría un 9% de los diputados.